'Dumping social' y exclusión en Ibiza: UGT denuncia la falta de acción política
Pedro Campillo insta a los políticos a tomar medidas urgentes para equilibrar la industria turística y proteger a los residentes y los trabajadores

Una autocaravana en el asentamiento que hay en Can Misses en Ibiza, el pasado verano. / Marcelo Sastre

El informe sobre exclusión y desarrollo social en Ibiza elaborado por la Fundación Foessa ofrece datos demoledores sobre la situación en la que vive una parte importante de la población de la isla. Una realidad a la que ha puesto cifras y que confirma lo que los sindicatos denuncian desde hace años. "Se da un dumping social en el que, en la isla de los millonarios y de los ricos, donde hay yates de 30 metros atracados en el puerto, quien trabaja en la hostelería no puede pagar con su sueldo el alquiler de un piso", señala Pedro Campillo, secretario general de UGT en Ibiza.
Ante esta situación, el informe —presentado el jueves pasado— apunta que un 20% de la población de Ibiza vive en exclusión social: "La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido la capacidad para rescatarles de esta expulsión", afirmó el sociólogo y miembro de la Federación Foessa, Thomas Ubrich, uno de los responsables del informe, durante su presentación en la sede del Consell de Ibiza.
Campillo coincide en que el problema no se explica únicamente por la falta de vivienda y la carestía de los alquileres, sino también por un modelo económico que "lleva a una dualidad en la que la cesta de la compra es mucho más cara en Ibiza y Formentera que en Mallorca y la Península, donde la gente no puede ser autónoma y vivir en condiciones de dignidad".
¿Qué hacer al respecto? La respuesta es clara: "El turismo, que es nuestra primera industria y fuente de riqueza, hay que llevarlo al equilibrio". Reconoce que la solución "no es fácil" y que la situación actual es "fruto del abandono de muchos años", pero subraya que "ya no es tiempo de denuncia, sino de tomar medidas". En la Mesa de Diálogo Social creada por el Consell en 2022, patronales, sindicatos y partidos coinciden en el diagnóstico, aunque, Campillo advierte: "Lo que no vemos es que, quien tiene la responsabilidad de poner las medidas en marcha, las ponga".
Los problemas cotidianos que no se resuelven
"Quienes tienen la responsabilidad y pueden tomar medidas son los políticos y las instituciones. Ellos se lo pasan muy bien en los plenos discutiendo e insultándose, pero la realidad es que los problemas cotidianos de la gente no los resuelven", denuncia el portavoz sindical.
La crítica se extiende a todos los niveles: "Desde el Gobierno central hasta el último ayuntamiento". Campillo reclama que se actúe conociendo la fragilidad de Ibiza y Formentera: "Hay que tener en cuenta el medio ambiente, el agua, los servicios públicos, el hospital... Cabemos los que cabemos y cabemos para poder vivir con dignidad".
En este contexto, recuerda experiencias como las que relata el informe de Foessa: "No se trata de compartir un piso a los 50 años con cuatro personas más. Se trata de poder formar una familia o independizarte. Hacer que los jóvenes vuelvan a la isla, que los jubilados no tengan que exiliarse porque con sus pensiones no pueden vivir aquí". Advierte también sobre la proliferación de los asentamientos de infraviviendas por la isla y alerta de que se está "retrocediendo al tercer mundo" al permitir que "se quiebren los derechos humanos de todos y todas". Y además, denuncia: "Vamos normalizándolo a base de verlo".
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