Dos sanciones por alquiler turístico ilegal en Ibiza por más de 740.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este lunes dos expedientes sancionadores por uso turístico ilegal de viviendas, que suman un importe total de 740.239,51 euros, correspondientes al valor de las edificaciones afectadas —453.416,77 euros en un caso y 286.822,74 euros en el otro—. Sobre estas cuantías se aplican los criterios sancionadores previstos en la normativa urbanística vigente, al haberse acreditado un cambio de uso de residencial a turístico sin el título habilitante necesario, una infracción tipificada como grave en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, según informa el Consistorio en un comunicado.

En una de las inspecciones realizadas en 2024 por la Policía Local los agentes comprobaron que la primera vivienda sancionada se destinaba a uso turístico de forma contraria a la ordenación urbanística. En aplicación del artículo 167.4 de la Ley 12/2017, que establece sanciones del 50 % al 100 % del valor de la edificación cuando el cambio de uso no está permitido, se ha impuesto la correspondiente sanción, señala el Ayuntamiento en una nota.

El segundo expediente afecta a otra vivienda donde también se verificó un uso turístico no autorizado, por lo que se ha dictado otra sanción por el cambio de uso. En este caso, la sanción se ha aplicado de acuerdo con los artículos 163 y 167 de la Ley 12/2017 y el reglamento del procedimiento sancionador aprobado por el Decreto 1/2024, que regulan los criterios de graduación y responsabilidad en materia urbanística.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha subrayado la importancia de actuar con firmeza ante estas prácticas. "Los pisos sin licencia turística no se pueden alquilar a quien viene a Ibiza de vacaciones porque suponen una competencia desleal al sector hotelero o de vivienda turística legal. Continuaremos con la presión contra los que incumplen las normas", ha afirmado Triguero.

Alquiler de habitaciones

Se da la circunstancia de que la semana pasada un juzgado tumbó la multa del Consell a una mujer que comercializaba habitaciones de su domicilio a través de la plataforma Airbnb. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma entiende que no constituía ninguna infracción porque no se trataba de la vivienda entera.

Por su parte, el Consell aseguró que esta resolución judicial, lejos de suponer un revés en su lucha contra el intrusismo, no creaba jurisprudencia y no tendría consecuencias futuras a causa de la última modificación de la Ley Turística. La multa ascendía a 20.000 euros y los hechos ocurrieron en 2021.

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