Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: «Habrá que plantear la creación de espacios dignos para los trabajadores de temporada»

En 2025 ha entrado en vigor la regulación de entrada de vehículos. Ya se avisó de que este «año cero» iba a ser de prueba. ¿Qué modificaciones se prevé introducir a esta medida para 2026?

Este ha sido un año de inflexión: se ha puesto freno a la llegada indiscriminada de vehículos y se ha puesto en marcha el plan de choque contra el intrusismo con buenos resultados. Regular la entrada de vehículos de junio a septiembre era un reto muy importante y las propias navieras indican que se ha reducido en más de 32.000. No han llegado autocaravanas masivamente, a no ser que tuvieran reserva previa en un camping, y ha desaparecido esa invasión en suelo rústico y primera línea de costa. Las flotas de coches de alquiler se han limitado a 16.000 y los particulares, a 4.000. Ahora toca analizar los datos de las cámaras, que han hecho un seguimiento de las matrículas que iban entrando, para marcar un nuevo cupo en 2026. La sostenibilidad no debe quedarse en un discurso y debe acompañarse de acciones claras. Esta limitación implica una apuesta por el transporte público colectivo con la nueva contrata, que entrará en marcha en 2026, incorporando vehículos eléctricos, más rutas y frecuencias.

¿Se reducirá el cupo de entrada de vehículos?

Ahora pondremos todos los datos sobre la mesa para ver en qué fechas se ha superado este cupo y en cuáles no se ha cubierto. En función de estas cifras, aplicaremos unos baremos asumibles para buscar un equilibrio entre turistas y residentes que no sature la red viaria. Será un proceso progresivo y queremos consensuarlo con la mesa de diálogo social, navieras y compañías de alquiler de vehículos.

La nueva concesión de autobuses aún sigue retrasada por los recursos de las dos compañías no adjudicatarias. ¿Será una realidad en pocos meses?

El recurso ante el Tribunal Central de Contratación ya está contestado y confío en que dentro del primer trimestre esté resuelto para que entre en marcha. De hecho, la empresa adjudicataria ya tiene aquí diez autobuses nuevos para incorporarlos cuando se archiven los recursos.

Este nuevo servicio de autobuses se anuncia desde 2023 como inminente, ¿a qué se debe el retraso?

Ha sido un proceso más largo de lo deseado, pero la Ley de Contratación del Sector Público es muy garantista y compleja. Cada paso que damos es susceptible de ser recurrido y esto es lo que ha pasado en este caso. En vez de solucionarlo en un año, se ha tardado tres, pero, si las empresas presentan recursos, es algo que escapa a nuestras posibilidades. Aunque parezca mucho tiempo, somos el primer Consell Insular que adjudica la nueva contrata de transportes y esto es mérito del personal que ha trabajado en ella.

La gran apuesta del Consell en 2025 ha sido el plan de choque contra el intrusismo. ¿Se han de evaluar sus resultados para ajustarlo de cara al año que viene, como en el caso de la regulación de vehículos?

Era una lacra a la que teníamos que poner freno. Por eso creamos la oficina de lucha contra el intrusismo la pasada legislatura y en esta, gracias a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, hemos empezado este plan de choque. Supone un antes y un después para combatir tanto el transporte como el alojamiento turístico ilegal. Con más medios e inspectores, prácticamente hemos acabado con los taxis pirata que operaban en el aeropuerto. También se han retirado de las plataformas vacacionales, como Airbnb o Booking, todos los anuncios de viviendas sin el número de registro del Consell. Gracias a la colaboración entre estas compañías, las instituciones y la mesa de diálogo social, se ha logrado eliminar más de 3.000 anuncios y 14.500 plazas ilegales. Somos el primer destino turístico que presenta una hoja de servicios tan importante contra la oferta ilegal.

Tras los acuerdos con las plataformas, desaparecieron los anuncios para dormir en autocaravanas o tiendas de campaña. Sin embargo, se dieron casos de viviendas, o del centro Ibiza Yoga de Benirràs, a los que se les retiraba la publicidad y después volvían a comercializarse con otra denominación.

La picaresca existe, pero la detectamos y, si se cuela algún anuncio, lo notificamos y se retira. Ya no trabajamos con un volumen tan alto de alojamientos ilegales y los que reinciden se enfrentan a multas muy elevadas [a partir de 40.000 euros]. Si se siguen arriesgando a comercializarse ilegalmente, lo pagarán. Se ha acabado que cualquier espacio con cuatro paredes y un techo se ofrezca como alquiler turístico. Este verano hemos abierto 200 expedientes sancionadores contra alojamientos ilegales y, hasta el mes de noviembre, hemos recaudado 1,5 millones de euros en multas en este concepto y en transporte irregular.

La asociación Elite Corsaris ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo contra los taxis pirata. Sin embargo, también indican que, en cuanto los inspectores se van del aeropuerto, regresan los conductores ilegales a ofrecerse a los turistas.

Los inspectores han cubierto jornadas de 14 horas, las de mayor afluencia en el aeropuerto. Puede que los taxistas pirata estén al quite cuando no están los inspectores, pero van con mucha más cautela y ya no es un problema descontrolado, sino puntual. Se han reducido en un 95% y seguiremos luchando hasta erradicarlos, gracias a la colaboración con AENA, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Sant Josep.

Este verano ha bajado la media de visitantes en unos 8.000 al día. ¿Es consecuencia de esta eliminación de plazas ilegales o es que baja el turismo?

El hecho es que se han eliminado 14.500 plazas del mercado ilegal y una parte de ellas se han legalizado. Han venido menos turistas y, por primera vez, ha bajado la presión humana, pero la ocupación hotelera ha crecido. Existe una relación causa-efecto muy clara: atacamos el intrusismo y se produce un trasvase hacia el mercado legal. Por otra parte, han dejado de venir entre 6.000 y 7.000 visitantes al día, pero es un turismo que no iba a alojamientos regulados. La oferta complementaria ha sufrido por esta reducción, pero son cuestiones que se deben equilibrar. Apostar por la calidad y no la cantidad es el camino. Si se reduce el índice de presión humana a la vez que la oferta ilegal, significa que vamos hacia el modelo sostenible que queremos.

El índice de presión humana cayó en torno al 5% en agosto. ¿Le gustaría que volviera a reducirse el verano que viene?

No es cuestión de que me guste a mí. Desearía que la oferta reglada tenga una alta ocupación, al igual que la complementaria, y que todo el que visite la isla recurra a ella. Si es así y se siguen combatiendo las ilegalidades, se puede mantener el índice de presión humana de 2025 o incluso bajarlo un poco más. Somos un territorio limitado y debe lograrse una buena convivencia entre turistas y residentes. Si los vecinos se sienten invadidos por el turismo porque mucha gente se aloja en pisos sin licencia, estamos saturando la isla y la economía estaría creciendo con unas ilegalidades que no queremos.

El Consell ha adjudicado este año a una consultora externa una estrategia de reposicionamiento turístico. ¿Es una apuesta para acabar con el monocultivo del ocio nocturno? Así figuraba en el pliego de condiciones del contrato.

Ibiza es un destino turístico de éxito gracias a la variedad de productos que ofrece: un entorno natural, patrimonio, una cultura milenaria, gastronomía, deportes al aire libre, moda o sol y playa, pero también es ocio. Gracias a este conjunto, somos un destino envidiado en todo el mundo. Debemos conservarlo y mejorarlo, antes que criticarnos unos a otros. Si existe algún desequilibrio, debemos corregirlo, porque no vale la pena un crecimiento que no es sostenible o cree malestar en los residentes. Este es el gran reto y hemos encargado el estudio de reposicionamiento para poner en valor todos los valores que tiene Ibiza. A veces se nos conoce como destino de ocio, pero la isla es mucho más. Promocionamos el deporte, el turismo familiar y la cultura. Hemos abierto el centro de interpretación de sa Caleta, apostamos por el arte contemporáneo y llevamos tres años colaborando con la feria Can Art, que son acciones dirigidas a un turismo más minoritario, pero que aporta mucho valor añadido. La clave del éxito es ser un destino ideal tanto para vivir como para visitar, porque eso va a significar que el turista se irá satisfecho y que hablará bien de la isla. Esa es la mejor promoción turística.

