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Pleno de Ibiza

¿Habrá charlas sobre desratización, crochet o gotelé en el Casal d’Igualtat de Ibiza?

Aprobado el reglamento que regula el uso del Casal d’Igualtat, al que se opone el PSOE: "La defensa de la igualdad del PP es sólo fachada"

Una actividad celebrada en el Casal d'Igualtat.

Una actividad celebrada en el Casal d'Igualtat. / Vicent Mari

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

El pleno de Ibiza ha aprobado definitivamente el reglamento que regula el funcionamiento y uso del Casal d’Igualtat, al que se ha opuesto el PSOE por entender que el uso para el que fue concebido ese espacio “podría verse corrompido” ahora, en palabras de la edil Clara Roselló: “Queremos proteger la esencia del Casal y que las actividades que haya en él tengan que ver con el fin con el que se creó”.

Roselló critica que se amplíe allí el abanico de actividades bajo al excusa de que “faltan de espacios”, e incluso ironizó sobre si allí se celebrarán actividades sobre "agentes inmobiliarios, sobre desratización, un taller de crochet" o sobre "cómo aplicar el gotelé". “No busquen excusas, lo que no tienen es intención ni voluntad ni creen en la igualdad y quieren hacer de ese Casal su cortijo. Can Tomeu sí contempla un uso exclusivo para jóvenes. ¿Por qué no el Casal d’Igualtat? Su defensa de la igualdad es sólo fachada”, asegura Roselló.

Según Sara Barbado, edil de Igualdad, el Casal se abre ahora “a toda la ciudadanía, hombres y mujeres”, “prioriza la igualdad efectiva frente a las exclusiones” y se amplía al “asociacionismo”. Además, recuerda que la técnica de Igualdad ha desestimado las alegaciones socialistas. La concejala popular califica de “visión sectaria” la crítica del PSOE, “que prioriza la política sobre la igualdad real”.

Recurso de la escuela católica

Se aprobó, además, la modificación de las bases para la subvención de adquisición de libros de texto y material didáctico para centros educativos tras un recurso presentado por la Associació Autonòmica d’Eduació i Gestió Escola Catòlica de Balears. La asociación alegaba que en el texto original se vulneraban derechos fundamentales de las familias y alumnos de centros docentes privados concertados.

El recurso se dirigía, ante todo, a la parte del texto donde se especifica que la subvenciones sólo van dirigidas a centros educativos públicos de la isla, cuando debería poner “centros educativos sostenidos con fondos públicos” adscritos a ese programa.

Así, con el cambio también podrán acceder a esa subvención los alumnos escolarizados en centros concertados.

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