Los guardias civiles piden cobrar también el plus de insularidad aprobado para los funcionarios del Estado en Baleares

La Asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) reclama que el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos para actualizar y equiparar el complemento de residencia en Baleares con el de Canarias se aplique también a los guardias civiles destinados en Ibiza, Formentera y el resto de islas baleares. El reciente acuerdo para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), que establece 206 euros mensuales en Mallorca y 410 euros en Ibiza, Formentera y Menorca, confirma para la asociación "la existencia de un sobrecoste de vida estructural" que, a su juicio, "Interior no puede seguir ignorando".

IGC recuerda que esta petición ha sido "planteada de forma reiterada en los últimos años", tanto en el Consejo de la Guardia Civil como en encuentros institucionales, "sin respuesta hasta el momento". La asociación señala que los guardias civiles afrontan el mismo aumento de precios en vivienda, suministros y desplazamientos que el resto de empleados públicos destinados en Baleares, pero sin percibir una compensación acorde a estas condiciones.

Para la organización, el acuerdo anunciado por Función Pública constituye un "precedente sólido para revisar el complemento de residencia en el ámbito del Ministerio del Interior". La equiparación con Canarias en la AGE "demostraría que el Gobierno reconoce el desequilibrio económico que afecta a quienes trabajan fuera de la península", por lo que dejar fuera a los cuerpos de seguridad sería, según IGC, "incoherente con la estructura general del Estado".

"No puede haber funcionarios de primera y de segunda"

En una nota de prensa, el vicepresidente y portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández, afirma que "no puede haber funcionarios de primera y de segunda en un mismo territorio. Si el Gobierno acepta que vivir y trabajar en Baleares implica un incremento real de los gastos mensuales, ese reconocimiento debe alcanzar también a los guardias civiles". Fernández advierte además de que las plantillas "siguen perdiendo efectivos porque, sin incentivos adecuados, el destino en las islas resulta poco atractivo para muchos profesionales".

La asociación alerta de que la situación "podría empeorar si no se corrige la desigualdad generada por esta actualización parcial". "Mientras otros colectivos estatales percibirán incrementos significativos, los guardias civiles continuarían sin una compensación proporcional, lo que afectaría a la cobertura de vacantes y a la estabilidad de los equipos operativos", añaden en su nota.

Exigen un calendario de aplicación

IGC considera "imprescindible" que Interior establezca un calendario de trabajo para abordar esta cuestión con criterios homogéneos y cuantías equivalentes a las aprobadas para el resto de funcionarios del Estado. A su juicio, la planificación de recursos humanos en Baleares debe incluir medidas específicas que garanticen la atracción y permanencia del personal, especialmente en áreas con elevada carga de trabajo y presión asistencial.

"Hablamos de un reconocimiento justo y necesario para quienes garantizan la seguridad del archipiélago", señala Fernández. "No pedimos privilegios, sino una compensación adecuada a la realidad económica de Baleares y coherente con el modelo de Administración que el propio Gobierno ha definido para otros ámbitos", añade.

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