Exceltur pone a Ibiza como ejemplo de la lucha contra el alquiler turístico ilegal
El último informe de la asociación turística destaca «el esfuerzo» desarrollado por el Consell para erradicar las viviendas turísticas ilegales de las plataformas de comercialización ‘on-line’

Turistas pasean por una calle de la Marina. | VICENT MARÍ
El último informe de Exceltur (asociación sin ánimo de lucro formada por 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística) sobre Perspectivas Turísticas de 2025 y valoración de los resultados turísticos del pasado verano, destaca «el esfuerzo» desarrollado en Ibiza para erradicar las viviendas turísticas ilegales de las plataformas de comercialización on-line. Al respecto, indica que este verano se produjo «una incipiente reducción» (del -3,7% en toda España respecto a la misma época de 2024) «de la oferta de viviendas turísticas en las 25 principales ciudades españolas, fruto de la positiva entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y los esfuerzos desiguales de los responsables públicos de los diferentes destinos para luchar contra la ilegalidad». En una especie de ranking de esfuerzos «por erradicarla», coloca en primer lugar a Ibiza, por delante de Valencia, Palma, San Sebastián, Barcelona «y, más recientemente», Madrid.
De hecho, Exceltur otorga a Ibiza el mayor porcentaje de reducción interanual (hasta agosto) de plazas existentes en plataformas como Airbnb, un 40,9%. Le siguen, a muchísima distancia porcentual, A Coruña (-28%), Palma (-17,4%), Murcia (-14,2%), Gijón (-11,4%), Valencia (-11,3%) y Madrid (-5.391).
Más en los próximos meses
Exceltur valora «este paso dirigido a erradicar la ilegalidad en la prestación de servicios de alojamiento turístico que, como en el resto de servicios del sector, debe someterse a la legislación urbanística y de ordenación turística vigente en cada destino, con el fin de preservar el equilibrio con los residentes y garantizar una cobertura y un estándar de servicios a los turistas». Confía en que esa lucha contra el intrusismo «se intensifique en los próximos meses», para lo cual considera que es «determinante» tanto el cumplimiento de la legalidad por parte de las plataformas on-line, «que hasta la fecha se han beneficiado de la comercialización de viviendas que no cumplían con las normas existentes», como de la «determinación de las comunidades autónomas y locales para hacerlas cumplir con los medios necesarios», como ya hacen el Govern y el Consell de Ibiza.
Porque la expulsión de esos anuncios de viviendas turísticas ilegales del mercado «está siendo muy desigual por destinos», critica Exceltur, que afirma que se producen «en función de la prioridad política concedida por los equipos autonómicos y locales». Máxima prioridad en el caso de Ibiza, que Exceltur pone como ejemplo por haber creado desde su Consell (impulsada por el conseller Mariano Juan) «una oficina de intrusismo que ha permitido reducir de forma notable la ilegalidad». Contrasta la batalla de la isla contra esa lacra con el desinterés de otros destinos turísticos, según Exceltur, que considera que deberían «incrementar y reforzar los instrumentos (personal de inspección, sistema sancionador y agilidad en la denuncia) para acabar con aquellos anuncios que no cuentan con el registro que verifica su cumplimiento normativo».
Alquiler de habitaciones
Y advierte contra dos tendencias detectadas en el mercado que califica de «preocupantes» y con las que los piratas intentan esquivar las medidas implementadas para luchar contra el intrusismo turístico. Una de ellas es «el aumento de la ilegalidad en el alquiler de habitaciones», que se da abrumadoramente en Barcelona, ciudad que «controla la oferta de viviendas completas, mientras que la de las habitaciones ha aumentado notablemente».
La otra tendencia es la solicitud de números de registro de alquiler de temporada para operar en el mercado turístico. Se evita así la legislación turística y urbanística que las regula. Son dos fenómenos a los que Ibiza debe estar alerta porque son «muy difíciles de ser identificados sin la colaboración de las plataformas que las comercializan», que suelen hacerse las remolonas en estos casos.
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