Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea

Más de 300 propietarios de alojamientos turísticos de Ibiza y Formentera están afectados por el registro único que regula los alquileres de corta duración desde el 1 de julio del año pasado y que ahora cuestiona la Comisión Europea. Según notificó el Ejecutivo comunitario hace dos semanas, la obligación que impone el Real Decreto del Gobierno central de ventanilla única turística (1312/2024) de que los anfitriones se inscriban en el Registro de Propiedad y el de Bienes Inmuebles, cuando ya existe uno obligatorio, como el autonómico o insular (como es el caso de Ibiza), sería "contraria" al Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración.

Este requisito afecta a los propietarios -de alquiler turístico y de temporada- que alquilan por periodos inferiores a un año de tal manera que, aunque cuenten con el número de registro que concede el Consell de Ibiza, sus viviendas no se pueden anunciar en plataformas digitales si no tienen el número de registro único del Ministerio de Vivienda.

En el escrito que ha emitido la Comisión Europea no se cuestiona cómo se regula o controla el alojamiento de corta estancia en España, pero sí apunta como una contrariedad la duplicidad de registros que establece la norma nacional. Lo hace en el marco del procedimiento TRIS, que tiene la finalidad de evitar que los países de la Unión Europea aprueben leyes incompatibles con el derecho europeo. Por este motivo, insta a las autoridades españolas a solucionar la duplicidad antes del 20 de mayo de 2026.

El 90% están inscritos en el registro insular

"Se puede dar la paradoja de que tú tengas tu licencia turística, pero si no tienes el registro único no puedes publicar porque te obligan a retirar esos anuncios de las plataformas", explica el conseller del Departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan Colomar.

En este sentido, Juan recuerda que el pasado mes de octubre, advirtió a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, de que el Registro de la Propiedad había rechazado hasta la fecha 326 números de registro único en Ibiza. De estos, "prácticamente el 90%" correspondían a viviendas inscritas en el Registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

"Están teniendo problemas para registrarse porque el registro no sólo mira que tú cumplas la legislación turística... Puede ocurrir que el bien no esté inscrito en el Registro de la Propiedad, que no es una obligación aunque todo el mundo lo inscriba, y te obligan a inscribirlo pero mientras tanto te rechazan el número", indica Juan.

"Pueden pasar millones de cosas con el Registro de la Propiedad, pero son temas formales, no que no se tenga la licencia turística y, por lo tanto, no se pueda comercializar", critica el conseller ibicenco. Desde la aplicación de la norma, las plataformas digitales han eliminado directamente las viviendas turísticas de corta duración que no contaban con el número de registro único aunque sí con el del Consell. Ninguna de estas, según aclara Juan, eran de alquiler turístico ilegal.

Nuevas vías de fraude de alquiler de viviendas turísticas

El conseller indica que, hasta el momento, el registro único no solo ha convertido "lo legal en ilegal" al pedir requisitos adicionales para la publicidad y comercialización de viviendas turísticas, sino que también ha generado una nueva "vía de fraude". Esto se debe a que "ahora se puede dar el caso de que la propiedad no tenga el número de licencia que proporciona el Consell pero sí el número nacional". Por lo tanto, según permite la norma, las plataformas digitales pueden haber publicado los anuncios de estas viviendas.

"Los alquileres de temporada, que son por meses y no entran en la Ley de Arrendamientos Urbanos, también tienen que tener un registro único, distinto del turístico, y esto abre la puerta al fraude porque como en el registro único no se pide una licencia para alquilar habitaciones o pisos por meses, estas viviendas acaban alquilándose turísticamente", denuncia Mariano Juan.

El director insular de intrusismo, Enrique Gómez Bastida, señala que desde el pasado 1 de julio "se están incrementando" este tipo de casos y, por lo tanto, Intrusismo ha trabajado con la plataforma mayoritaria de publicación de anuncios, Airbnb, para limitar aquellos alquileres que no cumplen la normativa insular: "Pedimos a Airbnb que, en el caso de los alquileres de temporada, que no se retiren, pero que se cierre el calendario y no se puedan alquilar por menos de un mes", explica Gómez Bastida.

"[Esta norma] obliga a las administraciones turísticas a ir tapando, porque es una cosa que está mal planteada, principalmente porque lo ha hecho Vivienda sin pensar en Turismo", añade Mariano Juan. "Sobre todo porque el espíritu del reglamento europeo no es sancionador ni para perseguir la oferta ilegal, sino para que las autoridades administrativas tengan datos en su propio territorio, es decir, nosotros, para que podamos tomar decisiones de si hay que poner restricciones o no", apunta Gómez Bastida.

El Consell ya calificó de "improvisación" y de "caos" el Real Decreto que entró en vigor el 2 de enero del año pasado y que se convirtió de obligado cumplimiento a partir del 1 de julio. En varias ocasiones, denunció que las medidas se tomaron "de manera unilateral" y que no garantizaban "abordar los problemas estructurales". A día de hoy, el Consell no tiene potestades legales para actuar en esta situación, por lo que el vicepresidente del Consell indica que "el Gobierno tiene la responsabilidad de enmendar este error". Por otro lado, se espera que esta cuestión se trate en la Conferencia Sectorial de Turismo, órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo, prevista para el próximo 10 de febrero.

Suscríbete para seguir leyendo