Drama de la vivienda
Subarriendos: 16 veces más en Ibiza que en España
Una gran mayoría de hogares no cuenta con contrato para su vivienda, lo cual les conduce «a situaciones de incertidumbre, inseguridad y desprotección»

Antiguo poblado chabolista de Can Rova. / Toni Escobar
Para el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social de la isla de Ibiza’, un «dato reseñable de la realidad de Ibiza», además de «primordial», es que «el 11,5% de hogares reportan vivir subarrendando o alquilando una habitación en un piso compartido, frente al 2,4% en Balears y el 0,7% en España». El realquiler de habitaciones «es un fenómeno 16 veces superior en Ibiza que en España» y casi cinco veces mayor que en el conjunto de Balears.
Como consecuencia de esa práctica tan extendida, una gran mayoría asegura que no cuenta con contrato para su vivienda, lo cual les conduce «a situaciones de incertidumbre, inseguridad y desprotección» en esos hogares. Y a la exclusión social.
Estrés financiero
Además, «solo cuatro de cada diez familias con una vivienda alquilada logran mantenerse fuera de situaciones de estrés financiero». El estrés financiero es la carga económica que representa destinar un porcentaje significativo de los ingresos familiares al pago del alquiler. Puede ser moderado si se destina más del 30% de los ingresos a pagarlo, o extremo, si se destina más del 60%. Un 43,6% «están en situación de estrés moderado y, lo que es aún más preocupante, el 15,7% de los hogares en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero».
El 15,7% de los hogares en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero
El informe se hace eco, además, de que a pesar de la dramática situación habitacional, existe un elevado número de viviendas vacías o de uso esporádico, «un fenómeno notable en Ibiza capital, donde aproximadamente una de cada diez viviendas (el 10,2%) están vacías, pero exacerbado en los otros municipios de la isla: Sant Joan (35,5%), Santa Eulària (26,7%), Sant Josep (21,4%) y Sant Antoni (18,6%)», detalla.
Y de lo que queda del parque inmobiliario, «gran parte se destina al alquiler vacacional», lo cual «reduce drásticamente la oferta de viviendas permanentes para la población residente o trabajadora estacional». De nuevo se pone en evidencia en el informe que el alquiler turístico ilegal sigue existiendo, pese a que sus anuncios ya no pueblen Airbnb.
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