El Govern estudia iniciar el procedimiento para revocar la concesión de los quioscos

La presencia de los actuales quioscos en las playas de Formentera pende de un hilo: según un exhaustivo informe técnico-jurídico de la conselleria del Mar y el Ciclo del agua del Govern balear al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, «el incumplimiento de condiciones esenciales vinculadas al carácter estacional y desmontable de las instalaciones, así como a su correcta ubicación y extensión», aconsejan la «incoación del procedimiento de caducidad de la concesión CNC02/21/07/0045», hecho que supondría la retirada de la concesión administrativa otorgada al Consell Insular y que incluye no solo los quioscos sino también escuelas de vela, baños, torres de socorrismo y otros elementos.

Los nuevos concesionarios de estas instalaciones, que abrieron sus puertas apenas hace un año y medio, no han tenido un minuto de paz desde entonces debido en parte a las protestas de la mayoría de los anteriores titulares, que no han dudado en señalar las presuntas irregularidades detectadas tanto en la tramitación del concurso por el cual se concedieron las licencias de explotación como en la actividad propiamente dicha de los quioscos una vez puestos en marcha. A estas denuncias se une la presentada el pasado mes de enero por un grupo ecologista de ámbito balear.

Entre los incumplimientos señalados estaría el hecho de no haber obedecido la orden de desmontar las instalaciones desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, un hecho que conllevó la apertura de un procedimiento sancionador por parte del Consell de Formentera que se solventó con una multa de 1.500 euros. En el informe del 7 de noviembre de 2025 de la jefa del Servicio de Concesiones de la Dirección general de Costas y Litoral del Govern, que está enmarcada en la conselleria del Mar y del Ciclo del agua, también se señala este hecho como la falta más grave, aunque no es el único problema detectado y documentado en sucesivas inspecciones.

El siguiente, en orden de importancia según el organismo emisor del informe, sería el hecho de que no todos los quioscos son desmontables. Según los técnicos, tres de ellos son «aparentemente desmontables», otros dos lo serían «con condiciones» y los otros tres son «no desmontables».

Como tercera infracción aparece que los establecimientos de playa no cumplen la distancia de 300 metros exigida al haberse modificado de manera irregular la ubicación de dos de ellos, en concreto los situados en la playa des Arenals. El cuarto incumplimiento sería que algunos de los baños de los quioscos no están disponibles para el uso público y gratuito.

En el informe también se menciona la presencia de instalaciones situadas «demasiado cerca de la línea de pleamar» y la falta de documentación obligatoria, como los planos ‘as built’ y los certificados finales de obra.

Por todas estas razones, el instructor de las diligencias previas que firma el expediente propone formalmente al «órgano competente» (la misma Dirección general de Costas y Litoral) incoar el procedimiento de caducidad de la concesión CNC02/21/07/0045 «sin mayor dilación», garantizando la audiencia previa del Consell de Formentera y de los interesados. Al mismo tiempo, se da traslado del informe al Servicio de inspección y sanciones para valorar la apertura de expedientes sancionadores en paralelo.

También se sugiere que durante la tramitación de la posible caducidad se tomen medidas provisionales como la suspensión de uso de las instalaciones «no conformes» o la retirada cautelar de elementos que comprometan distancias o protección dunar para evitar «la consolidación de efectos contrarios a la legalidad».

Aunque se ha intentado obtener información del Govern balear sobre este tema en diferentes ocasiones, la respuesta ha sido siempre la misma: no se puede facilitar documentación ni información sobre un procedimiento abierto.

Extinción del título habilitante y consecuencias

Si se produce la caducidad de la concesión, esta supondría la extinción inmediata del derecho a ocupar el dominio público marítimo -terrestre, por lo cual, en el momento en que la resolución sea firme, el Consell de Formentera dejará de tener cualquier título habilitante para mantener o explotar las instalaciones. Esto podría implicar el cierre total de los servicios de playa afectados. Toda ocupación posterior pasaría a ser ilegal y no existiría derecho a indemnización por la pérdida del título, al tratarse de caducidad por incumplimiento, pero los adjudicatarios sí podrían reclamar económicamente al Consell.

La extinción del título habilitante obligaría a iniciar un nuevo expediente completo cuya tramitación llevaría años. En el mismo informe de la conselleria del Mar recuerdan que el Reglamento general de costas establece un plazo máximo de 18 meses para resolver y notificar la resolución en los procedimientos de caducidad, por lo cual se aconseja «acordar su inicio a la mayor brevedad» posible. Como alternativa, durante este periodo, se podría trabajar en paralelo en un nuevo modelo concesional, de manera que se prepararía una transición ordenada. Desde el Consell de Formentera informan de que, si finalmente el Govern decide iniciar el procedimiento, la institución insular ejercerá su derecho a presentar alegaciones.

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