El Govern Armengol acató de inmediato las órdenes de Aldama para contratar PCR

El Govern Armengol mostró una diligencia mayúscula para obedecer a Víctor de Aldama, imputado y comisionista de la presunta organización criminal de José Luis Ábalos y Koldo García. Sin importar el fiasco del primer pelotazo de cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas, el PSOE balear acató de inmediato las órdenes del destacado miembro de la trama para una segunda contratación de PCR de detección de la covid, pruebas que después serían declaradas nulas por el Constitucional. El resultado fue un pago inicial de 465 mil euros.

El servilismo del Govern Armengol frente a Aldama permitió que el empresario perseguido en diversas causas de corrupción pregonara en sus audios que «Baleares ya han dicho OK», según adelantó este periódico el pasado miércoles. La grabación que tenía por destinatario a Ignacio Díaz Tapia, responsable de los laboratorios Eurofins Megalab que cobrarían los análisis inconstitucionales, se produjo en los primeros días de diciembre de 2020.

Apenas un mes más tarde, el 15 de enero de 2021 y con las Navidades de por medio, se firmaba el acuerdo entre el Govern Armengol y la trama corrupta para la «realización de pruebas PCR a los residentes baleares que viajan desde la Península». Fue la primera y casi única comunidad en que se impuso el segundo pelotazo. De hecho, sirvió de señuelo para la única región también implicada, la Canarias del hoy ministro Ángel Víctor Torres.

La celeridad del Govern Armengol, al atender a cualquier petición de la trama investigada por la Audiencia Nacional y el Supremo, se acentúa en el caso de las PCR. Pese a tratarse de un contrato próximo al medio millón de euros, se efectúa por el «procedimiento negociado sin publicidad», según consta en la Plataforma de Contratación a la que fue aportado un mes después de sustanciarse.

Pese a que la pandemia ya llevaba un año de vigencia, el IB-Salut presidido y dirigido por el matrimonio de Patricia Gómez y Juli Fuster motivaba la adjudicación sin competencia y sin seguir los trámites más elementales, por la «Emergencia Covid-19». En la «justificación» exigida se ahondaba en la dramatización de los fondos exigidos por Aldama, al señalar que se trataba de una «situación de extrema urgencia». La Oficina Anticorrupción de Balears ya había señalado que era exagerado asignar este peligro extremo a compras de mascarillas en la primavera de 2020, cuanto más entrado ya el 2021.

Las fechas de contratación de las PCR confirman al milímetro las exigencias de Aldama, así como su cumplimiento estricto. En su audio de diciembre, el empresario en principio externo al Govern Armengol detallaba de viva voz que «Balears empiezan con un contrato pequeño de 30 mil euros. Dicen que es lo que pueden hacer de principio, y luego ir renovando ese contrato a medida que vayan funcionando».

Por tanto, el propio Aldama debió verse felizmente sorprendido al contemplar cómo el Govern Armengol no solo superaba todos los obstáculos en pocas semanas y en plena estación navideña, sino que multiplicaba por quince la cifra inicialmente impuesta por la presunta organización criminal. En este punto, pudo ser decisiva la vía de obtención del dinero. La Plataforma de Contratación señala que se procedió a la «Financiación con fondos de la Unión Europea», para obsequiar a una trama que servía material fraudulento.

Al destapar la UCO que en agosto de 2020 se entablaron las negociaciones o imposiciones que cuajan en el primer contrato de PCR, el PSOE corrió a desmentir que se hubiera contratado a Megalab durante el primer año de la covid. En efecto, fue en 2021, el segundo año y por una cifra millonaria. El acuerdo tenía una vigencia de cinco meses.

Al igual que ocurre con las mascarillas, la velocidad de la obediencia del Govern Armengol contrasta con la lentitud auditora del Govern Prohens. La actual presidenta anunció en octubre de 2024 una revisión de los contratos con Medialab. Más de un año después se ignoran las conclusiones alcanzadas, si las hubiere. El PP adjudicó a Medialab un contrato elaborado por el PSOE.

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