Esquerra Unida-Podem de Ibiza sobre ‘La Vida Islados’ : "Fue éticamente inaceptable”

Esquerra Unida–Podem en el Consell de Ibiza ha lamentado que el presidente insular, Vicent Marí, continúe manteniendo que el caso de la campaña de promoción turística 'La Vida Islados' “no tiene ninguna base y responde únicamente a una persecución política o a un supuesto montaje”, pese a los avances en el procedimiento penal relacionado con su adjudicación a la empresa Fuera de Escena S. L.

La coalición subraya que la Audiencia Provincial ha considerado que “existen indicios objetivos suficientes para impedir el archivo de la causa y para que los hechos continúen siendo investigados”. En este sentido, insiste: “No estamos, por lo tanto, ante una denuncia vacía ni ante una persecución política, sino ante unos hechos que la justicia considera bastante relevantes para continuar el procedimiento”.

En un comunicado, Esquerra Unida–Podem reitera, además, la posición que ha defendido “desde el inicio del caso” y recalca que, “con independencia del resultado judicial”, la contratación de la campaña 'La Vida Islados' fue “éticamente inaceptable”.

La formación detalla que la adjudicación presenta múltiples elementos cuestionables, como “el uso de un procedimiento de emergencia concebido para otras finalidades para adjudicar una campaña de promoción turística, de utilidad altamente cuestionable”, así como “la omisión de trámites esenciales”. A ello añade “el hecho de favorecer a una empresa vinculada a una exregidora del Partido Popular de Santa Eulària que no acreditaba la solvencia técnica necesaria para ejecutar la campaña por sí misma”, lo que, a su juicio, “hace todavía más evidente la grave crítica política y ética que merece esta adjudicación”.

"Confundir a la ciudadanía"

La coalición también aclara que, aunque el uso del procedimiento de emergencia haya quedado fuera del futuro juicio oral, “la Audiencia Provincial no ha avalado en ningún caso la aplicación”, sino que ha indicado que “su legalidad o no se tendría que determinar en el ámbito del procedimiento contencioso–administrativo”. Por ello, reclama que “el equipo de gobierno deje de confundir a la ciudadanía en relación con este punto”, ya que “el hecho de que no se considere prevaricación no implica necesariamente que el procedimiento fuera correcto ni que la Audiencia Provincial lo avale”.

Por último, Esquerra Unida–Podemos expresa su “preocupación” por la denuncia presentada por la interventora del Consell por “presuntas coacciones”. Sin entrar a valorar su contenido, la coalición considera necesario dejar claro que “el papel de la interventora como responsable del control y la fiscalización de los recursos públicos no puede ser atacado ni ponerse en cuestión”. En este sentido, subraya que “su ejercicio profesional es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta gestión de las contrataciones públicas y tiene que ser respetado en todo momento” y advierte de que “cualquier intento de erosionar estos mecanismos de control constituye un ataque directo a la legalidad y a la transparencia de la institución”.

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