Vivienda en Ibiza: ¿Qué pasó con la licencia de construcción que no aparece de los Don Pepe?

El drama del desalojo de los propietarios del bloque A de los Apartamentos Don Pepe tiene un origen tan simple como absurdo: en los archivos municipales no consta la licencia de construcción del edificio de 1964, mientras que sí figura la de la finca gemela, el bloque B. Por contra, en todas las solicitudes previas y posteriores a las obras, la Cooperativa Cantos Rodados deja constancia de que su promoción consta de dos edificios idénticos en es Codolar.

Para solucionar el embrollo y posibilitar el regreso de los vecinos a sus hogares, el Ayuntamiento ha encargado un informe jurídico a los bufetes Riutord Abogados y Roca Junyent, que concluye con una hipótesis contundente: «Hay indicios suficientes de que la solicitud de licencia de obras del bloque A fue tramitada conforme a los procedimientos establecidos en aquel momento, habiéndose podido conceder licencia, y podría ser objeto de una presunción de legalidad». El mismo trabajo, que se ha entregado esta semana, deja claro que, si no se dispone de aquella autorización, se puede atribuir bien a "una dejadez de las obligaciones legales" por parte de la administración municipal de aquella época o bien "a que el Ayuntamiento consideraba, igual que los promotores, que el bloque A contaba con la preceptiva licencia, a pesar de que, actualmente, el documento que la acredite no conste físicamente en el expediente".

Las víctimas de este enredo burocrático quedaron abocadas a una pesadilla kafkiana poco antes de la irrupción del covid, cuando pretendían reformar la fachada de su edificio. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep se les notificó que el inmueble se encontraba fuera de ordenación porque no figuraba su licencia de construcción.

Pocos meses después, a principios de junio de 2020, se produjeron unos desprendimientos de una bovedilla que motivaron los desalojos de dos de las cinco escaleras de este bloque, ordenados con dos semanas de diferencia. Días antes de las Navidades de 2021, se completó el abandono del inmueble, que había sido declarado en ruina por el Ayuntamiento.

El origen

Hay una razón de peso que impide confirmar objetivamente la existencia de esa licencia de obras: "El Libro de registro de licencias de obra 1960-1967, correspondiente a los años en los que se podría haber tramitado la licencia, está extraviado", tal y como recoge este informe jurídico. De esta manera, el resto de la documentación disponible de los Apartamentos Don Pepe se encuentra en el expediente municipal de obras 38/1964, que se inició con el primer registro de la Cooperativa Cantos Rodados presentado ante el Ayuntamiento de Sant Josep.

El 29 de enero de 1964, el representante de esta cooperativa presentó dos solicitudes de licencia para la construcción de dos edificios gemelos en una parcela de es Codolar. Cada uno de ellos ocupaba una superficie de poco más de 3.000 metros cuadrados y ambos iban a constar de cuatro plantas y 36 apartamentos. Durante la construcción, los promotores excedieron esos parámetros y los bloques acabaron siendo de cinco pisos de altura, con una cincuentena de viviendas cada uno.

El 28 de marzo de 1964, la corporación municipal concedió la licencia de obras para la construcción de un edificio, el bloque B, en es Codolar. Sin embargo, en la solicitud que figura en este mismo expediente queda constancia de que el promotor presenta dos peticiones idénticas, con el mismo encabezado y memoria descriptiva, una para cada bloque. Llama la atención que solamente se hayan colocado los cuatro sellos correspondientes al pago de las tasas locales en una de ellas.

El hecho de que solo se concediera una licencia choca con otro requisito que era indispensable para empezar las obras de los Don Pepe: la autorización de la Capitanía General de Baleares, necesaria en aquellas "zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional", como era el caso de la línea de costa. En este caso, en la autorización militar concedida para la Cooperativa Cantos Rodados queda de nuevo constancia de que se van a construir "dos edificios idénticos de cuatro plantas, en unos terrenos de su propiedad situados en San Francisco de Paula, término municipal de San José".

En aquella época, incumplir estas restricciones en zona militar hubiera significado que los promotores tuvieran que demoler las obras y asumir ellos todos los gastos. El redactor de los proyectos de los Don Pepe, el catalán José Ribas González, contaba con gran renombre en aquella época y llegó a recibir el premio FAD en 1974 por el edificio Colón de Barcelona, por lo que era poco sospechoso de desconocer las normativas vigentes. De hecho, él mismo llegó a ser arquitecto municipal de Sant Josep durante unos años.

Las tasas

En toda la exahustiva documentación recopilada en el informe jurídico, tanto en la solicitud de las licencias municipales como en el resto de autorizaciones preceptivas, se pone de manifiesto en todo momento que se mencionan "dos edificios iguales" y que siempre se emplean el sujeto y el verbo en plural para referirse a ellos.

Otro dato confirma que los promotores estaban «en la creencia de que los dos edificios han obtenido la preceptiva autorización administrativa». En octubre de 1964, el Ayuntamiento reclamó el pago de unos tributos municipales para seguir adelante con las obras, ya que sus impulsores pretendían acogerse a una exención. En el escrito de respuesta al Consistorio, la cooperativa inicia su misiva haciendo "referencia a su petición de fondos por las licencias de obras", de nuevo en plural.

Hay un documento crucial para inferir que, en el caso de que jamás hubiera existido licencia de obras para el edificio en cuestión, se debe «a que la administración local se confundió por el hecho de que los dos proyectos eran idénticos»: en la ficha estadística del extinto Ministerio de la Vivienda, el bloque A aparece con el número de visado del bloque B. En cambio, no existe una ficha similar para el bloque B.

En definitiva, solo se dan dos opciones posibles: la licencia de obras quedó extraviada o, si no llegó a concederse, se debe exclusivamente a un error administrativo en su tramitación. En cualquier caso, el informe jurídico concluye que, dada esta "presunción de legalidad […], fomentada en reconocer una situación jurídica consolidada y la existencia de un silencio administrativo convalidante, se equipara la situación jurídica del bloque A a la del bloque B".

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