PSOE y Podemos celebran que el Constitucional admita el recurso contra la ley que permite construir en rústico: “Esta ley es un atentado más contra nuestro territorio”

La Federación Socialista de Ibiza (FSE) y Podemos Balears celebran la admisión a trámite del Tribunal Constitucional por el recurso presentado contra la Ley 4/2025 que aprobaron PP y Vox en el Parlament balear en julio de este año y permite edificar en suelo rústico sin servicios previos. "Este es el primer paso del recurso que pusimos con los otros partidos progresistas porque creemos que esta ley es un atentado más contra nuestro territorio, además de que supone pasar por debajo de cualquier planeamiento urbanístico de los municipios y el Plan Territorial Insular (PTI) sin ningún complejo", señala Pilar Costa, diputada del PSOE y portavoz de la FSE.

El recurso lo han impulsado varias entidades ciudadanas y cuenta con el apoyo formal de más de cincuenta diputados y diputadas de los grupos socialista, Sumar/Més y Mixto (Podemos). En una nota, Podemos Balears, apunta que su coordinadora, Lucía Muñoz considera la admisión del constitucional "un paso firme para defender el territorio y contra la especulación urbanística".

De este modo, se inicia un proceso que no será rápido y probablemente no se resuelva en esta legislatura por lo que, igual que ya ha advertido el GEN-GOB (una de las entidades firmantes), Costa apunta: "El propio PP crea una inseguridad jurídica porque habrá que ver cómo acaba todo lo que ahora está en los tribunales. Si [la Ley 4/2025] puede llegar a ser inconstitucional, mucho cuidado con todo lo que vas autorizando previamente".

Construir en rústico sin servicios previos

La Ley 4/2025 permite la construcción de viviendas en suelo rústico sin servicios previos —infraestructuras básicas como caminos, red de agua potable o de alcantarillado que normalmente se requieren para poder construir una vivienda— en municipios de más de 20.000 habitantes (todos los de Ibiza menos Sant Joan). Asimismo, posibilita incrementar la densidad residencial y la edificabilidad en suelo urbano y urbanizable en municipios de más de 10.000 habitantes y los llamados 'proyectos residenciales estratégicos' que modifican las condiciones fijadas por los planeamientos municipales vigentes (como que una promoción deba contar con plazas de aparcamiento o redes de abastecimiento).

"El argumento que es que se hace para obtener más suelo para hacer vivienda pública es, desde nuestro punto de vista, una excusa", indica Costa. "Al final lo que ha hecho el PP es reducir hasta prácticamente cero la posibilidad de hacer vivienda de protección oficial (VPO) para hacer vivienda de precio limitado (VPL), pero esto es una trampa porque supone un 30% más de precio que las VPO de toda la vida", añade la portavoz del FSE.

Otra "consecuencia" que para la agrupación socialista es "muy grave" es que "en las áreas de transición, que es suelo rústico, de los municipios de más de 20.000 habitantes se puedan hacer edificios sin haber agotado antes el suelo urbanizable", continúa Costa. La diputada recuerda que "cuando empezó esta ley, el PP dijo que se edificaría en suelo rústico siempre que se hubiera acabado el urbano o urbanizable pero, en el trámite de las enmiendas, PP y Vox pactaron quitar esta limitación y que se pueda urbanizar directamente en las áreas de transición".

Por este motivo, Costa señala que era su "obligación llevar a tribunales lo que es un desastre". "Hay que recordar que estamos en unas islas que tienen los recursos limitados y el territorio limitado. No podemos seguir creciendo de forma ilimitada porque es absolutamente insostenible. Luego nos escandalizamos por ver a trabajadores que viven en chabolas o caravanas cuando, por otro lado, se hace el discurso de que se quieren hacer viviendas a precios asequibles y eso no es verdad". En la misma línea, Podemos Balears señala que esta "ley representa un retroceso en la protección del territorio y responde únicamente a intereses especulativos, desvinculados de las necesidades reales de la ciudadanía".