Anuario 2025 | Juicios Formentera
Ex dirigentes políticos de GXF afrontan dos causas judiciales
Absueltos del delito de prevaricación en el proceso selectivo de bomberos de 2011 mientras continúa en trámite judicial el caso por desobediencia que se remonta a 2005

Un momento del juicio en la Audiencia Provincial con Ferrer, Torres, Tur y Cardona. | | BENJI PALAU
Los procesos judiciales llevan su tiempo, así que no es extraño ver en el banquillo a encausados por hechos que sucedieron hace décadas.
Así ha ocurrido con el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer; la exconsellera de Medio Ambiente, Sílvia Tur; la exconsellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sonia Cardona; y el exgerente de la institución insular, Isidor Torres, que resultaron absueltos en julio del año que ahora termina de los presuntos delitos de prevaricación en continuidad delictiva y falsedad en documento público en relación con un proceso de selección del cuerpo de Bomberos de Formentera en 2011.
Ferrer y Tur enfrentaban una petición de pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte del fiscal, que al mismo tiempo pedía el sobreseimiento de la causa para Cardona y Torres por entender que no quedaba acreditado que tuvieran una participación directa en los hechos denunciados.
Pero esta no ha sido la única vez que la antigua cúpula política de Formentera se ha visto las caras con los tribunales. Nuevamente Jaume Ferrer, junto a los también integrantes del partido político insularista Gent per Formentera Bartomeu Escandell, Sonia Cardona y Josep Mayans, se sentaron en el banquillo el pasado 1 de octubre acusados por la fiscalía de no haber acatado una orden judicial que obligaba al Consell Insular a demoler una construcción realizada en una zona protegida y que había sido autorizada en 2005 por el entonces Ayuntamiento de Formentera.
En este caso, que continúa su trámite judicial, además de la fiscalía ejerce la acusación popular el empresario Leo Stöber. Los cuatro políticos no solo están acusados de desobediencia sino también de un presunto delito de malversación.
Los hechos se remontan a 1996 cuando el Consell declaró la protección de una serie de conjuntos artísticos y núcleos rurales. Nueve años después, el Ayuntamiento aprobó una licencia de obras para construir unos locales comerciales en la zona de Sant Ferran que estaba supuestamente protegida».
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