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Pleno de Vila

Ibiza reclama al Govern una revisión “al alza de la financiación del transporte público”

El PP respalda una moción del PSOE en la que se alega que el actual modelo “no es equitativo ni justo ni contempla las necesidades de esta isla”

Turistas subiendo a un autobús en el aeropuerto de Ibiza.

Turistas subiendo a un autobús en el aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

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José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

El pleno del Consistorio de Ibiza ha aprobado la mañana de este jueves una moción presentada por el PSOE en la que se reclama al Govern que revise “al alza” la actual financiación del transporte público, dado que el sistema vigente “no es equitativo ni justo ni contempla las necesidades de esta isla”. La moción se ha aprobado gracias a los votos a favor del PP, que, por boca del edil Rubén Sousa, responsable del área de Movilidad (entre otras muchas), también “coincide” en que existe “una infrafinanciación”.

La propuesta socialista, que exige “una financiación equitativa en materia de transporte público”, la defendió la edil Clara Roselló, que recordó que el actual sistema “no es homogéneo y genera desigualdades entre islas”, un “desequilibrio competencial y financiero” que, a su juicio es “imprescindible corregir”.

Un mecanismo "transparente"

La actual situación “provoca que el Consell no disponga de una financiación suficiente, estable y ajustada a la realidad para garantizar un transporte público eficiente, moderno y adaptado a las necesidades de residentes y trabajadores, especialmente durante los meses de alta presión demográfica”, se subraya en la moción: “Sin un sistema de financiación justo -añade-, Ibiza se ve limitada para desarrollar actuaciones imprescindibles, como por ejemplo reforzar las líneas, ampliar horarios, mejorar la flota, modernizar infraestructuras, impulsar la movilidad activa o combatir el transporte ilegal”.

“Sin un sistema de financiación justa -añade-, Ibiza se ve limitada para desarrollar actuaciones imprescindibles"

Ahora, el Ayuntamiento instará al Consell a que, en el marco de la Comisión de Consells y con el consenso de los cuatro consells insulares de Balears, “se establezca un mecanismo transparente, estable y objetivo para calcular los costes reales de las competencias en transporte público”. Este mecanismo se tendría que aplicar “por igual tanto en las competencias ejercidas directamente por el Consell de Mallorca como en las transferencias destinadas a los consells de Ibiza, Menorca y Formentera”, siempre basándose en criterios “homogéneos, verificables y adaptados a la realidad de cada isla”.

Y basándose en ese mecanismo de cálculo establecido, el Consell deberá reclamar al Govern la revisión al alza de la financiación del transporte público, de manera que se garantice que se aporta el dinero suficiente para cubrir “los costes reales del servicio, incluida la gratuidad, teniendo en cuenta la insularidad, la estacionalidad, la presión turística y las necesidades específicas de movilidad de la isla”.

“Ahora trabajen para que el presidente del Consell, Vicent Marí, reclame lo que corresponde”, ha indicado Roselló a Sousa tras conocer el voto favorable de los populares. Sousa aprovechó para cargar contra el Gobierno central por infrafinanciar a Balears en transporte, si bien la socialista le recordó de dónde proceden los fondos de parte de la gratuidad de los autobuses y cómo se incrementó esta partida el pasado año.

Rechazo a la gratuidad del transporte para migrantes sin NIE o DNI

Menos suerte ha tenido el PSOE con la moción en la que reclamaba que el Consell volviera a permitir utilizar gratuitamente el transporte público a quienes carecen de DNI o NIE. Esta vez no ha contado con el apoyo, imprescindible, del PP a una propuesta en la que se instaba al Ejecutivo insular a permitir que “todos los empadronados en Ibiza puedan acceder a los abonos de transporte público en igualdad de condiciones”. También se pedía en esa moción a la institución insular que si considera que existen usos indebidos (al parecer por parte de algunos turistas) del abono gratuito, adapte sus medidas de control “sin perjudicar a quién sí reside de forma efectiva en la isla”.

Recuerdan los socialistas que son numerosos los migrantes que carecen de documentación y que, por tanto, no pueden disfrutar de la gratuidad del transporte público: “Eso encarece de manera significativa sus desplazamientos habituales, afectando el acceso al trabajo, en la educación y a servicios básicos”, señalan desde el PSOE. Muchos de ellos se quedarán sin el abono de transporte en cuanto entre en marcha la nueva contrata y se renueven las tarjetas: “El impacto vital y económico para centenares de familias será significativo”, avisan. Se trata, en muchos casos, de personas que viven en exclusión social y para las que esta gratuidad suponía un alivio económico: “Se estigmatiza a los migrantes, al vincularlos de manera implícita con la irregularidad y el fraude”.

“Se estigmatiza a los migrantes, al vincularlos de manera implícita con la irregularidad y el fraude”

Permitir que accedan al abono con sólo el empadronamiento “es un acto de justicia social”, ha dicho la socialista Carmen Boned, que así ha reproducido literalmente el parecer del obispo de Ibiza, Vicent Ribas, publicado este jueves en Diario de Ibiza.

"Con los papeles para todos ya está arreglado"

Para el popular Rubén Sousa, esta moción llega tarde: “Con el papeles para todos de Pedro Sánchez esto ya está arreglado”, en referencia a la regularización exprés de migrantes aprobada esta semana por el Consejo de Ministros. “Me extraña -añadió Sousa- que diga que gente sin papeles tiene que ir en autobús al trabajo, cuando eso [trabajar en su caso] es un delito [por carecer de documentación]”. La realidad es que miles de migrantes trabajan en Ibiza en negro, sin contratos, en la economía sumergida, tal como se indica en el informe Foessa de exclusión social. Hay alrededor de 3.000 paraguayos y de 1.500 ecuatorianos en esa situación. Algunas estimaciones hablan de que al menos 5.000 migrantes podrían acceder a la regularización en esta isla.

Sousa está convencido de que habrá “efecto llamada” y pide: “Más medios para hacer frente a lo que nos espera”. Cree que habrá llegadas masivas de pateras, si bien la regulación es para quienes acrediten llevar más de cinco meses en España antes del 31 de diciembre pasado.

Para Vox, la propuesta del PSOE responde a un “planteamiento ideológico y emocional”.

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