Desamparados en el infierno inmobiliario de Ibiza

El ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’, elaborado por Fomento de estudios sociales y de sociología aplicada (Foessa), entidad ligada a Cáritas, pone la lupa, especialmente, en el drama de la vivienda en la isla, que considera extraordinario en comparación con el resto de Balears y de España. A su juicio, el panorama residencial ibicenco y «la falta de respuesta institucional», recalca, empujan a muchos a tomar decisiones al límite. Entre ellas, optar por «alternativas habitacionales inadecuadas que suponen un sobreesfuerzo» económico, o incluso «dejar atrás la isla y partir hacia la Península, hacia zonas menos tensionadas y, por tanto, con precios más asequibles, no solo de la vivienda (acceso y mantenimiento), sino también del coste de vida medio». Esto último lo hacen incluso «los residentes más antiguos», esos sobre los que el estudio se interroga si «siguen sintiéndose parte de su comunidad» al haber sido desplazados de ella en algo tan básico como la vivienda.

Porque, prosigue el informe, acceder a una casa y poder mantenerla «se ha convertido, para muchas personas, en un imposible que hace que estas tengan que recurrir a su red familiar o a conocidos para poder encontrar vivienda o alternativas, a menudo aceptando condiciones inadecuadas o inseguras». Sin la existencia de redes sociales de apoyo, recalca Foessa, «la dificultad para hallar y mantener vivienda se profundiza».

El estudio, elaborado durante el año 2024, es especialmente crítico con las condiciones de vida en la isla, que se ha convertido en una especie de salvaje Oeste inmobiliario, una isla sin ley donde ni las administraciones locales o baleares plantean soluciones contundentes y eficaces y prácticamente dejan el problema habitacional a la suerte del libre mercado: «La estructura económica de la isla facilita la expulsión de personas y familias que viven de alquiler en los meses de temporada alta por dar cobertura a la demanda turística», sentencia. Todo por el turismo, incluso aunque afecte a la cobertura de las plantillas y a los servicios prestados en ese sector.

Lo que la estadística no refleja

Para que el informe no fuera únicamente una sucesión de porcentajes y estadísticas, sus coordinadores, entre los que se encuentran Thomas Ubrich, miembro del comité técnico de la fundación Foessa, y Gustavo Gómez Bello, coordinador de Cáritas de Ibiza, han incluido en él los relatos de personas cuyas vidas se han visto lastradas por este drama. Son ciudadanos que, a pesar de tener techo, han visto «vulnerado su derecho a un hogar, a una vivienda adecuada», y que pese a que muchas de ellas tienen trabajo e ingresos, «el empleo ha dejado de ser un factor integrador que asegure el poder acceder a una vivienda». Sus vivencias son un ejemplo del «grado de intensidad» de este problema en la isla, que pese a ser tan grave, «ni las estadísticas ni los datos lo recogen». El trabajo de campo consistió en 29 entrevistas realizadas por los técnicos de Foessa, diez en el municipio de Ibiza, diez en Sant Antoni, cuatro en Sant Joan y cinco en Sant Josep, acompañados de trabajadoras de servicios sociales, Cáritas o Cruz Roja, según el municipio.

Son testimonios reales de personas que «disponen de un hogar, pero que dependen de ayudas sociales y familiares para hacerlo, atendiendo a los precios elevadísimos que se fijan sólo para acceder a una casa». Conviven en pisos «muy pequeños, a menudo sin garantizar el espacio íntimo de ninguno de los convivientes», siempre bajo la amenaza de un desahucio, «algunos silenciosos, por subidas del alquiler o de la hipoteca repentinas e imposibles de asumir». Residen en caravanas o furgonetas, y en ocasiones okupan ilegalmente «un inmueble vacío o un garaje como alternativa para cobijarse». Es el mundo real, la otra cara de la moneda de la Ibiza del lujo y el despilfarro.

Los entrevistadores se encontraron con personas que residían «en viviendas inseguras y/o económicamente inasequibles», de las que anotaron dos tipos de experiencias de vida diferenciadas: «La de familias que alquilan un piso entero, y la de familias que alquilan solo una habitación. En ambos casos son personas con ingresos, muchas veces decentes y que consiguen cubrir los gastos que supone la vivienda, aunque en la mayoría de las ocasiones estos absorben la mayor parte de su sueldo disponible».

