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El Govern permitirá doce nuevas farmacias en los municipios de Ibiza

La medida abre la puerta a nuevas oficinas en zonas con fuerte presión turística y demográfica

Sant Joan y Formentera no tendrán más farmacias

Vila podrá contar con dos farmacias más, según el catálogo. | TONI ESCOBAR

Vila podrá contar con dos farmacias más, según el catálogo. | TONI ESCOBAR

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Palma/Ibiza

La Conselleria de Salut ha aprobado la revisión del Catálogo farmacéutico de las Illes Balears, un documento clave que determina cuántas farmacias puede tener cada municipio en función de su población estable y estacional. La medida abre la puerta a la creación de nuevas oficinas en zonas con fuerte presión turística y demográfica, especialmente en Mallorca, con 35 nuevas, e Ibiza, con doce más, mientras que en otros casos descarta alegaciones de farmacéuticos que reclamaban cambios en los cálculos oficiales.

El catálogo vigente databa de 2015, y su actualización se había retrasado por la complejidad de los trámites y por varias sentencias judiciales que afectaban a farmacias adjudicadas en concursos anteriores. Tras iniciar el procedimiento en 2023, la administración ha trabajado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Conselleria de Turisme, que certifican tanto la población fija como las plazas turísticas y las segundas residencias.

La ley balear fija un criterio: una farmacia por cada 2.800 habitantes y la posibilidad de abrir otra adicional si hay un exceso superior a 2.000 personas. A esto se suma un «módulo estacional» que contempla la presión turística, con un cálculo equivalente a una farmacia extra cada 3.500 habitantes estacionales.

Farmacias donde más hacen falta

Con estos parámetros, la revisión confirma que en cuatro municipios de la isla de Ibiza se pueden abrir nuevas farmacias: Vila, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària. Sant Joan se quedaría con las tres actuales. Formentera, por su parte, tampoco puede sumar ninguna nueva.

La isla de Ibiza cuenta en la actualidad con 56 farmacias, 55 en los diferentes pueblos y una en el aeropuerto, y con el nuevo catálogo se podrán abrir doce más hasta 68. Por municipios, en Vila se podrá pasar de 19 a 21, en Sant Antoni de 9 a 12, en Sant Josep de 8 a 13 y en Santa Eulària de 16 a 18. El catálogo no especifica los núcleos de población concretos en los que podrían estar.

De las 19 existentes en Vila hay una que es objeto de un concurso de méritos convocado en 2024, pero se encuentra abierta provisionalmente a la espera de una nueva adjudicación. El catálogo justifica que caben dos nuevas por el aumento de población.

En Sant Antoni una de las nuevas que se proponen en realidad ya fue adjudicada en 2015, pero el adjudicatario renunció. En Sant Josep hay una que tiene que abrir en dos semanas en Sant Jordi y de las cinco nuevas en el catálogo cuatro ya fueron objeto de un proceso anterior de adjudicación, pero no llegaron a abrir. En Santa Eulària también hay una que tiene que abrir en dos semanas, concretamente en Puig d’en Valls.

El Govern subraya que la finalidad del catálogo es asegurar que toda la población, fija y flotante, tenga acceso adecuado a los servicios farmacéuticos, en un contexto en el que la presión turística multiplica la demanda en determinadas zonas durante los meses de verano.

En total, la revisión actualiza también la situación de las farmacias existentes, incluidas aquellas en aeropuertos, las de nueva adjudicación pendientes de ejecución judicial y las farmaciolas autorizadas en núcleos aislados.

La aprobación definitiva del catálogo abre la vía a nuevos concursos de adjudicación, que marcarán el futuro del mapa farmacéutico balear en los próximos años. Farmacéuticos locales, municipios y el Col·legi Oficial de Farmacèutics (Cofib) estarán muy atentos a la convocatoria de plazas, ya que cada apertura puede alterar el equilibrio económico de las oficinas existentes.

Con esta resolución, Balears recupera el pulso en la planificación farmacéutica tras una década sin cambios, y lo hace en un momento de crecimiento demográfico y turístico que obliga a repensar cómo y dónde deben ubicarse las farmacias para garantizar un servicio esencial de salud pública.

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