El GOB sobre el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca: "Las emisiones y las cenizas tóxicas impactarán a la población"

El GOB ha expresado su “rechazo claro y contundente” a la aprobación en el Parlament de les Illes Balears del decreto que permite trasladar residuos de Ibiza a Mallorca. La entidad considera que la medida es “ambientalmente insostenible, socialmente injusta y económicamente irresponsable”, y sostiene que no resuelve el problema de fondo de la gestión de residuos en el archipiélago.

Según el GOB, la decisión “traslada el problema en lugar de solucionarlo”, ya que, a su juicio, desplaza los impactos de una isla a otra y consolida un modelo basado en el transporte masivo y la incineración. Frente a ello, reivindica que se prioricen políticas centradas en la reducción, la reutilización y el reciclaje en cada territorio. En este sentido, también advierte de que el decreto supone un retroceso respecto a la jerarquía de gestión de residuos marcada por la normativa europea, al apostar por soluciones “de final de canalización” mientras se aplaza la aplicación efectiva de medidas de prevención y circularidad.

Especialmente grave: una inversión de 50 millones de euros

Otro de los puntos que el colectivo califica de especialmente grave es el coste previsto: una inversión de 50 millones de euros durante un periodo de hasta 10 años para dar cobertura a una solución que el propio Govern define como “temporal”. Para el GOB, se trata de una cifra “desorbitada” de dinero público que, lejos de ser provisional, puede afianzar un modelo insostenible durante una década. La entidad considera “inadmisible” que esos recursos no se destinen de forma prioritaria a reducir la generación de residuos, mejorar la recogida selectiva, implantar sistemas de retorno y reforzar infraestructuras de tratamiento locales, tanto en Ibiza como en Mallorca.

El GOB también alerta de los posibles impactos ambientales y sobre la salud asociados al traslado continuado de residuos entre islas y a su incineración. Entre los efectos que menciona están el aumento de emisiones contaminantes, la generación de cenizas tóxicas y los riesgos para la salud pública, con un impacto directo —según expone— sobre el territorio y sobre las poblaciones próximas a las instalaciones de tratamiento, que ya soportan una fuerte presión ambiental.

En este contexto, la organización señala que seguirá trabajando con los vecinos y vecinas de Son Sardina y con otros colectivos ciudadanos que han mostrado su preocupación por las consecuencias de esta decisión. Además, afirma que ha solicitado formalmente acceso a toda la documentación técnica, económica y jurídica relacionada con el traslado de residuos, sin haber recibido respuesta, y defiende que esa información es imprescindible para que la ciudadanía pueda evaluar con rigor el alcance real de la operación.

La alternativa: un modelo de gestión de residuos “verdaderamente sostenible”

Como alternativa, el GOB reclama un modelo de gestión de residuos “verdaderamente sostenible”. Entre sus propuestas, subraya la necesidad de priorizar la reducción —en línea con los objetivos europeos—, así como la reutilización y el reciclaje en todas las islas, mediante planes operativos eficaces y recursos que permitan mejorar la separación en origen. También pide que las soluciones sean participativas y transparentes, con acceso público y a tiempo a la información técnica y presupuestaria. Finalmente, insiste en que las políticas de residuos deben encajar con los objetivos de transición ecológica como transformaciones estructurales orientadas a una gestión circular, y no como medidas puntuales a corto plazo.

El colectivo concluye con un llamamiento a instituciones, movimientos sociales, ámbito académico y ciudadanía para reabrir el debate sobre la gestión de residuos en Baleares y trabajar en alternativas que no penalicen a determinados territorios ni pongan en riesgo la salud ambiental y pública.

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