El abogado de la interventora del Consell de Ibiza, sobre el presidente en el caso 'La Vida Islados': "Le han destrozado la vida"

La defensa de la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur Díaz, ejercida por el abogado David Salvà Coll, ha presentado ya escrito de acusación en el Tribunal de Instancia, sección de Instrucción Plaza número 4 de Ibiza que, tras ordenarlo la Audiencia Provincial, ha reabierto el caso 'La Vida Islados', en el que se juzga al presidente del Consell de Ibiza, el popular Vicent Marí, por la contratación de la empresa Fuera de Escena para la elaboración de este vídeo publicitario durante la pandemia del coronavirus. Además de la lógica apertura de juicio oral, esta acusación particular solicita para el presidente un total seis años de prisión y casi 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una indemnización de 80.000 euros. El PSOE todavía no ha presentado su escrito, como la Fiscalía, que no obstante no recurrió el archivo de la causa dictada en primera instancia y que posteriormente retiró en parte la Audiencia.

A principios del pasado mes de enero, la Audiencia Provincial ordenó continuar con el caso del vídeo promocional para "esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato" y la acusación de acoso presentada por la interventora. Apenas dos semanas después, el juzgado ibicenco emitió otro auto en el que daba diez días a las partes personadas para que formulen acusación o pidan el sobreseimiento de las actuaciones.

Ahora, el abogado de Tur Díaz, como acusación particular, ha presentado escrito ad cautelam, esto es, por precaución, en el que mantiene las acusaciones contra Marí por los delitos de prevaricación (inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercer sufragio pasivo por 12 años), tráfico de influencias (dos años de prisión, multa de 500.000 euros e inhabilitación especial por siete años), coacciones (1,6 años más) y de lesiones psíquicas (otros 2,6 años).

Las lesiones psíquicas, "lo que más interesa" a la interventora

Este último es el que, según el letrado, más interesa a su defendida porque con el "mobbing laboral, le han destrozado la vida". En cuanto al matiz ad cautelam, se justifica "dado que a la presente fecha, a pesar de haberlo solicitado (...) no se ha facilitado copia íntegra del expediente judicial, no queriendo que, por cuestiones procesales o meramente formales", su defendida "no vea debidamente defendido sus intereses". Por ello, reclama al juzgado que, "cuando se facilite copia del expediente, se confiera a esta acusación particular un plazo de diez días para complementar al presente escrito en cuanto fuere necesario".

Según añade en el escrito de acusación de la defensa de Marian Tur, de casi 50 páginas y al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, Marí Torres la sometió a "un hostigamiento continuado en el ámbito laboral, provocándole ansiedad y estrés laboral graves, trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, episodios de pánico y síntomas físicos derivados (psoriasis, alopecia, taquicardias), necesidad de tratamiento médico y psicológico prolongado e incluso el traslado temporal a otro municipio para huir del acoso del presidente". Subraya al respecto que las acciones de Marí Torres "no se limitaron a irregularidades administrativas", sino que "generaron un daño psicológico continuado".

El informe jurídico, añade la defensa de la interventora, sostiene que estos actos constituyen lesiones psicológicas en concurso ideal con coacciones, ya que Tur Díaz "fue sometida a presión indebida en el ejercicio de sus funciones, limitando su libertad de actuación y provocando un deterioro significativo de su salud mental".

La acusación considera que el hostigamiento hacia Tur Díaz se remonta a 2008, "durante la etapa de Marí Torres como alcalde de Santa Eulalia", donde, según apuntan, "habría retrasado su nombramiento como interventora y ejercido presión sobre ella de forma continuada".

En cuanto al relato de los hechos del caso, detallan que el 20 de mayo de 2020, el Consell de Ibiza, a través del decreto de Presidencia, "aprobó un gasto de 450.000 euros en servicios de publicidad y comunicación", que incluía 220.000 euros para prensa; 80.000 para emisoras de radio local; 100.000 para una televisión local y "otras acciones" por valor de 50.000 euros (...) entre ellas campaña Fuera de Escena Ibiza por 15.000". Los trabajos "se iniciaron pero no se finalizaron, mutando en la campaña de promoción audiovisual por importe de 250.000 euros".

El 5 de junio del mismo año se dictó un decreto que declaró la "tramitación de emergencia" para la campaña 'La Vida Islados', "con un presupuesto total de 745.000 euros, de los cuales 250.000 se destinan a la campaña audiovisual principal". La adjudicación "se habría realizado a la empresa Fuera de Escena S.L., vinculada políticamente con Marí Torres, sin cumplir los requisitos de solvencia técnica ni económica".

Apenas un mes después, el 2 de septiembre de 2020, el auto señala que se incluyó un informe de Armando Tur, responsable de comunicación de la institución, "que muestra irregularidades en la comparación de presupuestos, limitándose a un solo presupuesto de referencia, pese a que otros contratos similares incluían varias ofertas".

Una semana después, relata la defensa de la interventora que Vicent Marí Torres "levanta reparos de la intervención" en el pleno de la institución en un acto que la acusación califica de "furibundo ataque" contra su defendida.

Además, citan que el 25 de septiembre de 2020 se celebró otra sesión plenaria en el Consell en el que el presidente "critica públicamente a Tur Díaz por cuestionar la emergencia del decreto, generando un grave daño psicológico" a su defendida.

Finalmente, recuerdan que entre octubre y noviembre de ese año, "la funcionaria solicita comisión de servicios en Ripollet (Barcelona) para alejarse del presidente y recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico por ansiedad, depresión y síndrome de estrés laboral".

La acusación sostiene que "el hostigamiento hacia Tur Díaz se remonta a 2008", durante la etapa de Marí Torres como alcalde de Santa Eulària, donde "habría retrasado su nombramiento como interventora y ejercido presión sobre ella de forma continuada".

Como dato anecdótico, se explica que el abogado Pedro Horrach "ha vuelto a la Fiscalía", por lo que "se interesa que se tenga por designado como abogado" de Marian Tur al citado Salvà Coll.

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