Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso

El alquiler ilegal de viviendas en Ibiza, en su modalidad de subarriendo no autorizado, ha sufrido un importante revés judicial a través de una sentencia publicada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Baleares.

El tribunal acaba de revocar la sentencia inicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Ibiza, que daba la razón a la inquilina, y la ha condenado a abandonar el inmueble tras acreditarse que se instalaron cerrojos en las habitaciones para alquilarlas a terceros sin permiso. Uno de los principales problemas de la vivienda en Ibiza.

El litigio comenzó cuando la propietaria interpuso una demanda de resolución de contrato tras detectar graves irregularidades en el inmueble, ubicado en Sant Antoni. Según el relato de los hechos que se incluye en la sentencia de la Audiencia Provincial, la propiedad descubrió diversas modificaciones no autorizadas durante una visita a la vivienda en agosto de 2022.

Cerraduras, agujeros y muebles desaparecidos

Esta lista incluía la Instalación de cerraduras y candados en las puertas de los dormitorios para facilitar el subarriendo por habitaciones, varios agujeros en la puerta principal y en el falso techo del salón, falta de mobiliario original y daños en el sofá causados por cera de velas.

Aunque la inquilina intentó desvincularse de estas acciones culpando exclusivamente a una antigua coarrendataria que ya había abandonado el piso, el tribunal ha rechazado este argumento. El punto clave del fallo judicial reside en la doctrina de la solidaridad tácita. El tribunal subraya que, aunque el contrato no lo especifique explícitamente, cuando existe una "comunidad de objetivos" entre los arrendatarios ambos son responsables de los incumplimientos.

La Audiencia reprocha a la demandada que no informara a la dueña sobre el subarriendo ilegal en cuanto tuvo conocimiento de ello, lo que invalida su intento de presentarse como ajena a las irregularidades. "Es claro que se realizaron obras inconsentidas tendentes a llevar a cabo subarrendamientos de habitaciones", sentencia el juez Miguel Álvaro Artola, que firma el fallo.

Con esta resolución, el contrato de arrendamiento firmado en septiembre de 2021 queda oficialmente rescindido. La sentencia obliga a la inquilina a desalojar la vivienda, bajo apercibimiento de desahucio forzoso si no lo hace voluntariamente. Además, la parte demandada deberá asumir el pago de las costas procesales correspondientes a la primera instancia del juicio. Contra esta sentencia aún cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Suscríbete para seguir leyendo