Vivienda en Ibiza: El alcalde de Sant Josep negociará con los vecinos de los Don Pepe para acelerar la rehabilitación del edificio

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, iniciará negociaciones con los vecinos de los Apartamentos Don Pepe para que estos renuncien a los procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento y acelerar así una solución al desalojo de sus hogares. Así se ha acordado este lunes en una sesión plenaria extraordinaria para facultar al alcalde a tratar directamente con los afectados en nombre de la Corporación, aunque cualquier acuerdo que alcance deberá ser ratificado posteriormente por el pleno.

Todos los grupos políticos han votado a favor de que Roig trate de acordar una transacción jurídica con la comunidad de propietarios del bloque A de los Apartamentos Don Pepe, con el objetivo de que estos retiren los dos contenciosos administrativos contra la declaración de ruina del edificio y el desalojo de sus viviendas. Esta autorización iba a tratarse por la vía de urgencia en el pleno de Sant Josep celebrado el jueves pasado, pero la oposición solicitó que se pospusiera para estudiar a fondo los nuevos informes técnico y jurídico sobre el inmueble que adjuntó el equipo de gobierno al expediente.

Pese a esta unanimidad, el debate en el pleno no ha estado exento de polémica y se han sucedido los reproches entre el alcalde y la portavoz socialista, Pilar Ribas. Para Roig, en el anterior mandato el PSOE agravó el problema por su falta de «voluntad política» a la hora de solucionar el embrollo urbanístico en el que se encuentra el inmueble, sin buscar una vía legal para que se le concediera la licencia de obras para rehabilitarlo.

Por su parte, Ribas insiste en que, en estos momentos, la ley no permite legalizar el inmueble y el Ayuntamiento está retrasando la solución que acordaron el Ayuntamiento y el Govern en la pasada legislatura: construir una promoción de vivienda pública en Can Raspalls para permutarla con los propietarios y demoler los Apartamentos Don Pepe.

Los informes

El pleno extraordinario convocado para este lunes había generado gran expectación por los nuevos informes externos recibidos por el Ayuntamiento, uno de carácter técnico y el otro, jurídico. El primer documento avala que el bloque A de los Don Pepe, declarado en ruina por el Ayuntamiento, se puede rehabilitar y cifra el presupuesto de las obras en 3,7 millones de euros. Sin esta intervención, el edificio debe seguir apuntalado y desalojado. Por otra parte, el informe jurídico concluye que, si el inmueble carece de la preceptiva licencia de construcción que se le tuvo que haber concedido en 1964, se debe a que esta se extravió o a un error de la propia Administración municipal, por lo que debe considerarse una «presunción de legalidad».

El alcalde destaca la importancia de estos informes para favorecer la rehabilitación del edificio y permitir que los vecinos regresen a sus hogares. Esta es la prioridad tanto del equipo de gobierno como de los afectados. Para ello, se debe revocar primero la ruina del edificio, pero esta declaración administrativa está suspendida hasta que se resuelva el contencioso en su contra que presentó la comunidad de propietarios. Este es uno de los motivos principales por los que Sant Josep propone esta transacción jurídica, ya que aceleraría la revisión de ese estado de ruina.

Más allá del peso de estos informes, la votación unánime acordada este lunes en el pleno solo implica, inicialmente, que el alcalde asuma las competencias para negociar una salida directamente con los propietarios. Este mismo lunes por la tarde, Roig acudirá a la asamblea que han convocado la comunidad de propietarios y su representante legal para iniciar estas conversaciones.

Las críticas del PSOE

Por su parte, el PSOE pone el acento en que la propuesta sometida a votación este lunes «no resuelve la votación de los vecinos». Pilar Ribas critica que tanto el informe técnico como el jurídico esgrimidos por el alcalde fueron solicitados a principios de este mes, «después de dos años y medio de gobierno».

Igualmente, la portavoz socialista recuerda que los autores del documento técnico, el arquitecto Iván Torres y el aparejador Joan Planells, son los mismos que elaboraron sendos informes en 2020 y 2021 que «avalaron el desalojo y la declaración de ruina». «Además, advierten de que hay que reforzar urgentemente los puntales que sujetan el edificio para evitar su colapso», insiste.

En este sentido, Ribas subraya que no existe contradicción entre que los edificios se puedan rehabilitar y la declaración de ruina que provocó su desalojo, ya que, con la normativa actual, «no se puede reformar el inmueble». «Solo hay un informe técnico y uno jurídico; falta el informe urbanístico que aclare qué se podría hacer», sentencia.

Respecto al presupuesto desgranado en el informe para que los propietarios puedan reformar el inmueble, estimado en 3,7 millones de euros, Ribas apunta que es la misma cantidad que estos deberían pagar por la permuta de los Don Pepe y su traslado a unas viviendas nuevas en Can Raspalls.

En su réplica, el alcalde ha criticado que el Govern de Francina Armengol iba a pagar a precio de suelo urbano los terrenos de Can Raspalls para la nueva promoción, cuando «son suelo rústico». También ha censurado a Ribas que sostenga que, según este último informe jurídico, no se puede conceder la licencia de construcción: «Lo que dice es que, a día de hoy, no se podría dar la licencia de construcción que se hubiera dado en 1964».

«Lo que pasa es que [en el anterior mandato] no hubo voluntad política para conceder esta licencia», reprocha Roig a la portavoz socialista. «Ahora tenemos una solución sobre la mesa con rigor, transparencia y con un precio, no con un protocolo diciendo que igual deberán pagar algo», ha concluido el alcalde.

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