La consellera de Bienestar Social de Ibiza, Carolina Escandell: «Creemos que es el momento de reforzar y ampliar las ayudas al tercer sector»

¿Cómo se le quedó el cuerpo al escuchar la semana pasada los resultados del estudio sobre exclusión y desarrollo social en la isla realizado por Foessa y sufragado por el Consell de Ibiza?

Evidentemente, buen cuerpo no se te queda, pero esos resultados tampoco han sido una sorpresa porque ya vislumbrábamos esta problemática hace tiempo. Este informe surge de una reivindicación histórica de la Mesa contra la Exclusión Social. Después del covid, todos estábamos de acuerdo en que la realidad social estaba cambiando, estábamos viendo indicadores que no nos gustaban y nos propusimos conseguir información y datos fidedignos para poder dirigir los esfuerzos en la dirección adecuada. Sabemos que la Fundación Foessa es muy rigurosa y emplea una metodología muy afinada y decidimos recoger el guante y hacernos cargo de los costes que implicaba elaborar este informe. Lo hemos sufragado, pero quiero dejar claro que en ningún momento, como Administración, hemos intervenido. La independencia ha sido total y absoluta, porque lo que queremos son datos reales y no dirigidos.

Con los datos ya en la mano, ¿cuál es el siguiente paso?

Somos defensores del trabajo en red y creemos que los datos se tienen que analizar entre todos porque se necesita una visión de conjunto. Una vez presentado el informe, el siguiente paso por parte de Servicios Sociales es pedir una Mesa contra la Exclusión Social para ponernos a trabajar. Quien tiene la capacidad de convocarla es Cáritas, pero todos nosotros como miembros tenemos la facultad de solicitarla. Nosotros ya lo hemos hecho formalmente y nos consta que Cáritas está buscando cuadrar fechas. Es este organismo estamos todos los agentes vinculados a lo que es la atención social, lo que pasa es que se tendrán que tomar muchas otras medidas porque esto concierne a toda la sociedad ibicenca, incluidos los sectores económicos. Hace falta una reflexión entre todos sobre las medidas a adoptar partiendo de esa base sólida que nos proporciona el informe. Sobre todo, hay que pensar en cosas novedosas porque hay una máxima muy popular que dice que si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados.

A la vista de las cifras que arroja el informe, ¿el Consell se ha replanteado alguna prioridad o cambiar alguna de sus políticas?

Hay algunas cosas que sí que vamos a empezar a redirigir. En especial, creemos que es el momento de reforzar y ampliar las ayudas al tercer sector, es especial las que tienen una vinculación directa con la exclusión social. Nos tenemos que sentar a la mesa todas las partes implicadas para articularlo. También en la línea general de subvenciones hay una partida muy importante para exclusión social que queremos reforzar y reenfocar este 2026. Para eso tenemos que ir de la mano todos. Hay que escuchar, sobre todo, a los ayuntamientos, que son quienes hacen la atención primaria, y a las entidades del tercer sector, como Cáritas y Cruz Roja, que gestionan estos colectivos. Estas van a ser las primeras actuaciones por nuestra parte a raíz de la Mesa contra la Exclusión Social.

El informe de Foessa señala a la población migrante como uno de los colectivos más afectados por la exclusión social, ya que tiene más obstáculos para acceder a una vivienda, a los sistemas de protección social y al padrón municipal. Aunque al Consell no le competa, ¿se han puesto en contacto con los ayuntamientos para que traten de facilitar a estas personas la llave de todos los derechos, el empadronamiento?

Es una problemática que viene de mucho tiempo atrás y que se saca de forma recurrente en la Mesa contra la Exclusión Social. Es un asunto que hemos tratado y seguiremos abordando con los responsables políticos de los ayuntamientos, incluso hemos favorecido reuniones de técnicos de los departamentos donde se realiza este trámite administrativo. Sé que todos los consistorios están haciendo un gran esfuerzo para buscar vías alternativas y que hay muy buena voluntad y disposición en ese sentido. También hay que tener en cuenta que las administraciones son muy garantistas, y deben serlo porque estamos hablando de políticas y fondos públicos, pero eso hace que las normativas no sean todo lo flexibles que deberían para atender una realidad que avanza y cambia mucho más rápido que las propias regulaciones.

