Cáritas alerta de que la tercera parte de la población sufre exclusión residencial en Baleares y la situación es mucho más grave en Ibiza

Hace tiempo que tener un trabajo dejó de ser garantía de nada en Balears. El IX Informe Foessa sobre la Exclusión y el Desarrollo Social, presentado este miércoles por Cáritas Diocesana Regional de Balears y la Fundación Foessa en Palma, alerta de que el empleo ha dejado de actuar como un verdadero escudo frente a la pobreza. Según el estudio, la exclusión social entre las personas ocupadas ha crecido con fuerza en los últimos seis años, pasando de una de cada diez a casi una de cada siete.

El estudio identifica la vivienda como el principal motor de la desigualdad en Balears y el auténtico «cuello de botella» de la integración social. Según los datos, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018, mientras que el alquiler medio alcanza ya los 1.598 euros mensuales, un 31% más que en 2019. Además, más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.

Las consecuencias son profundas: 46.000 hogares caen por debajo de la pobreza severa tras afrontar alquiler y suministros.

Zonas tensionadas en Ibiza

El estudio cifra en 110.000 las personas que en el archipiélago viven en casas inseguras y en 100.000 las que residen en viviendas inadecuadas o hacinadas, algo que es particularmente grave en las zonas más tensionadas de Ibiza. También pone de manifiesto el alto precio del alquiler en esta isla, donde el acceso a la vivienda «es cada vez más difícil», lo que provoca «un incremento de las situaciones de exclusión residencial». De hecho, la lista de los municipios de más de 20.000 habitantes de Balears con los precios más altos del alquiler está encabezada por tres ibicencos: Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària.

En total, el informe señala que el 19% de la población de Balears —más de 233.000 personas— vive en situación de exclusión social, una cifra prácticamente estancada respecto a 2018. Aunque la exclusión severa se ha reducido un 13%, 94.000 personas continúan atrapadas en situaciones extremas.

Thomas Ubrich, sociólogo y miembro del equipo de estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa, subraya que no son las personas las que fallan, sino el sistema de protección social: «El crecimiento económico no ha ido acompañado de integración: el mito de que la gente vive de ayudas y prestaciones es falso. La mayoría de hogares trabajan, buscan empleo, estudian y se forman, pero chocan con problemas estructurales».

«La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna», advierte Ubrich, que subraya que «no fallan las personas, sino el sistema». Según el sociólogo, la mayoría de los hogares en exclusión activa estrategias para salir de esta situación, pero se encuentran con barreras estructurales y dispositivos fragmentados.

A pesar de que Balears ha generado empleo —pasando de 560.000 a 607.000 personas ocupadas desde 2018— el informe constata que este crecimiento no ha mejorado la integración social. Los salarios han aumentado un 20% en términos nominales, pero solo un 3,3% reales debido al encarecimiento del coste de la vida.

Más empleo y más exclusión

Balears crea empleo, pero no reduce la exclusión social. La precariedad laboral, la parcialidad involuntaria y los salarios insuficientes impiden que el trabajo funcione como vía de salida de la vulnerabilidad.

Cáritas reclama políticas ambiciosas para ampliar el parque público de viviendas y frenar las subidas «abusivas» de precios, después de que la vivienda se haya convertido en un «derecho fake».

El informe Foessa, según ha explicado Ubrich, constata también un grave déficit en el sistema de garantía de ingresos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha advertido, solo llega al 35% de las personas en pobreza severa en Balears, mientras que al 66% de los hogares en esta situación nunca ha llegado información sobre la prestación.

La Renta Social Garantizada (Resoga), por su parte, ha sufrido un «drástico retroceso», pasando de cubrir al 1% de la población en 2018 a sólo el 0,44% en 2024. Esta combinación, ha añadido, genera un «agujero informativo y administrativo» que deja sin protección a miles de hogares en situación de fragilidad.

Por otra parte, el informe detecta brechas que agravan la desigualdad. Las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión del 31%, más del doble que la población española. Los menores y jóvenes también figuran entre los grupos más vulnerables, ya que el 24% de los menores de 18 años y el 26% de las personas entre 18 y 44 años viven en exclusión social.

Los hogares con menores representan dos tercios de la población excluida en Balears. Además, la discriminación afecta a uno de cada cinco hogares, y casi uno de cada dos entre aquellos en exclusión; el 88% afirma haber perdido oportunidades laborales o relacionales a causa de ello.

Un estudio específico de Ibiza por su grave situación

El IX Informe Foessa sobre la Exclusión y el Desarrollo Social dedicado a Balears se basa en una encuesta realizada a 834 hogares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (con una muestra total de 2.021 personas) y forma parte de una investigación desarrollada por 140 especialistas de 51 universidades y entidades del Tercer Sector. En Ibiza se hicieron 285 encuestas y 551 en el resto de Balears. Además del informe sobre la situación general de Balears, Foessa ha elaborado un estudio territorial específico sobre exclusión y desarrollo social en Ibiza que se presentará a mediados de enero.

El sociólogo y miembro del equipo de estudios de Cáritas y la Fundación Foessa Thomás Ubrich alerta de que el modelo social actual «está agotado» porque «produce desigualdad, precariedad, aislamiento y una creciente desconfianza social», y reclama un nuevo pacto social basado en el cuidado, la justicia social y la sostenibilidad ecológica, al tiempo que propone políticas que actúen sobre las raíces de la desigualdad, con especial atención a la vivienda.

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