Pacma denuncia la posible actividad ilegal de Can Dog, clausurado por el Consell de Ibiza
El partido animalista alerta de que más de una veintena de perros siguen en el interior del centro pese a la orden de cierre

Imagen de archivo de varios perros en Can Dog. / R. E. Ibáñez
El Partido Animalista Pacma ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Baleares, la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y el Juzgado de Instrucción de guardia, para alertar de la presunta continuidad de la actividad en el centro de protección animal Can Dog, pese a su clausura cautelar.
El coordinador insular de la formación en Ibiza, Olivier Hassler, explica en una nota que ha trasladado a las autoridades que sigue recibiendo avisos vecinales y testimonios que apuntan a que unos 22 perros permanecerían todavía en el interior del recinto, cerrado administrativamente por el Consell de Ibiza el pasado 23 de octubre.
Según recuerda Pacma, la clausura incluía la prohibición de entrada de nuevos animales y la obligación de vaciar el centro en un plazo de siete días hábiles, tras detectarse presuntas irregularidades reiteradas por parte de los servicios veterinarios del Consell.
No obstante, la formación sostiene que en las instalaciones seguiría observándose actividad, algo "incompatible con la suspensión ordenada" y que, advierten, puede comprometer el bienestar de los animales si no se ha ejecutado correctamente el desalojo.
Ante esta situación, Pacma ha solicitado la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la retirada judicial de los perros, su traslado a un centro autorizado y la personación del Seprona para comprobar su estado.
La organización animalista recalca que mantener animales en un centro clausurado "supone un riesgo evidente para su vida e integridad" y exige una intervención inmediata por parte de las administraciones para garantizar que la orden de cierre se cumple y que la protección animal queda asegurada.
El Consell de Ibiza ha aclado la situación de Can Dog en un comunicado, en el que asegura que el propietario sigue un plan autorizado para reubicar a los perros y ha explicado que algunos canes pertenecen al dueño de la finca.
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