El GEN-GOB pide la suspensión "total e indefinida" de nuevos usos residenciales y turísticos en el urbanismo de Sant Josep

El GEN-GOB reclama la suspensión "total y permanente del planeamiento urbanístico municipal" en lo relativo a nuevos usos residenciales y turísticos en Sant Josep, al considerar que el municipio se encuentra en una situación de "emergencia ambiental, hídrica y de infraestructuras que impide cualquier incremento de población sin comprometer gravemente el territorio".

En una nota de prensa, la entidad ecologista explica que fundamenta su petición en "el artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho a un medio ambiente saludable y el deber de conservarlo, así como en el reconocimiento por parte de la ONU, en 2022, del acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal". Asimismo, recuerda que el artículo 47 "obliga a los poderes públicos a evitar la especulación urbanística".

Según el GEN-GOB, el territorio de este municipio, con un importante bagaje de graves incumplimientos legales en cuestiones urbanísticas, lleva décadas sometido a la especulación urbanística, una dinámica que, aseguran, "ha sido permitida, tolerada y en muchos casos alentada por los responsables políticos desde el boom turístico", provocando "graves problemas ambientales, sociales y económicos" para la población residente.

Recursos hídricos agotados y presión urbanística descontrolada

El colectivo ecologista denuncia que la "grave y descontrolada presión urbanística y turística", junto con "el fomento activo de la especulación y la inexistencia de disciplina urbanística", ha desembocado en "el agotamiento de los recursos hídricos", la proliferación de "miles de viviendas vacías" y la imposibilidad de que la mayoría de la población residente pueda ejercer "el derecho a una vivienda digna, la diversificación económica o la soberanía alimentaria", al haberse convertido el suelo rústico en "urbanizable de facto".

El GEN-GOB considera que resulta "urgente y necesario actuar y revertir esta situación como única garantía de futuro", y critica que las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) aprobadas inicialmente por el Consell Insular, "eluden esta obligación".

Aunque reconocen que la suspensión del planeamiento vigente -calificado como "obsoleto y sin ninguna previsión ambiental"- es "un primer paso necesario", el GEN-GOB advierte de que su alcance es "claramente insuficiente" y que, además, se ve sustituido temporalmente por un nuevo planeamiento que "profundiza en la problemática existente".

Según la entidad, de desarrollarse las NPP, "un municipio sin agua y con graves problemas de conservación de la biodiversidad podría duplicar su número de habitantes", debido al incremento permitido en suelos urbanos, mientras que el suelo rústico queda fuera de la suspensión "pese a soportar una presión urbanística que desvirtúa su función agraria y su papel en la conservación ambiental".

Una contención "teórica" sin respaldo técnico

El GEN-GOB reconoce que el documento ambiental admite la "limitación estructural de los recursos hídricos del municipio y de la isla, especialmente la presión sobre los acuíferos", y que se alinea con el principio "teórico" de no incrementar de forma significativa la demanda de agua, vinculando el desarrollo urbanístico a la consolidación de suelo ya urbanizado y a la contención del crecimiento residencial.

Sin embargo, advierten de que todo ello "se queda en simple retórica, sin la solvencia técnica que debe tener un documento ambiental". En la práctica, denuncian que:

• "No se aporta una cuantificación detallada de la demanda hídrica futura asociada a las NPP".
• "No se presentan escenarios comparativos con la situación actual".
• "La suficiencia de recursos se justifica de forma cualitativa, sin balances hídricos reales ni referencias a la capacidad de suministro en episodios de sequía".
• "No se concreta cómo se garantizará el abastecimiento en picos de población estacional ni ante fallos en la producción de agua desalinizada".

Depuración insuficiente y reutilización sin compromisos

Además, la entidad ecologista también pone el foco en el "déficit constatado en la cantidad y calidad de las infraestructuras de depuración de aguas residuales" del municipio. Pese a que el documento en tramitación prevé "un incremento poblacional del 50 % respecto al existente, y eso solo contando suelos urbanos y urbanizables", el GEN-GOB denuncia que:

• "No se analiza la capacidad real de las EDAR, ni actual ni futura".
• "No se indica su porcentaje de ocupación".
• "No se evalúa su funcionamiento en picos de población estacional".
• "No se concretan inversiones, ampliaciones ni calendarios de ejecución".

