Piden penas de seis años por blanquear dinero de la mafia rusa en Ibiza y Formentera

Cinco años después de la macrooperación policial para desmantelar una trama de presunto blanqueo de dinero de la mafia rusa en la provincia de Alicante, Ibiza y Formentera, el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha acordado la apertura de juicio oral a cinco procesados después de que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada haya presentado su escrito de acusación, donde solicita penas de seis años de prisión para cada uno por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales mediante inversiones en el sector inmobiliario, la hostelería y el ocio.

Además de las dos penas de tres años de prisión solicitadas por cada delito, la acusación pública reclama para cuatro de los cinco procesados -todos rusos excepto un ucraniano- multas que suman más de 22 millones de euros por el blanqueo de capitales. Las multas solicitadas oscilan entre 600.000 y 8.221.000 euros y también se reclama el decomiso del dinero intervenido en las cuentas y los bienes muebles e inmuebles embargados. Entre los procesados se encuentra un abogado ruso afincado en Altea -A. S.-, al que la jueza calificó como lobista del PP y la Fiscalía sostiene que creó una red de contactos con cargos públicos de la provincia de Alicante y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para beneficiar a sus clientes.

Esta macrocausa contra el presunto blanqueo de dinero de la mafia rusa, judicializada desde 2015, se abrió inicialmente con 40 personas investigadas, entre ellas concejales o exediles populares de Benidorm y Altea y miembros de la Guardia Civil y la Policía. Con posterioridad se decretó el archivo de las actuaciones para algunos implicados al considerar que no había pruebas contra ellos y el juzgado de Benidorm tuvo que acordar además el sobreseimiento para 18 implicados tras anular la Audiencia de Alicante la citación de los investigados para declarar al estar fuera del plazo de instrucción, que no se prorrogó por un error judicial. Más de una veintena de detenciones se realizaron en diciembre de 2020 en Altea, Alicante, Finestrat, Eivissa, Madrid y Valencia.

Tras la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y el auto de apertura de juicio oral, los abogados de los acusados deben presentar ahora sus escritos de defensa, donde presumiblemente plantearán numerosos defectos detectados en el procedimiento que, a su juicio, conllevan la nulidad de las actuaciones. La Fiscalía recuerda en su escrito que aún está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación contra el sobreseimiento acordado por el juzgado de Benidorm.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, la Policía detectó en 2013 «extraños movimientos de capital» realizados por ciudadanos rusos afincados en Alicante, los cuales recibían grandes transferencias de dinero de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de otras mercantiles de Letonia y Reino Unido relacionadas con la industria energética. El origen de dichos fondos no estaba «suficientemente justificado» y se trataba de operaciones comerciales de «dudosa legalidad» y movimientos de «sustanciosas cantidades monetarias entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades».

Dinero de la corrupción

El dinero fue invertido en España en negocios de ocio, hostelería e inmobiliarios y, según la Fiscalía, procedía de «la corrupción tanto de políticos y empresarios rusos de la zona de Nihzny Novgorod (Rusia), así como de algunas personas vinculadas a la criminalidad organizada exsoviética». Todos ellos visitaron la zona de Alicante, Málaga e Ibiza como si fueran turistas u hombres de negocios.

Las operaciones de blanqueo cuestionadas por la Fiscalía son la compra de viviendas en La Nucia y Altea, unos terrenos en Formentera y un acuerdo para alquilar un complejo hostelero en Ibiza por seis millones de euros al año. Se financiaron con hipotecas y se realizaban en las cuentas ingresos en efectivo con dinero de las actividades delictivas, según Anticorrupción. En Altea se incluye también la creación de una empresa para una promoción de viviendas de lujo cuyo propietario real era S.I., uno de «los oligarcas ligados al crimen organizado en Rusia y al Gobierno ruso desde la toma de poder de Vladimir Putin», sostiene la Fiscalía.

El acusado M.K., según el Ministerio Público, era el «cerebro financiero de la organización» y encargado del «afloramiento del dinero de sus clientes, controlando un entramado de empresas a nombre de testaferros u hombres de paja y realizando operaciones bancarias opacas orientadas a ocultar el origen de los fondos y evitar su trazabilidad». El fiscal sostiene que mantenía «importantes lazos con autoridades criminales rusas» y le acusa de varias operaciones inmobiliarias de blanqueo en las que actuó en representación de ciudadanos rusos vinculados al crimen organizado.

Según la acusación, el procesado N.M. captaba clientes entre empresarios, políticos y el crimen organizado ruso y era mediador con varios empresarios españoles, a los que conectaba con empresarios rusos, algunos vinculados a la criminalidad organizada.

Por otro lado, al abogado ruso A.S. se le acusa de tener contactos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que le permitían acelerar y facilitar la residencia a clientes rusos, a los que les cobraba una contraprestación económica que usaba luego para hacer regalos a «miembros policiales». También tenía contactos en la Administración española y en la política y los usaba «para crear una red clientelar de favores» que usaba en su beneficio para su despacho de abogados y sus negocios inmobiliarios. Este letrado, según la Fiscalía, colaboraba con los otros dos acusados anteriores y les presentó a algunos políticos y empresarios rusos, uno de los cuales aparece vinculados a los líderes de dos clanes de la mafia rusa.

Un tercer procesado -M. Z.- es un empresario ruso que estaba en estrecho contacto con varios líderes de la criminalidad organizada y viajaba a España y a otros países en busca de negocios donde invertir el dinero de las actividades ilícitas.

La Fiscalía se refiere en su escrito a otros ciudadanos rusos relacionados con el crimen organizado que no están encausados, como S.S., el cual estaba reclamado en 2005 por «asesinato de carácter mafioso» y realizó varias compraventas inmobiliarias en la zona de Alicante y en Formentera a través de dos de los acusados.

El quinto acusado es el hacker ucraniano D.K., quien fue condenado por la Audiencia Nacional por estafar cinco millones de euros a entidades bancarias a través de programas que permitieron la extracción de dinero en cajeros de varios países. El fiscal sostiene que el acusado M.K mantenía con D.K.egocios de inversión en criptomonedas para ocultar parte de los beneficios de la actividad delictiva de la organización investigada.

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