Santa Eulària adjudica la construcción y gestión de 94 viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls
Su alquiler partirá de los 662 euros para dos personas, 909 para tres o cuatro y 1.168 para familias de más de cuatro miembros

El terreno en Puig d'en Valls en el que se contruirán las viviendas de precio limitado. / AJ. Santa Eulària

El pleno extraordinario de octubre del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó adjudicar el contrato para la promoción y la gestión de 94 viviendas de precio limitado (VPL) en Puig d'en Valls a la UTE Fundació Privada Salas. PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y Vox se abstuvo.
Del total de viviendas, 28 serán para una o dos personas, 51 para tres o cuatro y 15 de ellas para familias de más de cuatro miembros. Las primeras tendrán una superficie útil de 51 a 60 metros cuadrados y se alquilarán a partir de 662 euros al mes. Las segundas estarán entre los 70 y 82 metros cuadrados y su mensualidad partirá de 909 euros. Las más grandes dispondrán de 90 a 106 metros cuadrados y se alquilarán desde 1.168 euros.
Se prevé que las obras, valoradas en 21.090.659,37 con IVA incluido, empezarán en junio de 2026 y finalizarán en enero de 2028. Las actuaciones se desarrollarán sobre dos parcelas de titularidad municipal cedidas mediante derecho de superficie durante 75 años. Tras este periodo, el suelo y el edificio volverán a ser propiedad del Ayuntamiento.
Para optar al alquiler de estas viviendas la UTE exigirá tres requisitos: ser residente fiscal en España; no disponer de ninguna vivienda en propiedad en el país y haber estado empadronado en Santa Eulària como mínimo diez años en los últimos 20.
En la oposición, el partido municipal socialista denunció que con este tipo de viviendas se "deja al 65% de la población" sin la oportunidad de optar a ellas "porque se piden rentas más caras" que en una vivienda de protección oficial (VPO). "No es asequible si se tienen en cuenta los sueldos" de los residentes, señaló su portavoz, Alan Ripoll. Álvaro de la Fuente, de Unidas Podemos, calificó la cesión como "ejemplo de suelo municipal perdido" y Paula Salsoso, de Vox, indicó que "el proyecto no garantiza la verdadera política de vivienda pública".
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