Respecto a la reutilización de agua depurada, recuerdan que fue "exigida por el GEN-GOB para su incorporación al PTI en 2004", pero lamentan que vuelva a mencionarse únicamente como objetivo, "sin detallar redes de distribución de agua regenerada ni establecer compromisos de ejecución vinculantes".

En este sentido, advierten de que "las infraestructuras existentes no pueden asumir ni siquiera las necesidades actuales" y critican que "se permita nuevo desarrollo urbanístico sin adecuarlas previamente ni evaluar sus implicaciones ambientales".

Una "falacia" sobre el no incremento poblacional

Para el GEN-GOB, la afirmación de que no habrá incremento poblacional es "argumentativa, no real" y constituye "una falacia para justificar una contención urbanística inexistente". Según sostienen, esta premisa falsa desvincula el crecimiento urbanístico de la capacidad real de las infraestructuras —agua, saneamiento, equipamientos— e "invalida cualquier conclusión favorable de la evaluación ambiental".

La entidad recuerda que el propio documento reconoce un contexto marcado por "acuíferos sobreexplotados", "dependencia estructural de la desalación y de conexiones supramunicipales", "vulnerabilidad extrema a la sequía" y una "fuerte presión estacional que ya sitúa el sistema por encima de sus límites".

En este escenario, consideran que un aumento poblacional del 50% "no puede calificarse ni de no significativo, ni del mismo orden de magnitud, ni asumible con infraestructuras existentes", y lo definen como "impactos estructurales, no menores ni provisionales".

El suelo rústico, principal vacío del planeamiento

El GEN-GOB critica que las NPP "no afecten al suelo rústico de Sant Josep" porque mantiene intactas sus posibilidades edificatorias, una decisión que se presenta "implícitamente como neutra desde el punto de vista ambiental".

Para la entidad, esta omisión impide abordar "uno de los principales problemas del municipio: el uso urbanístico inapropiado del suelo rústico", agravado durante décadas por "la inexistente disciplina urbanística y el uso turístico de las edificaciones".

Alertan de que la presión urbanística difusa asociada a viviendas unifamiliares aisladas, usos residenciales no permanentes y actividades como piscinas, jardines, pozos y fosas sépticas, "constituye uno de los principales focos de consumo hídrico no controlado del municipio", una presión que "no disminuye, sino que se mantiene, se consolida y continúa incrementándose".

Asimismo, señalan que el incremento de población previsto en suelos urbanos y urbanizables tendrá "una afección inevitable sobre el suelo rústico y los espacios naturales", aunque no se reconozca formalmente, una cuestión que "no ha sido objeto de una evaluación ambiental adecuada".

Crecimiento urbanístico cero y decrecimiento turístico

Por todo ello, el GEN-GOB considera que, "por razones de interés público", la suspensión del planeamiento municipal debe ser "total y permanente en lo que respecta a usos urbanísticos residenciales y turísticos". En la situación actual, y "sin constatar la recuperación total de los acuíferos ni una gestión correcta de los espacios naturales", sostienen que "la única opción compatible con la sostenibilidad y el uso racional de los recursos es el crecimiento urbanístico cero".

La entidad recuerda además que el crecimiento poblacional real "es muy superior al de la población empadronada, debido al elevado número de viviendas vacías".

Finalmente, el GEN-GOB defiende la necesidad de "un nuevo planeamiento que ordene el resto de usos del suelo, con especial incidencia en la protección ambiental y el fomento de actividades vinculadas al uso sostenible del territorio", y considera "imprescindible establecer medidas de decrecimiento turístico", al tratarse de "un sector sobredimensionado, claramente por encima de la capacidad de acogida del territorio".

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