Una habitación como piso

De esa experiencia, los autores extraen la conclusión de que alquilar sólo una habitación «genera inseguridad e inestabilidad». Aunque suelen tener ingresos estables «procedentes de la hostelería, la construcción o el sector servicios», son «insuficientes para poder permitirse el alquiler de un piso entero». Esa habitación suele «hacer la suerte de piso, y dentro de ella conviven varios miembros de la misma familia», explican. Lo habitual es que esté habitada por «una madre que comparte habitación con al menos un hijo, y que perciben un único sueldo». En esos casos, relatan desde Cáritas a los técnicos de Foessa, «los niños no tienen un espacio propio para estudiar o jugar, y eso les afecta».

Ese subarrendamiento de habitaciones sin contrato supone «una forma de exclusión residencial que perpetúa un ciclo de precariedad», pues al alquilarlas a subarrendadores y no al propietario, no pueden formalizar un contrato o empadronarse: «Esto limita el acceso a derechos básicos y a trámites administrativos. La situación es aún más grave para personas migrantes en situación irregular, ya que enfrentan mayor vulnerabilidad al carecer de seguridad jurídica y protección legal, lo que dificulta construir una vida digna y estable». La desprotección en esos casos no queda ahí: además, les impide defenderse «ante desalojos arbitrarios, aumentos injustificados del alquiler o abusos como la retención del depósito o la falta de mantenimiento de la vivienda».

"Los niños, niñas y adolescentes crecen en entornos hostiles que perjudican su desarrollo emocional y social»

Hay otro problema asociado al subarriendo: «La convivencia en estos espacios suele estar marcada por tensiones debido a normas estrictas sobre el uso de áreas comunes y horarios, lo que deteriora la calidad de vida y las relaciones personales. Estos conflictos afectan especialmente a las familias con hijos, ya que los niños, niñas y adolescentes crecen en entornos hostiles que perjudican su desarrollo emocional y social». Genera un contexto de «inseguridad constante, precariedad estructural y vulneración de derechos fundamentales para muchas personas en situación de vulnerabilidad». Están desamparados, dejados de la mano de Dios en el salvaje Oeste de Ibiza.

Entre los casos que se relatan en el informe está el de Silvina (nombre ficticio) y de su hija de 18 años: «Estoy en el paraíso porque por lo menos mi habitación tiene closet», cuenta esta colombiana de 48 años que llegó a la isla en mayo de 2023 alentada por familiares que le prometieron apoyo y oportunidades laborales en la hostelería: «Pero aquí se encontró con una realidad muy distinta. Sus familiares solo le ofrecieron una cama en el salón por 500 euros mensuales y no encontró trabajo formal debido a su situación administrativa irregular. Acabó realizando labores de limpieza en la economía sumergida, con largas jornadas y bajos sueldos».

Los invisibles

Su caso refleja «una de las principales formas de vulnerabilidad en la isla: aunque hay empleo en sectores como la hostelería y la limpieza, la falta de regularización impide el acceso a derechos laborales. Las personas sin papeles no tienen contrato, seguridad social ni seguro médico, lo que las hace invisibles ante el sistema y expuestas a abusos». Es el reverso tenebroso del paraíso que se vende en las ferias turísticas, la mano de obra clandestina y barata que mantiene y da brillo al lujo.

"Las personas sin papeles no tienen contrato, seguridad social ni seguro médico, lo que las hace invisibles ante el sistema y expuestas a abusos»

Silvina tiene un empleo precario y reside en una casa «donde no tiene acceso a las zonas comunes, donde impera la agresividad y la violencia, y donde es imposible formar un hogar». Paga 750 euros por una habitación subarrendada por las inquilinas originales. El informe profundiza en lo que supone este tipo de subarriendo: «Responde tanto a abusos como a estrategias de supervivencia en contextos precarios. Algunas personas subarriendan para lucrarse, mientras que otras lo hacen por necesidad, perpetuando así un ciclo de exclusión social».

El propietario del inmueble, el que ha alquilado originalmente el piso, suele desconocer la situación, «lo que impide el empadronamiento y deja a los subarrendados sin acceso a derechos básicos o recursos relacionados con la vivienda». Por ejemplo, el propietario ignora que si bien alquila esa casa por 1.200 euros, entre Silvina y otra subarrendada pagan 1.300 euros. Tampoco sabe el arrendador que han convertido el salón en una cuarta habitación, en cada una de las cuales viven dos personas: «Silvina y su hija en una, dos amigos en otra, una pareja en la tercera y otra mujer con su hijo en la cuarta». La convivencia es mala. Hay agresividad y Silvina teme que incluso lleguen a agredirla, «especialmente a su hija».

