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Casi 600 alojamientos turísticos se regularizan en el censo del impuesto sobre estancias en Baleares

Se han realizado 1.475 requerimientos a establecimientos con licencia turística que no figuraban en el registro del Impuesto de Turismo Sostenible

Antoni Costa durante una rueda de prensa

Antoni Costa durante una rueda de prensa / CAIB

El Govern balear ha tramitado 1.475 requerimientos a establecimientos que figuraban en los registros turísticos insulares, es decir, con licencia en vigor, pero que no estaban inscritos en el censo del impuesto sobre estancias turísticas.

Según informa en un comunicado, del total de expedientes abiertos, 570 establecimientos ya se han dado de alta voluntariamente en el censo, mientras que en aquellos casos en los que no se acredite la no comercialización de la actividad, la Administración procederá a su alta de oficio, con el fin de garantizar la equidad fiscal entre todos los operadores.

Así, explican que una vez formalizado el alta, se activa un proceso de verificación de la fecha de inicio de la actividad declarada por los titulares, que se contrasta con la que consta en los registros de los consells. Si existen divergencias, la fecha se ajusta a la registrada oficialmente en la institución insular, se comunica la modificación al interesado y, posteriormente, se practican las liquidaciones del impuesto con efectos retroactivos.

Esta actuación persigue asegurar que la información disponible sea precisa, homogénea y coordinada entre administraciones, al tiempo que garantiza una correcta aplicación de la normativa tributaria vigente, apuntan desde el Govern.

Colaboración institucional

El pasado 18 de septiembre de 2023, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ya había anunciado tras una reunión con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ambas instituciones trabajarían en el cruce de datos para reforzar el control del alquiler turístico.

El Govern recuerda además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 27 de abril de 2022 que las empresas intermediarias están obligadas a facilitar a Hacienda la información tributaria relativa a los arrendamientos turísticos, con el fin de reforzar la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

«Este es un paso al frente para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos turísticos. Nuestro objetivo es asegurar que todo el mundo cumpla con las mismas obligaciones y que los recursos recaudados se destinen al bienestar de todos los ciudadanos de las Islas Baleares», afirmó el vicepresidente Costa.

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