Avance «histórico» contra la oferta ilegal

La lucha contra el intrusismo ha superado varios hitos este año y el primero de ellos se alcanzó al poco de su inicio. En febrero, el Consell de Ibiza y Airbnb, la principal plataforma que tenía anuncios de oferta turística ilegal en Ibiza, firmaron un acuerdo «histórico» para eliminar estas publicaciones.Ocurría poco después de que el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, alertase del riesgo de «colapso» del mercado de la vivienda en las Pitiusas, vinculado a la saturación turística y la conversión de viviendas al uso vacacional. También después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aterrizara en la isla para facilitar la información recopilada sobre este tipo de anuncios. De 22.000 ofertas rastreadas en las Balears, 2.512 correspondían a Ibiza y 1.500 eran ilegales.

Número de registro válido

El trabajo realizado en este ámbito por la Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza confirmó la caída de la oferta irregular en Airbnb un 26,3% entre marzo de este año y el de 2024, mientras que la oferta reglada aumentó un 14,8 %. Ante los avances, el Consell quiso reforzar la plantilla con la contratación de 35 profesionales. Además, el presidente, Vicent Marí, expuso en Bruselas la experiencia ibicenca en el control de los alojamientos ilegales y el acceso de vehículos, en el marco del debate sobre la transición hacia el turismo sostenible organizado por la Comisión Europea.

Entre los méritos logrados, tras la firma del acuerdo con Airbnb, la plataforma empezó a exigir un número de registro válido para publicar nuevos anuncios a partir del 1 de abril. Este requisito se aplicó a todas las ofertas de la isla y se replicó en Formentera a partir de junio.

A pesar de los avances, durante la temporada estival surgieron nuevos anuncios que burlaron la normativa, incluyendo caravanas, furgonetas, cabañas y pisos en comunidades de propietarios o edificios plurifamiliares. Mientras se hablaba de estos casos, la naviera Trasmed anunció un servicio de fin de semana que permitía pernoctar a bordo de un ferry atracado en el puerto de Ibiza. El Consell calificó la propuesta de «hotel encubierto» y, tras la intervención del Govern y la Autoridad Portuaria, la empresa suspendió la oferta.

El esfuerzo realizado por las instituciones insulares se reflejó en la retirada de más de 10.000 plazas turísticas ilegales de Airbnb entre julio de este año y el anterior y unas 1.000 de Booking. Hacia el final de la temporada, estos datos se tradujeron en la eliminación de más del 80% de los anuncios sin licencia en Ibiza, lo que para el presidente del Consell supuso que la isla era «el primer lugar de España» en el que desaparecía la oferta ilegal anunciada en Airbnb.

El trabajo realizado también evidenció una reducción de la masificación al eliminarse la oferta ilegal y constató la apuesta de los viajeros por la oferta reglada.

Sanciones por fiestas, alquileres y taxis sin licencia

El Ayuntamiento de Ibiza anunció a inicios de este año que, por las sanciones impuestas a viviendas alquiladas de manera ilegal, recaudó más de dos millones de euros tras abrir 44 inspecciones derivadas de 155 denuncias ciudadanas, muchas tramitadas a través de Línea Verde. Además, el Consistorio conoció que el Govern detectó alquileres irregulares en seis promociones de viviendas de protección oficial, con multas de entre 3.000 y 30.000 euros.

No obstante, las sanciones no se limitaron al ámbito de la vivienda, ya que el intrusismo también afectó al ocio nocturno y al transporte reglado. En Ibiza se organizaron fiestas ilegales pese a que el Consell justificara la no contratación este año de detectives infiltrados, considerando que el problema tendía a reducirse. Aun así, la institución advirtió de que la proposición de ley contra las fiestas ilegales en viviendas turísticas de Balears se quedaba corta al no permitir intervenir en celebraciones con intercambio económico.

Entre los casos denunciados este verano destacaron las fiestas en una casa de la carretera de Cala Tarida, cuyo inquilino acumula 38 denuncias con sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros. Tras una celebración que contó con un conocido dj y más de un centenar de vehículos, el Ayuntamiento de Sant Josep impuso una multa de hasta 300.000 euros. Al mismo importe se enfrenta el organizador de otra fiesta ilegal en una vivienda cercana a Cala Olivera, en Santa Eulària, donde se cobraron 130 euros por entrada.

En cuanto a los taxis pirata, el Consell sí recurrió a detectives privados, aunque antes de su incorporación la Policía Local detuvo a una de las cabecillas de los infractores en el aeropuerto. Hasta octubre se inmovilizaron 161 vehículos que operaban sin licencia y las sanciones superaron los 600.000 euros. Estos hechos coincidieron con el inicio de la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza, que también permite actuar contra su comercialización a turistas entre junio y octubre, con multas de hasta 10.000 euros. Estos datos se conocieron después de que se denunciara la aparición de una página web en la que los taxistas ilegales promocionaban sus servicios.

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