La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx

La Audiencia Nacional ha ordenado la demolición de once casetas varadero y la terraza del hostal Cas Mallorquí, en Portinatx, después de rechazar el recurso presentado por el Ayuntamiento de Sant Joan contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica que dictaminaba el derribo de las instalaciones.

El tribunal avala la actuación ministerial al considerar que las instalaciones ocupan dominio público marítimo-terrestre y dan prioridad un uso privativo frente al uso común del litoral, lo que, argumenta, justifica tanto la denegación de la concesión como la recuperación del dominio público. Al caso todavía le queda recorrido judicial, ya que Sant Joan presentará un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como han confirmado desde el Consistorio a Diario de Ibiza.

La cronología del caso se remonta a abril de 1969, cuando se otorgó una primera concesión administrativa para ocupar 260 metros cuadrados de dominio público en el Port de Portinatx con el fin de construir ocho casetas varadero y una terraza. Aquella concesión tenía una duración de 15 años, pero fue declarada caducada por orden ministerial en 1974.

Cuatro décadas después, en julio de 2003, el Ayuntamiento de Sant Joan presentó ante la Demarcación de Costas una nueva solicitud de concesión para regularizar el conjunto de casetas existentes, acompañada de un proyecto básico. El proyecto contemplaba la rehabilitación exterior de once casetas varadero tradicionales, cuya cubierta se utilizaba como terraza vinculada al mencionado establecimiento hotelero.

En febrero de 2004, la solicitud se sometió a información pública y recibió informes favorables tanto de la Capitanía Marítima como de la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear. Sin embargo, cinco años después, la Demarcación de Costas remitió el expediente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, al considerar que las instalaciones eran incompatibles con la normativa de costas, aunque sugería buscar un acuerdo entre administraciones debido a la proliferación de construcciones similares en Baleares.

Nuevas alegaciones y denegación definitiva

El procedimiento continuó durante años. En 2015, el Ayuntamiento de Sant Joan modificó su solicitud y pidió una concesión por 50 años, además de la tramitación de obras de urgencia para preservar las casetas. Tras nuevos trámites de audiencia y alegaciones, en 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica dictó finalmente la resolución que denegaba la concesión y ordenaba la demolición de las instalaciones.

Sant Joan recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional alegando, entre otros motivos, falta de motivación y defendiendo el valor patrimonial y etnológico de las casetas varadero como elemento tradicional del litoral ibicenco.

Ahora, la Audiencia Nacional rechaza estos argumentos y concluye que la resolución administrativa está debidamente motivada. En la sentencia, se afirma que la decisión "exterioriza las razones que sirven de justificación o fundamento a la concreta solución jurídica adoptada". Además, añade que, incluso en el supuesto de obtener protección, solo una declaración como conjunto histórico o bien de interés cultural permitiría hacer una excepción a la aplicación de la Ley de Costas.

La Audiencia Nacional también da especial relevancia a las pruebas gráficas incorporadas al expediente, que acreditan que las casetas se encuentran íntegramente en dominio público y que "interrumpen e impiden la servidumbre de tránsito" de seis metros prevista legalmente, al utilizarse algunas cubiertas como terrazas que no dejan libre el paso peatonal junto a "una pequeña cala arenosa de gran belleza".

Patrimonio histórico

En julio de 2024, el pleno municipal de Sant Joan aprobó la ampliación de su catálogo de patrimonio para blindar las casetas varadero y profundizar así en la protección del patrimonio cultural del municipio. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quería garantizar la conservación de estos elementos arquitectónicos ante posibles amenazas de deterioro o modificación no autorizada, así como frenar cualquier orden de demolición, precisamente lo que acaba de suceder.

"Las casetas de pescadores son parte de nuestra historia y nuestra identidad. Al protegerlas, no solo preservamos un legado cultural para las futuras generaciones, sino que también promovemos el respeto y el reconocimiento de nuestras tradiciones", señaló en aquel momento la alcaldesa, Tania Marí.

Sin embargo, la Audiencia Nacional contesta ahora con rotundidad que "una cosa es la intención de solicitar dicha protección patrimonial, que todavía no ha sido concedida, y otra muy distinta que las casetas cuenten con alguno de los elementos de protección que prevé la legislación de patrimonio histórico".

Fuentes municipales dan una lectura distinta de la situación y dan por hecho que las casetas varadero ya son "un bien protegido patrimonialmente" tras aquella medida tomada hace un año y medio, por lo que "no procede ahora el derribo de las mismas". "El Ayuntamiento seguirá luchando en las instancias que corresponda para defender los derechos de los ibicencos que cuidan y mantenienen sus casetas de pescadores desde hace décadas o incluso siglos", añaden.

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