Las patronales de Ibiza urgen a crear vivienda pública para frenar la exclusión social

Arquitectos, empresarios y hoteleros coinciden en que el informe sobre exclusión social en Ibiza ha puesto cifras a una situación que es una verdad a gritos: los niveles de precariedad habitacional que se sufren en la isla. El informe —elaborado por la Fundación Foessa y presentado el jueves pasado— cifra en un 20% la población que vive en exclusión social y apunta a la vivienda como "el factor que más exclusión está generando". Además, señala que en la isla afecta a un porcentaje mayor de población (un 10%) que en las Baleares (9%) o en España (6%).

En este caso, el informe plantea "un cambio profundo de modelo social" para alcanzar diferentes objetivos que contribuyan a revertir esta realidad. Cuestión en la que las patronales consultadas por Diario de Ibiza discrepan apuntando que el modelo lo que debe hacer es equilibrarse atendiendo a la cantidad de residentes, trabajadores y recursos que hay en la isla.

Coinciden, eso sí, en la urgencia de que se amplíe la oferta de vivienda social y asequible, uno de los objetivos que marca el estudio. "El tema relevante es la profundidad que está alcanzando el tema de la vivienda y, a partir de ahí, hay dos soluciones: o haces más vivienda o reduces el número de personas, y entre ambas cosas encuentras el equilibrio, lo cual no es nada fácil", indica Manuel Sendino, gestor de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif).

VPO promovida por entes privados

En el caso de la creación de más vivienda, a día de hoy en Ibiza hay en marcha varios proyectos de construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Entre otros, se encuentran las 60 en la avenida de Isidor Macabich, las 94 en Puig d'en Valls o las tan esperadas 197 en Ca n'Escandell. Algunas de estas obras ya estan licitadas pero desde el Colegio de Arquitectos de las Baleares en Ibiza y Formentera (Coaib) advierten de que no llegan para cubrir la demanda existente: "Ahora mismo, los niveles de VPO que se están haciendo es como achicar con un vaso el agua de un barco que se va a pique", valora su presidente, Lluís Oliva.

Desde su punto de vista señala, como en otras ocasiones, la necesidad de "agilizar o incentivar la Vivienda de Protección Oficial promovida por entes privados a través de cooperativas o la fórmula que se le quiera dar". Oliva insiste en que se deben buscar incentivos para que construir ese tipo de domicilios resulte "atractivo para el promotor".

En este sentido, Consuelo Antúnez, vicepresidenta de la Federación de la Petita i Mitjana Empresa de las Pitiuses (Pimeef) y presidenta de la Asociación de Construcción de Ibiza, menciona la "falta de suelo disponible" para construir estas viviendas públicas: "No hay forma de construir vivienda que sea razonablemente asequible si el suelo es tan caro". Y apunta a los convenios público-privados para agilizar este tipo de construcciones, ya que la "vivienda de protección oficial que promueve y ejecuta la Administración lleva mucho tiempo, como todas las tramitaciones de las administraciones".

Incentivar el alquiler de viviendas que están vacías

Por otro lado, los profesionales consultados también coinciden en que otra posible solución vendría de que más propietarios de viviendas se animasen a alquilarlas. El informe indica que a pesar de la dramática situación habitacional de Ibiza, hay un elevado número de viviendas vacías o de uso esporádico, principalmente en verano. En Vila, una de cada diez están vacías y la cifra aumenta en los demás municipios.

En este caso, José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) sugiere desde hace tiempo la necesidad de un cambio en la normativa nacional de vivienda, que considera "muy contraproducente": "Lo que hace es cargar sobre las espaldas de los propietarios todo el problema de la vivienda, y esto hace que al final decidan no poner vivienda en el mercado del alquiler".

"A nivel social o cultural en España, el tema de la propiedad está muy arraigado y nunca piensas en alquilar, casi siempre piensas en comprar", aprecia al respecto Oliva.También lo contemplan así desde la Pimeef: "En muchas ocasiones, a quien tiene viviendas en propiedad le parece que hay bastante inseguridad jurídica y que a lo mejor le puede provocar más problemas que beneficios el alquilar la vivienda", afirma Antúnez. Por esta razón, reclaman una normativa que sea "clara y segura para todos".

Roselló es contundente cuando dice que el "primer punto clarísimo" para ofrecer soluciones a este problema es "derogar la Ley de vivienda nacional y cambiarla por una que incentive a los propietarios a alquilar". Además, insiste en que se requiere un cambio de "actitud" política y castiga reacciones como las de los partidos de la oposición a los incentivos fiscales que propuso Pedro Sánchez la semana pasada.

Inspecciones para frenar la economía sumergida

La realidad que pone sobre el papel el informe de Foessa también tiene en cuenta a la población que reside en condiciones indignas en asentamientos, cuya precariedad se acrecenta ante la dificultad de empadronarse y legalizar sus condiciones: "Hay un efecto llamada a Ibiza y luego la gente que llega choca con la realidad. Esto también tenemos que ver cómo se puede evitar, porque mucha gente viene equivocada y luego se ve obligada a trabajar en temas de economía sumergida, que tampoco es lo que queremos", describe Roselló.

Para atajar esa economía sumergida, los portavoces de las patronales entrevistados apuntan a la necesidad de que se lleven a cabo controles, dado que para los empresarios, "es una competencia desleal", pero también supone "la pérdida de derechos". Como ejemplo, a la vez que se requiere acción política, aplauden los avances que se logra con labores como la que lleva a cabo el departamento de Lucha contra el intrusismo del Consell de Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo