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La interminable tramitación del proyecto para completar la sede de los juzgados en Ibiza, levantada hace apenas unos años en la plaza de Sa Graduada después de que dos delincuentes prendieran fuego a la antigua, situada a unos metros de distancia. El Tribunal Administrativo Central ha rechazado el recurso de una empresa que denuncia que el proyecto incumple la normativa europea de eficiencia energética. Parece el desbloqueo definitivo, pero conociendo el funcionamiento de la Administración, no extrañaría un nuevo retraso o, como explica el propietario de la empresa recurrente, que se dispare el coste final de la obra. Acudirá a la justicia ordinaria, donde está convencido de que le darán la razón y será indemnizado por el lucro cesante. Ya se verá.

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La advertencia, aunque en realidad no es nada nuevo, del secretario de la Asociación unificada de la Guardia Civil de Balears: «Los guardias no quieren vivir en las islas y quien lo sufre es el ciudadano». Un servicio tan esencial para la seguridad y las emergencias debería estar más protegido ante la falta de vivienda y el encarecimiento de la vida en general. «Cada año se van más de los que llegan», insiste este portavoz.

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