Esteban Morelle, en el Foro Marino de Ibiza y Formentera: "Debería aplicarse la vía penal en algunos casos de destrucción de la posidonia"

«No siempre son suficientes las sanciones económicas cuando se destrozan praderas de posidonia en las Pitiusas». Estas son las firmes palabras del investigador, criminólogo y profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Jaume I de Castellón, Esteban Morelle-Hungría, durante la tercera y última jornada de la séptima edición del Foro Marino de Ibiza y Formentera, celebrada en la sede de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef).

Durante su ponencia, en la que explica varios ejemplos de grandes embarcaciones de más de 80 metros de eslora que han destruido kilómetros y kilómetros de posidonia en las islas, el criminólogo considera que la Administración pública debería ser más contundente con los infractores: «La legislación contempla sanciones que pueden llegar hasta los dos millones de euros, pero he escuchado que la multa máxima impuesta hasta la fecha es de unos 60.000 euros. Pagar esta cantidad no supone un gran problema para alguien que tiene una embarcación de, por ejemplo, 140 metros de eslora. La sanción económica no es efectiva en casos así».

Morelle afirma que «la vía administrativa debe ser el primer camino para sancionar a las personas que alteran el ecosistema natural». A pesar de ello, tras «analizar la posible aplicación del Código Penal en casos en los que se han provocado daños graves a la posidonia», el investigador matiza que «hay ciertas situaciones en las que se debería dejar de lado el Derecho administrativo y aplicar la vía penal». «Hay casos en los que la sanción administrativa es insuficiente, ya que suponen un enorme perjuicio para una especie declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que tarda cientos de años en regenerarse».

"La vía penal es la última solución"

Para Morelle, "la vía penal es la última solución". Al margen de aplicarse en casos de "daños irreversibles", también considera que se de debe poner en funcionamiento cuando "la vía administrativa ha fallado". De momento, «no hay ninguna sentencia penal por daños a la posidonia en las Pitiusas». No obstante, Morelle opina que «es necesario que esta posibilidad —en referencia a la vía penal— se enseñe a los juristas, ya que es una herramienta que está a su alcance».

El profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Jaume I de Castellón indica que "la vía penal se puede aplicar a personas por conductas de acción, pero también de omisión".

«Contradicciones en la legislación vigente»

El criminólogo también se muestra crítico con la legislación actual, «ya que, a pesar de que en Baleares la posidonia cuenta, en principio, con plena protección jurídica, existen contradicciones en su aplicación, al seguir destruyéndose gran parte de las praderas de esta especie endémica acuática».

En el seminario formativo, Morelle, a pesar de centrar su discurso en el impacto del fondeo de embarcaciones de más de 80 metros de eslora, dejó claro que estas no son las principales responsables de la destrucción de las praderas de posidonia. «Hay que hacer un análisis a escala. El impacto que genera una gran embarcación es, individualmente, mayor que el de una pequeña. Sin embargo, posiblemente haya en Ibiza y Formentera un número mucho mayor de pequeñas embarcaciones que de grandes, y estas acaban destruyendo más posidonia».

Al margen de reclamar sanciones económicas más severas y acordes con las capacidades de los propietarios de grandes embarcaciones, así como de aplicar la vía penal en los casos graves como última instancia, Morelle propone otras soluciones a una problemática medioambiental que está a la orden del día. Para ello, reclama «que incluso se lleguen a incautar las embarcaciones infractoras hasta que asuman su responsabilidad».

La urgente necesidad de ser más inflexibles, desde un punto de vista jurídico, para evitar seguir destruyendo la posidonia va más allá del impacto de las embarcaciones, independientemente de su tamaño. Morelle recuerda que la salmuera que se vierte al mar sigue siendo algo normalizado y legal en Ibiza y Formentera, a pesar de que “daña la ecología marina”. También subraya que “los vertidos representan un gran problema para la fauna marina local y es un delito medioambiental”.

La mejora de la ley debe servir para que la ciudadanía se sienta en igualdad de condiciones: “No puede ser que se impongan sanciones y los infractores continúen incumpliendo la legislación. Esto genera una gran desconfianza entre la población respecto al cumplimiento de la normativa vigente”.

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