Hace unos meses hablaba del colapso en los servicios sociales por la llegada masiva de migrantes, especialmente de menores no acompañados...

No es solamente que el servicio esté colapsado sino que se desvirtúa porque lo urgente es atender a la infancia migrante que llega, pero eso supone también que se retrasen otros proyectos igualmente importantes. Justo antes de Navidad, hubo una semana en la que en tres días entraron quince menores. ¿Cómo abordas eso? Es muy difícil, porque además de a los niños que vienen del circuito tradicional hay que atender y acompañar a esos menores con una cultura, una realidad y unas condiciones muy diferentes, que requieren de un tratamiento muy específico. Siempre hemos considerado que esto no es circuito de protección porque la Ley del Menor, cuando salió en 2008, no contemplaba esta casuística. Creemos que ahí entran muchos más factores sobre los que no podemos actuar. Entra una política exterior y una política migratoria que es competencia estatal. Lo he dicho otras veces, estamos poniendo tiritas sobre una herida infectada. Es un asunto que nos preocupa mucho porque solo podemos reaccionar y actuar sobre las consecuencias de estas rutas migratorias, pero no sabemos qué se está haciendo a nivel estatal, ni qué relación tiene el Estado de España con Argelia, que ahora mismo es el punto caliente de salida. Tampoco sabemos qué se está haciendo a nivel de mafias.

«Hay una falta enorme de personal cualificado para trabajar en servicios sociales»

Ha comentado en otras ocasiones que lo complicado no es tanto encontrar espacios sino personal para atender a estos menores.

Sí, porque no se encuentra tan rápido, sobre todo porque hay una falta estructural enorme de personal cualificado en servicios sociales no solo en Ibiza, en toda España.

¿Qué soluciones se están buscando entonces ante la saturación que se vive en el Servicio de Menores y esta falta de profesionales?

Hemos tenido que ser muy imaginativos y sacar adelante la colaboración público-privada que defendemos siempre. Por ejemplo, acabamos de concertar recientemente la ampliación de doce a 20 plazas del servicio de acogimiento residencial para niños de cero a once años en situación de guarda o tutela. Lo hemos hecho por concertación social y ha entrado una nueva entidad (Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial), además de la Congregació Terciàries Trinitàries Casa de Santa Eulària. También estamos a punto de adjudicar, en Sant Antoni, las primeras unidades verticales, un recurso con el que se busca replicar una vivienda familiar habitual. Sacamos a licitación en total cuatro lotes, uno por municipio, y no pararemos hasta adjudicarlos todos. También, como tenemos saturadísima lo que es la parte de primera acogida por la llegada de menores migrantes, estamos trabajando en un contrato, que tenemos ya muy avanzado, que permitirá que parte de la gestión la lleve una entidad especializada con mucha experiencia en este ámbito. Así descongestionamos de trabajo a nuestro equipo y damos la atención específica que se merece a cada colectivo.

En octubre hablábamos en Diario de Ibiza de la falta en Formentera de familias de acogida para menores en situación de desprotección. ¿Cuál es la situación en Ibiza?

Actualmente, contamos con alrededor de 35 familias de acogida y estamos preparando los pliegos para hacer una campaña muy potente de acogimiento familiar. Independiente de esa iniciativa, cualquier persona que se esté planteando esa posibilidad puede pedir cita a través del Consell con nuestro departamento de acogimiento familiar y adopciones.

Cambiando de tema, ¿en qué nuevo proyectos se está trabajando con la Oficina de la Dona?

