Vivienda en Ibiza: La Confederación de Policía pide un plus de insularidad más alto que en Canarias

El factor vivienda continúa siendo un lastre para el funcionamiento del sector privado y de los servicios públicos en Ibiza. También, por tanto, para que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) puedan arraigarse en la isla sin que el alquiler les coma más de la mitad del sueldo.

David Pola, secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), destaca que la solución principal pasa por actualizar adecuadamente el plus de insularidad, más que construir vivienda pública para funcionarios. «La solución es retribuir adecuadamente a los policías, a los empleados públicos, y que cada uno, dentro del mercado inmobiliario, busque la mejor solución posible. No termino de ver el beneficio de construir pisos para empleados públicos, sobre todo porque veo una dificultad en la gestión», señala al ser preguntado por la residencia logística que el Estado pretende construir en el solar propiedad del Ministerio del Interior anexo a la comisaría de la Policía Nacional en Vila. Un proyecto para el largo plazo del que, hasta ahora, ha habido muchos anuncios pero ningún avance real en su materialización. Se lleva hablando de ello desde hace alrededor de once años.

En febrero de 2023 caducó un protocolo entre el Ministerio, el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza que se ideó para hacer realidad este complejo residencial. En marzo de 2025, el alcalde Rafael Triguero envió un escrito a Interior para solicitar la cesión del terreno con el objetivo de agilizar la construcción de 166 pisos de vivienda pública o de precio limitado, destinados a «funcionarios del Estado, priorizando a los agentes» de las FCSE, dijo el primer edil en aquel momento. «No queremos prolongar más este asunto. Queremos una propuesta viable, real y sensata para dar una solución definitiva a esos colectivos de funcionarios del Estado», agregó.

El Gobierno tiene previsto llevar a cabo dicho proyecto cuando se aplique el Segundo Plan de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad. El delegado del Ejecutivo central, Alfonso Rodríguez, reconoció en mayo, dada la situación política nacional, que es muy difícil dar fechas sobre dicho proyecto. Y es que el Gobierno español continúa sin poder sacar adelante nuevos presupuestos del Estado debido a que carece de los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez ya lleva tres prórrogas de los presupuestos de 2023.

En todo caso, son muchos años «dándole vueltas para tener a la gente entretenida con un caramelo, pero es algo que no se va a llevar a cabo y, en caso de que sí se haga, a ver quién nos puede explicar quién va a gestionar eso, qué ocurre en caso de impago, etc. Es un tema que, profundizando un poco, genera diferentes controversias sobre su gestión», lamenta Pola, que reivindica que la Administración debe ser muy transparente en la gestión de proyectos como este.

«No es una solución»

Así, concluye que esta residencia «no sería una solución»: «Lo observaremos con la determinación adecuada, pero creo que es el cuento de nunca acabar. Veremos cómo termina todo, pero se firman protocolos, convenios... que luego caducan y se tienen que renovar. Reuniones, más convenios, más protocolos... y no se hace nunca nada. Yo, desde luego, en eso no confiaría».

La directora insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, dijo a este diario en mayo de 2024 que la Administración, por una cuestión de «eficiencia», debía centrarse en dicha residencia logística en Vila antes que en otros proyectos como los de los cuarteles para la Guardia Civil pendientes en Sant Josep y Santa Gertrudis, o la ampliación del que hay en Sant Francesc, Formentera.

«Lo que se ha acordado ahora es que, en vez de trabajar en tres o cuatro proyectos a la vez, unifiquemos en uno, que es esta residencia logística. En ningún caso excluye que en un futuro se puedan llevar a cabo los otros proyectos. Es por una cuestión de eficiencia, por toda la tramitación administrativa que conlleva un proyecto así», indicó Guasch en aquel entonces.

En septiembre de 2025, expresó, en otra entrevista para este diario, que «la voluntad política existe y en 2026 veremos algo en este sentido».

Equiparación con Canarias, insuficiente

Por otra parte, Pola hace hincapié, sobre el anuncio del Gobierno de actualizar al alza el plus de insularidad, que no sería para nada suficiente la equiparación con Canarias.

«No hemos visto ningún documento en el que se desgrane el contenido del acuerdo alcanzado. Por lo tanto, prudencia. Y con los términos de los que se ha hablado de ello, que es la equiparación con Canarias, estamos totalmente en desacuerdo. Este otro archipiélago tiene unas circunstancias muy concretas, una presión fiscal diferente al resto del territorio español y unos precios mucho más bajos que en Balears (...) No es un capricho de querer cobrar más, es que es imposible tener un buen servicio público si no se paga adecuadamente a los empleados públicos», concluye en referencia a la falta de personal provocada por la carestía de la vida en las Pitiusas.

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