«No solo desgasta a nivel de salud mental, sino que convierte el espacio donde alguien vive, que debería ser un lugar seguro que proporcione tranquilidad y descanso, en un generador de tensiones y problemas»

La inseguridad constante y en diversos ámbitos que sufren Silvina y su hija «no solo desgasta a nivel de salud mental, sino que convierte el espacio donde alguien vive, que debería ser un lugar seguro que proporcione tranquilidad y descanso, en un generador de tensiones y problemas». Tampoco tienen una alimentación saludable debido a la «restricción del acceso a la cocina».

Otro ejemplo personal que aparece en el informe es el de Lucía, que llegó a la isla hace casi una década y que sigue sin tener una residencia legal en este país, lo que la aboca a trabajar en negro. Vive con su marido, sus dos hijos y la madre de ella. Ninguno ha regularizado su situación, razón por la que «trabajan en lo que va saliendo, siempre sin contrato al carecer de papeles, y sin Seguridad Social». De hecho, y salvo que los servicios sociales detecten su caso, no podrán desde ahora acceder al servicio gratuito de transporte público.

Prohibido niños

Paga 1.300 euros por el piso a una abogada ibicenca «famosa en la isla, que tiene varios edificios en propiedad». «Tiene -especifica el informe- muchos pisos en el mismo bloque y en otros edificios». Cuando Lucía y su familia entraron allí a vivir, la casa no tenía baño, ni cocina, ni suelo: «Han tenido que invertir mucho tiempo y dinero en reformar todo ellos mismos, desde los azulejos a la caldera. Cuando tienen necesidad de algo para la casa, no pueden pedir nada». Y aun así, la dueña les ha comunicado que subirá el alquiler al menos hasta 1.500 euros.

Lo peor es que la propietaria «les ha prohibido vivir con niños, porque eso le impediría desahuciarlos"

Lo peor es que la propietaria «les ha prohibido vivir con niños, porque eso le impediría desahuciarlos, lo cual atenta completamente sobre el derecho que tiene Lucía de desarrollar un proyecto de vida y reagrupar a su familia», alerta el informe de Foessa. Lucía tiene miedo a que la arrendadora descubra a sus niños, «ya que no tener papeles los hace vulnerables: no tienen contrato, por lo que no podrían defenderse en el caso de que la dueña quiera echarlos de la vivienda, así como tampoco disponen de medios para afrontar un proceso de desahucio de forma privada».

«O comes o pagas el alquiler»

Y luego están los que carecen de un techo convencional, los que viven en chabolas, tiendas de campaña, en sus propios coches o en antiguos gallineros: «Muchos trabajadores que mantienen la economía de la isla no tienen casa», alerta el informe. Incluso «profesores, policías o médicos viven en caravanas o en habitaciones por precios desorbitados». Entre ellos, Jorge, de 55 años, nacido en Formentera pero que ha vivido toda su vida en Ibiza y que tiene una discapacidad del 22%: «Con su pensión no puede permitirse un piso, por lo que reside en una furgoneta en un descampado de Sant Jordi». También está Aroa, tatuadora de Pamplona y de 27 años, que ni siquiera puede permitirse alquilar por 300 euros al mes una plaza en un descampado para plantar su autocaravana, por lo que cambia de ubicación a menudo.

O Luis, que vive desde hace siete años en una casa abandonada en Sant Antoni «en régimen de cesión». «Es lo que hay. O comes o pagas el alquiler», explica en el informe de Foessa. Servicios sociales le da apoyo alimentario y además ha puesto en marcha el proceso para que obtenga el NIE, que no había solicitado antes «por miedo hacia el sistema burocrático». Trabaja descargando camiones y con el dinero que gana reforma esa vivienda abandonada, por ejemplo instalando una placa solar para poder tener luz. No tiene agua corriente, por lo que la compra en bidones. Se asea en el baño de un camping cercano cuyo dueño le permite hacer uso de sus instalaciones. Para llegar hasta allí tiene que caminar campo a través más de diez minutos. Así es la vida real en el paraíso de Ibiza que se describe en el informe de Foessa.

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