Vicent Marí: "Tenemos muchísimas viviendas vacías en Ibiza"

El plan de choque contra el intrusismo trata de favorecer que las viviendas turísticas ilegales regresen al mercado residencial. Si se han eliminado plazas turísticas, ¿existe algún indicador que apunte hacia este objetivo?

La solución no solo pasa por construir más, sino también por que las viviendas vacías o que desaparecen del mercado ilegal se destinen de nuevo al alquiler residencial. Para ello, es fundamental que exista seguridad jurídica. Sin unas normas claras que permitan desalojar una casa en caso de okupación o de impago, el pequeño propietario con malas experiencias no volverá a alquilar de nuevo, a no ser que sea a alguien de mucha confianza o que cuente con un marco jurídico para evitar que tarde años en recuperar su vivienda. Este marco es necesario y depende del Gobierno central. Hoy por hoy, tenemos muchísimas viviendas vacías en Ibiza.

En 2025 debía comenzar el traslado de residuos a la planta incineradora de Mallorca, pero el decreto para desarrollar esta medida se ha resuelto a final de año. ¿Podrá iniciarse en breve este plan piloto?

Ha sido un proceso largo. El vertedero de Ca na Putxa está llegando al final de su vida útil. Ahora iniciamos una nueva etapa, en la que debemos reducir considerablemente los residuos que generamos y aumentar el reciclaje, que ahora alcanza el 42% de todos los residuos. El resto es lo que debemos trasladar a la incineradora de Son Reus, pero debemos reducirlo a la mitad, o incluso a menos de las 80.000 toneladas anuales [del volumen de desecho en la actualidad]. Somos la isla que más recicla, pero nos queda esforzarnos mucho más, porque es una medida cara. El plan piloto nos indicará cómo planificar este traslado, durante cuánto tiempo y cuál es la solución definitiva para el tratamiento de residuos en Ibiza. De todas maneras, esta medida ya nos sirve para alargar la vida útil del vertedero, porque siempre nos va a hacer falta uno para casos de emergencia como las danas. La situación ideal es que lleguemos a reciclar todo el material y no se necesite ningún traslado.

Es una medida costosa, 50 millones de euros, y solo como solución temporal para un máximo de diez años. El proceso de participación ciudadana concluyó que una planta incineradora en la isla era una opción viable. ¿Estamos abocados a que se construya?

Hoy por hoy, plantear una incineradora en Ibiza es complicado, porque producimos una cantidad muy elevada de residuos y tardaría más de diez años en construirse. Por lo tanto, se debía empezar con el traslado del volumen de desecho a Son Reus. La solución final se decidirá con el futuro plan director de residuos. Es posible que no sea necesario construir una planta de incineración si el traslado a Mallorca es eficiente, porque la de Son Reus está sobredimensionada.

El Consell siempre insiste en que se necesita un nuevo convenio de carreteras con el Estado, pero el Govern balear asegura que financiará los proyectos que sean prioritarios. ¿En esta legislatura quedarán licitadas las obras de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni?

Estamos ultimando el proyecto ejecutivo de esta carretera y el Govern se compromete a financiarla, sin descartar un nuevo convenio, pero tengo claro que no lo conseguiremos con el actual Gobierno central. Llevamos reclamándolo desde 2019 y representaba 120 millones que iba a firmar directamente el Consell con el Ministerio. Esta partida ha desaparecido y no nos responden a ninguna de las cartas que enviamos. Es muy frustrante, pero no podemos dejar de mejorar nuestra red viaria. Se está financiando la rotonda del cruce de los Cazadores con fondos del factor de insularidad del Govern, al igual que haremos con la carretera de Sant Josep a Sant Antoni. Esta semana hemos firmado el convenio de la E-10 con el Ayuntamiento de Ibiza, que también debería financiarse con el convenio de carreteras y se pagará con fondos del Consell en cuatro años.

En los presupuestos que acaba de aprobar el Consell para 2026, la partida en Bienestar Social se incrementa en un 13%. ¿Esta subida se debe, principalmente, a la atención a menores migrantes?

Se dan dos factores. Los servicios sociales están incrementando año tras año sus presupuestos para el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, la Oficina de la Dona o el circuito normal de protección a menores. A estos servicios tradicionales se añade la llegada de menores migrantes no acompañados. Es un fenómeno que nos ha desbordado y ha hecho saltar por los aires los recursos existentes, porque no están dimensionados para ello. En estos momentos atendemos a más de 110; no disponemos de espacio ni de personal ni de recursos económicos. Lo que más me duele es ver a unos profesionales vocacionales en una situación límite, sin poder cumplir con su labor en condiciones por la llegada continua de menores en patera. No dejaré de reclamar al Gobierno de España una política exterior y migratoria seria para aplicar medidas en origen. No puede ser que llegue a Ibiza, de manera indiscriminada, una serie de personas que no sabemos quiénes son ni a qué vienen. Por desgracia, muchos de ellos no cumplen su objetivo y fallecen en el mar. Se debe acabar con este drama y con las mafias que hacen negocio con esta travesía.

¿Se ha puesto en marcha algún servicio de acompañamiento de estos migrantes para cuando cumplan la mayoría de edad?

Este servicio ya funciona a través del circuito de emancipación, que es competencia del Govern, mientras que nosotros tenemos la tutela mientras son menores. Algunos de ellos se van de la isla cuando cumplen los 18 años, pero otros han conseguido un trabajo y se quedan, ya que se les imparte una formación mientras están bajo la tutela del Consell. Se ofrece una vía de integración para aquellos que así lo quieren y le ponen voluntad.

¿El mantenimiento de cada menor no acompañado cuesta 9.000 euros mensuales?

No tenemos personal ni espacio. Sacamos a licitación el cuidado de estos menores y el concurso quedó desierto en dos ocasiones, porque las empresas de este sector tampoco encontraban plantilla. Al final, se presentó una única empresa, Fundación Samu, que tiene diferentes viviendas alquiladas para alojarlos. Estamos obligados a pagar un coste que me parece vergonzoso, pero está provocado por la situación de Ibiza, porque en la Península sale mucho más barato. Son seres humanos, los tenemos que atender y, mientras nadie nos ayude, no dejaremos de cumplir con nuestras competencias. Me refiero a las responsabilidades en menores, porque la inmigración compete al Gobierno central.