Muchos de los turistas se encuentran con asentamientos chabolistas que no dejan de crecer en los últimos años. Cruz Roja llegó a contabilizar más de 1.200 personas en julio en estos poblados. Aunque no sea competencia del Consell, se ha convertido en un problema supramunicipal.

Hay que acabar con los asentamientos. Si hay gente que vive allí por motivos de exclusión social, hay que atenderlos y buscarles solución. Lo que no se puede tolerar es que venga gente a trabajar a la isla y deba dormir allí; es un modelo que no podemos permitir. Quien tiene un puesto de trabajo debe contar con un sitio digno. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad: no puede haber gente que contrate a personal que malvive en asentamientos. Se deberán construir más viviendas, pero estas deben destinarse a los residentes para que no se vean obligados a marcharse de su isla por unos precios prohibitivos. Las empresas deberían buscar un espacio adecuado para estos trabajadores si saben que están en infraviviendas, porque es un riesgo para la seguridad e indigno.

¿Pero se puede legislar desde el Parlament balear para que los empresarios garanticen alojamiento a los trabajadores?

Habrá que plantear la posibilidad de crear espacios de alojamiento dignos para los trabajadores de temporada, con servicios y calidad. El Consell está construyendo una residencia para la Guardia Civil. No solo se trata del sector privado; también se necesitan soluciones para el personal de los servicios públicos esenciales. Para los residentes, el Govern balear ya está impulsando alrededor de mil viviendas, pero no serán inmediatas, sino que tardarán tres o cuatro años.

El plan de choque contra el intrusismo trata de favorecer que las viviendas turísticas ilegales regresen al mercado residencial. Si se han eliminado plazas turísticas, ¿existe algún indicador que apunte hacia este objetivo?

La solución no solo pasa por construir más, sino también por que las viviendas vacías o que desaparecen del mercado ilegal se destinen de nuevo al alquiler residencial. Para ello, es fundamental que exista seguridad jurídica. Sin unas normas claras que permitan desalojar una casa en caso de okupación o de impago, el pequeño propietario con malas experiencias no volverá a alquilar de nuevo, a no ser que sea a alguien de mucha confianza o que cuente con un marco jurídico para evitar que tarde años en recuperar su vivienda. Este marco es necesario y depende del Gobierno central. Hoy por hoy, tenemos muchísimas viviendas vacías en Ibiza.

En 2025 debía comenzar el traslado de residuos a la planta incineradora de Mallorca, pero el decreto para desarrollar esta medida se ha resuelto a final de año. ¿Podrá iniciarse en breve este plan piloto?

Ha sido un proceso largo. El vertedero de Ca na Putxa está llegando al final de su vida útil. Ahora iniciamos una nueva etapa, en la que debemos reducir considerablemente los residuos que generamos y aumentar el reciclaje, que ahora alcanza el 42% de todos los residuos. El resto es lo que debemos trasladar a la incineradora de Son Reus, pero debemos reducirlo a la mitad, o incluso a menos de las 80.000 toneladas anuales [del volumen de desecho en la actualidad]. Somos la isla que más recicla, pero nos queda esforzarnos mucho más, porque es una medida cara. El plan piloto nos indicará cómo planificar este traslado, durante cuánto tiempo y cuál es la solución definitiva para el tratamiento de residuos en Ibiza. De todas maneras, esta medida ya nos sirve para alargar la vida útil del vertedero, porque siempre nos va a hacer falta uno para casos de emergencia como las danas. La situación ideal es que lleguemos a reciclar todo el material y no se necesite ningún traslado.

Es una medida costosa, 50 millones de euros, y solo como solución temporal para un máximo de diez años. El proceso de participación ciudadana concluyó que una planta incineradora en la isla era una opción viable. ¿Estamos abocados a que se construya?

