Transporte
El Consell defiende que ha paralizado correctamente la entrada en servicio de nuevas VTC en Ibiza
La institución recuerda que la reciente sentencia del TSJB para reactivar la tramitación de licencias solo afecta, "de momento", a Mallorca
La patronal del taxi prepara, por si acaso, un frente judicial para evitar un posible desembarco masivo de VTC en la isla

Imagen de la sede del Consell de Ibiza. / C.N.

El Consell de Ibiza señala que todas las licencias de vehículo de transporte con conductor (VTC) que ha denegado en los últimos años están avaladas por estudios sobre la capacidad máxima para ofrecer este servicio en la isla y que no se van a ver afectadas por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). La resolución de este órgano judicial sí obliga, en cambio, a reactivar la tramitación de 600 solicitudes de licencia en Mallorca por parte de la empresa Moove Cars, un desbloqueo contra el que la patronal del taxi prepara un frente judicial para evitar un desembarco masivo de VTC también en Ibiza.
Tal y como puso de manifiesto la semana pasada el sector del taxi balear, tras reunirse con Marga Prohens y los responsables de Transporte en el Govern balear, en estos momentos existen cerca de 10.000 solicitudes de licencias de VTC en el conjunto del archipiélago. Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre el TSJB dictó una sentencia que ordenaba volver a tramitar 600 licencias para la isla de Mallorca, que fueron rechazadas por el anterior ejecutivo autonómico de Francina Armengol.
Alarma en el sector del taxi
Esta resolución no implica que deban aprobarse todas esas 600 peticiones, sino que obliga a que se siga su tramitación. No obstante, desde el sector del taxi se ha encendido la alarma ante la posibilidad de que la jurisprudencia provoque un efecto cascada y acabe beneficiando a las 10.000 solicitudes que quedaron paralizadas, 3.500 de ellas en Mallorca y hasta 6.500 en Ibiza.
Ante este nuevo escenario, el Consell Insular, a través de una portavoz, indica a Diario de Ibiza que esta sentencia judicial no les afecta. Cabe tener en cuenta que esta ordenación del transporte corresponde inicialmente al Govern balear, pero las competencias fueron traspasadas al Consell de Ibiza, no así al de Mallorca. De esta manera, es la administración autonómica la responsable a la hora de conceder licencias de VTC en territorio mallorquín, mientras que en la mayor de las Pitiüses es responsabilidad de la institución insular.

Los representantes del taxi en Balears se reunieron la semana pasada con la presidente del Govern, Marga Prohens. / DI
Las licencias que se denegaron en Ibiza también están pendientes de resolverse por la vía judicial, a raíz de los recursos presentados por empresas afectadas, pero el Consell defiende que saldrá bien parado de este litigio: «A diferencia del ente autonómico, en el caso de Ibiza existen una serie de estudios que justificaban la denegación de nuestras licencias y es por lo que estamos peleando en el juzgado. El Consell, por tanto, defiende que posee estudios que avalaban que, en el momento de denegar las licencias de VTC, se había alcanzado la capacidad máxima de la isla en cuanto a este servicio y, por tanto, la denegación fue correcta», recuerda una portavoz de la institución.
Un escenario adverso
Ante la posibilidad de que la resolución del TSJB desbloquee la tramitación de 10.000 licencias en el archipiélago, la Federación Independiente del Taxi de las Illes Balears (Fitib) prepara una ofensiva legal con sus asesores jurídicos. Esta patronal incluye a los propietarios de concesiones de taxi ibicencos que forman la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), que viven momentos de «nervios e incertidumbre», según su presidente, Toni Roig, ante el escenario adverso al que podrían verse abocados.
En estos momentos, el Govern balear ultima la redacción del reglamento que debe fijar cupos en el número conjunto de licencias de taxi y de VTC para cada isla y que, en Ibiza, se repartirán entre cada uno de estos sectores en función del reparto que estipule cada uno de los ayuntamientos.
Actualmente está en vigor una moratoria en la concesión de nuevas licencias que expira en febrero, por lo que el sector del taxi en Ibiza teme que pueda derivar en un desembarco masivo de VTC si su tramitación llega a desbloquearse. «Todos sabemos que es totalmente imposible que lleguen a entrar en servicio las 6.500 [licencias solicitadas en la isla], pero si fuera una cuarta o quinta parte ya sería una auténtica barbaridad y un grave problema económico para el sector», advierte Roig.
Para hacerse una idea, basta señalar que Ibiza cuenta con 433 licencias de taxi ordinarias, a las que cabe sumar, durante la temporada turística, más de 500 con carácter estacional. A este millar de vehículos hay que añadir los cuatro centenares de autorizaciones de VTC que operan en la isla.
«Cada taxi es una microempresa y, en total, en Ibiza dependen de este servicio 3.000 familias, muchas más en el conjunto de Balears. Si se acaba con el sistema actual, dudo que sea viable económicamente seguir con nuestra actividad y mantener el sustento de toda esta gente», subraya Roig.
"Fondos de inversión y grandes plataformas" detrás de las VTC
El presidente de la Fitie pone el acento en que su colectivo está integrado en la isla y repercute en la economía local. En cambio, detrás de las solicitudes de estos miles de VTC se encuentran «fondos de inversión y grandes plataformas, solamente con afán lucrativo y especulativo». «Quieren aprovechar la isla para irse después a otro lado cuando ya la hayan exprimido al máximo», sentencia.
Igualmente, Roig recuerda que las tarifas del taxi están reguladas por la administración, mientras que plataformas como Uber van modificando los precios a conveniencia en función de la demanda. Además, recuerda el historial de incumplimientos de la normativa que acumula esta multinacional en Ibiza.
«Captan clientes en la calle, han llegado a usar las paradas de taxi para ofrecer servicios, cuando lo tienen terminantemente prohibido. Si llegan a salir a la calle todas esas autorizaciones, ¿quién tendrá la capacidad de control para que cumplan con la normativa? Tiene que prevalecer el sentido común y ahora la pelota está en el tejado de la Administración», concluye.
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