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El Gobierno destina 1,2 millones a Balears para la atención a la infancia migrante no acompañada

La nueva partida forma parte de un crédito extraordinario de 13 millones para los territorios fronterizos, que se debatirá el 17 de octubre en la Comisión Sectorial

Imagen de una trabajadora de los servicios de Cruz Roja junto a un niño que llego a El Hierro a bordo de un cayuco junto a 63 inmigrantes en junio de 2024.

Imagen de una trabajadora de los servicios de Cruz Roja junto a un niño que llego a El Hierro a bordo de un cayuco junto a 63 inmigrantes en junio de 2024. / Gelmert Finol

Ibiza

El Ministerio de Juventud e Infancia elevará a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la propuesta de transferencia de un crédito extraordinario de 13 millones de euros para reforzar la atención a la infancia migrante no acompañada en los territorios con mayor presión migratoria.

Según fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego, la propuesta —que será analizada el 17 de octubre en la Comisión Sectorial antes de su validación definitiva a comienzos de noviembre— prevé distribuir el fondo de la siguiente manera: Canarias recibirá 5 millones de euros, Ceuta 4,1 millones, Melilla 1,7 millones y Balears 1,2 millones, tras su reciente declaración de emergencia migratoria.

El Ministerio subraya que esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida autonómicos y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. En total, incluyendo esta nueva partida, el Ejecutivo ha puesto a disposición de las comunidades y ciudades autónomas 135 millones de euros en 2025, sumando los 22 millones aprobados previamente y el fondo de 100 millones vinculado al Real Decreto-ley 2/2025, que regula la acogida de menores no acompañados.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han defendido que estos recursos permiten reforzar la cooperación institucional y evitar la sobrecarga en los territorios fronterizos, donde se concentra el mayor número de llegadas. Además, fuentes ministeriales han denunciado que “determinadas comunidades autónomas siguen tratando de boicotear las reubicaciones de los niños, niñas y adolescentes desde los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria”, y han advertido de que “los datos demuestran que no se trata de falta de recursos, sino de una política racista que criminaliza a la infancia migrante”.

Aun así, las mismas fuentes han destacado que las primeras reubicaciones ya se han producido y que el protocolo de traslado “sigue su curso con normalidad y garantizando el interés superior de los menores”.

En el caso de Balears, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, ha celebrado la nueva asignación de fondos y ha recalcado que el Estado “pone recursos a disposición de las administraciones autonómicas para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de acogida y para que prevalezca el interés superior de los niños y niñas”.

También ha insistido en que la solución debe ser “solidaria y compartida entre todas las comunidades autónomas”, en línea con el principio de corresponsabilidad territorial promovido por el Ejecutivo central.

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