Hoy por hoy, plantear una incineradora en Ibiza es complicado, porque producimos una cantidad muy elevada de residuos y tardaría más de diez años en construirse. Por lo tanto, se debía empezar con el traslado del volumen de desecho a Son Reus. La solución final se decidirá con el futuro plan director de residuos. Es posible que no sea necesario construir una planta de incineración si el traslado a Mallorca es eficiente, porque la de Son Reus está sobredimensionada.

El Consell siempre insiste en que se necesita un nuevo convenio de carreteras con el Estado, pero el Govern balear asegura que financiará los proyectos que sean prioritarios. ¿En esta legislatura quedarán licitadas las obras de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni?

Estamos ultimando el proyecto ejecutivo de esta carretera y el Govern se compromete a financiarla, sin descartar un nuevo convenio, pero tengo claro que no lo conseguiremos con el actual Gobierno central. Llevamos reclamándolo desde 2019 y representaba 120 millones que iba a firmar directamente el Consell con el Ministerio. Esta partida ha desaparecido y no nos responden a ninguna de las cartas que enviamos. Es muy frustrante, pero no podemos dejar de mejorar nuestra red viaria. Se está financiando la rotonda del cruce de los Cazadores con fondos del factor de insularidad del Govern, al igual que haremos con la carretera de Sant Josep a Sant Antoni. Esta semana hemos firmado el convenio de la E-10 con el Ayuntamiento de Ibiza, que también debería financiarse con el convenio de carreteras y se pagará con fondos del Consell en cuatro años.

En los presupuestos que acaba de aprobar el Consell para 2026, la partida en Bienestar Social se incrementa en un 13%. ¿Esta subida se debe, principalmente, a la atención a menores migrantes?

Se dan dos factores. Los servicios sociales están incrementando año tras año sus presupuestos para el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, la Oficina de la Dona o el circuito normal de protección a menores. A estos servicios tradicionales se añade la llegada de menores migrantes no acompañados. Es un fenómeno que nos ha desbordado y ha hecho saltar por los aires los recursos existentes, porque no están dimensionados para ello. En estos momentos atendemos a más de 110; no disponemos de espacio ni de personal ni de recursos económicos. Lo que más me duele es ver a unos profesionales vocacionales en una situación límite, sin poder cumplir con su labor en condiciones por la llegada continua de menores en patera. No dejaré de reclamar al Gobierno de España una política exterior y migratoria seria para aplicar medidas en origen. No puede ser que llegue a Ibiza, de manera indiscriminada, una serie de personas que no sabemos quiénes son ni a qué vienen. Por desgracia, muchos de ellos no cumplen su objetivo y fallecen en el mar. Se debe acabar con este drama y con las mafias que hacen negocio con esta travesía.

¿Se ha puesto en marcha algún servicio de acompañamiento de estos migrantes para cuando cumplan la mayoría de edad?

Este servicio ya funciona a través del circuito de emancipación, que es competencia del Govern, mientras que nosotros tenemos la tutela mientras son menores. Algunos de ellos se van de la isla cuando cumplen los 18 años, pero otros han conseguido un trabajo y se quedan, ya que se les imparte una formación mientras están bajo la tutela del Consell. Se ofrece una vía de integración para aquellos que así lo quieren y le ponen voluntad.

¿El mantenimiento de cada menor no acompañado cuesta 9.000 euros mensuales?

No tenemos personal ni espacio. Sacamos a licitación el cuidado de estos menores y el concurso quedó desierto en dos ocasiones, porque las empresas de este sector tampoco encontraban plantilla. Al final, se presentó una única empresa, Fundación Samu, que tiene diferentes viviendas alquiladas para alojarlos. Estamos obligados a pagar un coste que me parece vergonzoso, pero está provocado por la situación de Ibiza, porque en la Península sale mucho más barato. Son seres humanos, los tenemos que atender y, mientras nadie nos ayude, no dejaremos de cumplir con nuestras competencias. Me refiero a las responsabilidades en menores, porque la inmigración compete al Gobierno central.

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