El Consell se personará en el proceso penal contra el acusado de cobrar por las citas de la ITV de Ibiza

El Consell de Ibiza avanzó ayer que se personará en el proceso penal abierto a raíz de una investigación y una denuncia de la Guardia Civil contra la persona que vendía, fraudulentamente, citas para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Por otra parte, la institución insular reforzará los medios para reducir la congestión actual en estas inspecciones y, a partir de un plazo de entre tres y cuatro meses, será obligatorio pagar por adelantado la tasa para reservar una cita para la revisión del vehículo.

En estos momentos, el nivel de atasco existente en la ITV provoca que se acumule una espera mínima de cuatro meses y diez días para obtener una cita. Cabe tener en cuenta que, en marzo de 2021, este plazo se había logrado reducir a tan solo diez días, pero desde entonces se ha incrementado de manera exponencial. Para acabar con estos retrasos, el Consell ha sacado a concurso la puesta en marcha de dos nuevas unidades móviles para inspeccionar los vehículos, además de que hace meses que intenta ampliar la plantilla de mecánicos del servicio.

Precisamente, la congestión que sufre tanto la estación de la ITV en Santa Gertrudis como las dos unidades móviles del Recinto Ferial ha acabado facilitando el timo de las citas. Tal y como detalló el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, en sesión plenaria, una persona que no está vinculada ni a la institución ni a la empresa concesionaria cobraba dinero fraudulentamente a usuarios en busca de turno, para lo que aprovechaba el alto nivel de absentismo que también sufre este servicio: hasta la mitad de los conductores de vehículos con cita no llegan a presentarse.

La Guardia Civil abrió una investigación contra estas irregularidades, en la que trascendió que esa persona y un cómplice generaron hasta 700 citas con matrículas falsas, que después vendían en la misma ITV, ya que es frecuente que se presenten varios conductores para ver si pueden pasar sus vehículos cuando alguien que tiene reserva no se presenta.

Tras la intervención de la Benemérita, una portavoz del Consell confirmó ayer que la institución insular se personará en un proceso penal que pueda derivarse de la investigación contra el pirata de la ITV para acusarlo por fraude y que responda ante la Justicia.

Nuevas unidades móviles

Además, el Consell pondrá en marcha otras medidas para acabar con los atascos que sufre la ITV. Por una parte, se empezará a cobrar por anticipado la tasa en el momento de reservar la cita, mientras que ahora el usuario abona esta cantidad el mismo día de la inspección. Esta medida, con la que se prevé erradicar el absentismo actual, que incrementa el efecto embudo, entrará en vigor en un periodo de entre tres y cuatro meses, según indicó ayer la portavoz de la institución.

Por otra parte, también se prevé conceder autorizaciones administrativas para que talleres privados puedan prestar inspecciones de ITV. Aunque no existe una fecha concreta, el reglamento que permitirá esta liberalización ya ha finalizado el periodo de exposición pública y, según indica el Consell, ahora se están estudiando las alegaciones presentadas para redactar el documento definitivo.

Sin embargo, la medida más eficaz a corto plazo para desatascar las actuales demoras debería llegar con la puesta en marcha de dos nuevas unidades móviles de ITV, que el Consell ha sacado a concurso público para su adjudicación a una concesionaria. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 19 de enero y, una vez que se resuelva el proceso de selección, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días para entrar en funcionamiento.

Según consta en el pliego de condiciones para esta licitación, la empresa concesionaria deberá cumplir con un mínimo de 23.808 inspecciones al año, que podrá ampliar hasta 29.760 si opta por ampliar sus servicios. Por cada una de estas revisiones cobrará una tasa de 40,64 euros.

El presupuesto base para poner en marcha este refuerzo para la ITV es de 1,46 millones de euros por un año, aunque el contrato se puede prorrogar hasta tres anualidades. Se trata del mismo modelo de funcionamiento que regula las dos unidades móviles instaladas en el Recinto Ferial en 2020 y que ahora tienen contrato en vigor hasta 2027.

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