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El Govern aprueba la "herramienta jurídica" que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

Luz verde al decreto que incluye la fórmula legal necesaria para dicho envío

Vista aérea de la planta de triaje y parte de las instalaciones del vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulària.

Vista aérea de la planta de triaje y parte de las instalaciones del vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulària. / C. E.

Ibiza

Ya es oficial. Tras un acuerdo entre PP y Vox, el Govern balear ha dado luz verde este viernes al decreto de proyectos estratégicos que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, según ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo balear, el ibicenco Toni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern semanal.

"Este decreto habilita el transporte de residuos. Por tanto, ponemos la herramienta jurídica para que dicha medida sea posible", y ahora serán los consells insulares correspondientes, que tienen las competencias, quienes den los próximos pasos. En este sentido, Costa ha señalado que el Govern "no establece los plazos" de inicio del envío, sino que habilita la fórmula legal. Lo demás lo tendrán que concretar los consells de Ibiza y Mallorca.

El vicepresidente también ha aclarado que "se estipula que todo el rechazo que se genere en la isla de Ibiza será susceptible de ser trasladado" a Mallorca, es decir, no solo el excedente. "Esto se trata de un traslado de rechazo, lo que va a la planta incineradora de Tirme en Mallorca, no de los residuos reciclables", ha recordado.

50 millones para Mallorca

El mencionado decreto, a través de otra disposición, también habilita "un pago de 50 millones de euros al Consell de Mallorca para, en esencia, amortizar parcialmente las inversiones que en su momento se hicieron y dado que ahora recibirán también residuos de otras islas que en su momento no habían participado en esta financiación de las inversiones", ha explicado Costa.

La parte del decreto que lo explica recoge que "de acuerdo con la Ley de subvenciones, se establece una subvención legal a favor del Consell de Mallorca a cargo de los presupuestos generales de la Comunitat de les Illes Balears con el fin de contribuir en la financiación del coste soportado como Administración receptora, directa o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca, por un importe máximo de 50 millones distribuidos proporcionalmente hasta diez anualidades".

"En la medida en que se amortiza, también se reduce la tasa, lo cual afecta también a los ibicencos", añaden desde la vicepresidencia del Govern.

Al margen de esta cuestión de los residuos, el decreto de proyectos estratégicos busca simplificar y agilizar la tramitación de iniciativas públicas y privadas para atraer inversiones de alto valor añadido, fomentar la diversificación económica y promover la creación de empleo estable y de calidad. Al principio, la idea era que la prueba piloto del traslado de residuos se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre" de este año, según reconoció el propio presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. No obstante, la iniciativa quedó en el aire después de que Vox tumbara el pasado mes de octubre en el Parlament el propio decreto de proyectos estratégicos que hoy volverá a ser aprobado en el Consell de Govern.

Fue en mayo cuando el Consell de Ibiza, el Consell de Mallorca y el Govern balear anunciaron en rueda de prensa en Ibiza que habían alcanzado un acuerdo para trasladar a Mallorca los residuos de Ibiza y Formentera que actualmente todavía se tratan en el vertedero de Ca na Putxa. Entonces se explicó que los residuos comenzarían a trasladarse a Mallorca después de esta temporada, en "octubre o noviembre", en el marco de una prueba piloto para testear el propio traslado y la logística de transporte (marítimo y terrestre) correspondiente.

Pero todo quedó en suspenso porque en octubre, Vox tumbó en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos, después de que el PP no admitiese a trámite la iniciativa de los de Abascal para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas, anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa.

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