Trabajamos en un programa de ocio terapéutico para mamás víctimas de violencia de género y para sus niños porque nos hemos dado cuenta de que en muchos casos no saben lo que es ir a un cine o a un partido de fútbol. Aparte, queremos avanzar también en algún recurso intermedio. El otro día firmamos el convenio con el Institut Balear de la Dona del primer ‘piso puente’. Está destinado a mujeres víctimas de la violencia machista con especial situación de vulnerabilidad que ya han recibido asistencia jurídica y pasado por todo el circuito de tratamiento terapéutico. Muchas no tienen ni soporte familiar ni social para poder incorporarse a la vida normal y les resulta complicado encontrar trabajo y alojamiento y nosotros queremos facilitarles ese tránsito con este recurso. También estamos trabajando ya de cara al segundo semestre en un proyecto con entidades del tercer sector para que presten acompañamiento a estas mujeres en este proceso.

Se ha hablado, por otro lado, de la creación de un servicio de 24 horas de atención a víctimas de agresiones sexuales. ¿En qué fase se encuentra este proyecto?

La licitación de este servicio, que gestionará una entidad del tercer sector, está muy avanzada. Estamos terminando los trámites legales y administrativos. Esperemos que sea una realidad lo antes posible. De todas formas, a través de la Oficina de la Dona ya estamos atendiendo a víctimas de agresiones sexuales, pero ahora lo que queremos es crear un recurso especializado.

Hablando de víctimas de abusos sexuales, en este caso menores. ¿Cuándo será una realidad la implantación en Ibiza, en colaboración con Save the Children, del modelo Barnahus?

Es uno de los proyectos más complicados a los que se puede enfrentar una Administración porque abarca muchísimas competencias cruzadas. La idea es crear un espacio amable en el que a un niño o una niña víctima de abusos y agresiones sexuales se le trate de manera integral, para así evitar que tenga que peregrinar por comisarías, juzgados y hospitales y repetir su testimonio múltiples veces porque con cada entrevista que se le hace y con cada trámite se le revictimiza. En este tema estamos muy avanzados porque ya hicimos lo que es el diagnóstico y en breve empezarán las reuniones de los grupos focales para el diseño específico de los que es el servicio. Estamos muy contentos porque también el Govern se ha adherido a la iniciativa, lo que nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de llegar a acuerdos con los protocolos. En esto participa todo el mundo: sanidad, Justicia, Fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ayuntamientos, Protección de menores, Govern balear y algunas entidades del tercer sector. Una vez tengamos el servicio diseñado lo licitaremos. Aspiramos a tenerlo en funcionamiento antes de que acabe la legislatura. Para mí es un proyecto muy personal, en el que me he implicado de lleno desde el primer momento.

¿Cómo marchan las obras del centro de baja exigencia de es Gorg?

Lo está haciendo Vila, por lo tanto, es el Ayuntamiento quien puede informar. Por lo que tengo entendido, las obras marchan a un ritmo adecuado y nosotros estamos trabajando con las administraciones municipales para el diseño del servicio.

Para acabar, me gustaría hablar de residencias. El Govern y el Consell de Ibiza firmaron un protocolo el pasado diciembre para iniciar la transferencia de la gestión de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra al Consell Insular. ¿Qué pasos faltan ahora para que el Consell recupere la competencia plena sobre estos centros?

Primero de todo estamos contentos porque por fin se ha entendido lo que reivindicábamos desde el Consell de Ibiza. En la última oferta que nos hicieron en la anterior legislatura dijimos que la transferencia estaba mal dotada y se ha demostrado que era así porque ha habido sucesivas negociaciones con los trabajadores porque el tema salarial no estaba como tocaba. Nosotros lo veíamos venir. Y segundo, se ha reconocido que aquí hace falta una estructura administrativa potente y adecuada para gestionar las residencias. Ahora va a haber un tiempo de cogestión entre el Govern y el Consell en el que poco a poco se irá incorporando a la estructura todo el personal necesario y se le irá formando. El traspaso efectivo no se materializará hasta que haya una seguridad de que la estructura hecha en Ibiza va a funcionar de manera óptima para asegurar la calidad del servicio a los usuarios.

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