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Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza

El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal dos años después de que Santa Eulària rescindiera el contrato por irregularidades

Un guardia civil, en Can Dog durante una concentración animalista en 2019.

Un guardia civil, en Can Dog durante una concentración animalista en 2019. / Toni Escobar

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Durante más de tres décadas, Can Dog ha sido un nombre asociado a la recogida y acogida de animales abandonados en Ibiza. Ubicado en Sant Llorenç, este centro llegó a firmar contratos con varios ayuntamientos de la isla y presumía de haber rescatado a miles de animales desde su apertura. En estos momentos, sin embargo, su historia atraviesa un momento oscuro: el Consell de Ibiza ha ordenado su cierre cautelar tras una inspección que detectó presuntas irregularidades en la gestión y en las condiciones del servicio.

El episodio pone el foco en un conflicto que empezó hace más de dos años. En febrero de 2023, el Ayuntamiento de Santa Eulària decidió rescindir el contrato con la empresa por lo que calificó como “numerosas infracciones” en la prestación del servicio de recogida, acogida y adopción de animales.

El expediente sancionador municipal, recogido en la resolución de 16 de febrero de 2023, documentaba más de medio centenar de incumplimientos, la mayoría administrativos: deficiencias en el control sanitario, en el registro de entradas y salidas de los animales, en la comunicación de adopciones o en la identificación de los ejemplares.

A ello se sumaban una infracción grave —no recoger un animal cuando se solicitó— y una muy grave —no llevar a un perro al veterinario cuando fue requerido—, ambas consideradas por el Consistorio incompatibles con la continuidad del contrato.

Imagen de archivo de varios perros en Can Dog.

Imagen de archivo de varios perros en Can Dog. / R. E. Ibáñez

La decisión no se tomó a la ligera. La propia resolución municipal insistía en que la medida buscaba garantizar el bienestar animal y la correcta prestación de un servicio que afecta directamente a la salud pública. A partir de ese momento, la Fundació Natura Parc asumió la recogida de animales en el municipio de forma provisional. Dos semanas antes, las dudas sobre Can Dog habían llegado al pleno municipal, en el que el PSOE del municipio se interesó por la situación del centro, a lo que la entonces concejala de Medio Ambiente contestó que no tenían ninguna queja oficial del centro. Sólo dos semanas antes de que el propio Ayuntamiento tomara la decisión.

El propietario lo negó todo

La respuesta del propietario de Can Dog no se hizo esperar. En abril de 2023 rompió su silencio y negó categóricamente cualquier negligencia, defendiendo su gestión y la calidad de sus instalaciones. Señaló que, tras el anuncio de Santa Eulària había sido víctima de un "linchamiento" y de una campaña de "difamación", especialmente en redes sociales. El centro, fundado en 1986, en sus inicios, cuando se llamaba también Falcon Park, acogía sesiones de terapia con animales para personas con discapacidad y organizaba campamentos de verano con caballos y excursiones nocturnas.

“Nos acusan de irregularidades administrativas, pero no de maltrato animal”, declaró entonces, asegurando que se sentía víctima de una campaña de desprestigio. El propietario anunció que interpondría una querella contra el Ayuntamiento de Santa Eulària, alegando que la decisión política había dañado la reputación de un centro con más de 37 años de historia. El propio Ayuntamiento reconocía que los incumplimientos de la empresa eran administrativos y que no había habido maltrato animal, sin embargo, un portavoz municipal insistía: "Son faltas leves, pero, después de tanta repetición, pasan a ser graves".

En aquel momento, Can Dog, que abría sus "instalaciones de primera categoría" al público, afirmaba haber recogido más de 17.600 animales, de los cuales el 70% fueron devueltos a sus dueños y más de 5.000 adoptados. “Nunca habíamos tenido conflictos con los ayuntamientos; todos hablaban bien de nosotros”, defendía su propietario, convencido de que el cierre del contrato respondía a “una decisión injusta y desproporcionada”.

Según explicaba, los animales disponían de 14 parques para jugar entre ellos, una zona de adiestramiento de 1.800 metros, y circuitos de paseo por la finca que alquila Can Dog en Sant Llorenç, de 65.000 metros cuadrados, de los que 40.000 conforman un pinar. "Aquí hemos montado un rancho de primera categoría. Conozco muchos centros de la Península y ninguno tiene tantos espacios como nosotros", subrayaba su propietario.

Una trayectoria bajo la lupa

El conflicto con Santa Eulària abrió una grieta que no se ha cerrado. Las quejas sobre las condiciones del centro y la gestión de los animales llegaron hasta el Consell de Ibiza, que inició su propia investigación.

Las conclusiones de esa inspección han derivado ahora en la orden de cierre cautelar del centro, una medida excepcional que se adopta ante la existencia de deficiencias graves en las instalaciones y en el trato a los animales, según indica el Consell.

El expediente abierto por la institución insular aún está en trámite, pero el cierre preventivo marca un punto de inflexión en la historia de Can Dog, una empresa que durante años fue sinónimo de servicio público en materia de bienestar animal y que ahora se enfrenta a un futuro incierto.

El Consell ha comunicado que la prioridad es garantizar la reubicación de los animales que permanecen en las instalaciones y asegurar que reciban la atención adecuada mientras se determina el alcance real de las irregularidades.

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