Alerta por sequía y agua salinizada

La gestión del agua ha vuelto a ser una de las principales preocupaciones en un año que arrancó con una prealerta por sequía— vigente desde enero de 2023—, mientras se denunciaban pérdidas constantes en la red de alcantarillado y un nivel de salinidad que impedía reutilizar el agua que llegaba a las depuradoras.

Para revertir la situación, la Agencia Balear del Agua (Abaqua) puso en marcha una prueba piloto para inyectar entre 1.700 y 2.000 metros cúbicos diarios de agua desalada en un acuífero de Can Guasch, en Santa Eulària. El ensayo dio resultado y se inició un estudio para ampliar el perímetro del depósito. Al mismo tiempo, la balsa de sa Rota recibió —30 años después de su inauguración— 80.000 metros cúbicos de agua desalada previstos para abastecer a los agricultores de entre Santa Eulària y Sant Llorenç. También entró en funcionamiento la nueva depuradora de Sa Coma, que después de 15 años consiguió acabar con los problemas de olores denunciados por los vecinos, aunque siguió recibiendo agua no apta para su reutilización.

Alerta por sequía

A pesar de estos avances, no llovía, por lo que el director general de Recursos Hídricos de Balears, Joan Calafat, advirtió de unas previsiones «bastante desfavorables» para el verano. Así, las reservas hídricas cayeron al 29% en agosto, uno de los niveles más bajos de la última década, con los acuíferos de Sant Agustí y Cala Llonga en los niveles más bajos de la isla, el primero al 3% y el segundo al 22%.

Ibiza entró oficialmente en alerta por sequía al caer las reservas al 27% en septiembre. Como consecuencia, Alianza por el Agua pidió medidas más ambiciosas y denunció la falta de control para evitar la sobreexplotación de los acuíferos. Su presidente, Juan Calvo, aseguró que la situación era «peor de lo que reflejan los indicadores». Ante la situación, el Ayuntamiento de Vila redujo la presión de la red, duplicó el personal de Aqualia dedicado a detectar fugas y pasó a utilizar únicamente agua desalada, recordando la prohibición de llenar piscinas o regar terrazas.

Ese mismo mes se conoció que en 2024 no llegaron a los consumidores 4.380 millones de litros de agua—una cantidad superior al consumo agrícola anual de la isla— por fugas, roturas o irregularidades en la red, según un informe de Alianza por el Agua basado en datos de Aqualia. Un día después, el presidente del Consell, Vicent Marí, destacó que el rendimiento de la red había mejorado gracias a inversiones municipales por valor de 24 millones de euros repartidas en 21 proyectos diferentes.

En este contexto, Vila consiguió reutilizar unos 200.000 litros diarios de agua que se desperdiciaban por el alcantarillado en un aparcamiento municipal. La actuación, prevista ya en 2012 pero descartada entonces por su coste, se materializó este año tras una inversión de 140.000 euros y 27 meses de obras. Algo similar ocurrió en ses Figueretes, donde se habilitó un punto de carga para que los servicios municipales pudieran aprovechar el agua de un edificio que llevaba tres décadas perdiendo cerca de 35.000 metros cúbicos al año.

Las lluvias de finales de septiembre mejoraron temporalmente la situación hídrica de los acuíferos, pero no evitaron la preocupación que ya se arrastraba desde el inicio del año: la necesidad urgente de renovar las redes de alcantarillado, después de conocerse que el 97% del agua que llega a las depuradoras de Ibiza presenta un exceso de salinidad que imposibilita su reutilización.

La preocupación por la sequía reactivó el debate sobre el consumo de agua en la isla. Alianza por el Agua alertó de que el uso de agua embotellada genera 480 toneladas de plástico y promovió el consumo de agua del grifo, mientras sorprendía conocer que entre junio y agosto un crucero recibió entre 150 y 200 toneladas del pozo de Sant Rafel cerca de cada diez días.Además, llamó la atención la construcción de 524 piscinas en el último año, lo que elevó el total de las Pitiusas a 11.425. Los datos del nuevo Plan Hidrológico balear mostraron también que el consumo de agua de pozo en zonas rurales superó en 2023 al de las urbanas, lo que llevó al Alianza por el Agua a reclamar controles sobre las perforaciones ante la «alarmante» escasez de agua.

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