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Sant Antoni aumenta el control sobre el alquiler turístico ilegal

El Ayuntamiento pone en marcha la unidad de agentes contra el intrusismo, que ya ha inspeccionado 24 viviendas

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Sant Antoni

No ha podido entrar en funcionamiento a principio de verano y solo cuenta con una tercera parte de la plantilla planificada, pero Sant Antoni ya dispone de sus agentes de intrusismo y convivencia, la primera unidad de estas características en Balears. Sus primeros pasos se están centrando en combatir los alquileres ilegales y, en sus primeros días, han llevado a cabo 24 inspecciones que han servido, de momento, para levantar acta contra cuatro viviendas, según ha detallado este martes el alcalde, Marcos Serra.

Serra y la concejala de Gobernación, Neus Mateu, han presentado este nuevo cuerpo, que empezó a operar el pasado 14 de agosto. No obstante, en las semanas iniciales se han dedicado a la formación y al aprendizaje de las ordenanzas municipales que deben hacer cumplir.

Una vez finalizada esta fase de preparación, ahora tienen el cometido de combatir tanto la oferta irregular de alquileres como los servicios de transporte de taxistas pirata. Además, en sus funciones de patrulla por las calles deben vigilar que se cumplan las regulaciones a favor del civismo y del turismo responsable, como evitar que se consuma alcohol o ir descamisado por la vía pública, entre otros.

Inversión

De hecho, este nuevo cuerpo se financia a través de la subvención de 3,4 millones de euros que concede el Govern balear a Sant Antoni como uno de los municipios afectados por el Decreto de turismo responsable (junto a Calvià, Palma y Llucmajor), además de recibir otra inyección económica del Consell de Ibiza para la lucha contra el intrusismo. Con estos recursos extraortdinarios, el Ayuntamiento tiene garantizada la inversión para mantener esta nueva unidad durante los próximos tres años.

En sus primeros días operativos, los agentes han iniciado la investigación de medio centenar de denuncias por viviendas destinadas a usos turísticos de forma fraudulenta. Todas ellas presentadas por vecinos del municipio a través de la Línea Verde, que cuenta con un apartado específico de denuncias anónimas por "si alguien sospecha que su vecino se dedica al alquiler ilegal y le da reparo [dar la cara]".

En total, ya se han inspeccionado 24 casas y cuatro de ellas han acabado con un expediente sancionador abierto. Antes de que acabe la temporada, el alcalde asegura que serán muchos más los pisos descubiertos, ya que solo a través de la Línea Verde de Sant Antoni se han recibido avisos de un centenar de alquileres ilegales.

Pese a congratularse por la puesta en marcha de este servicio, tanto Serra como Mateu lamentan que, en su etapa inicial, se haya desplegado por debajo de las previsiones.

Las trabas

Por una parte, Sant Antoni confiaba en sacar a la calle a sus agentes de intrusismo y convivencia a comienzos del verano. No obstante, ha tenido que retrasar su creación hasta mediados de agosto porque "la subvención [del Decreto de turismo responsable] ha llegado tarde".

Esta demora, de rebote, ha generado otro perjuicio: no se han cubierto las doce plazas previstas, sino que solo se ha podido contratar a cuatro efectivos. De hecho, a principios de junio, cuando el Ayuntamiento presentó el Plan de seguridad para el verano, destacó que ya había seleccionado a la docena de futuros agentes, pero la tardanza en la subvención ocasionó que buena parte de ellos buscaran otra alternativa laboral para el verano.

"Como no hemos podido empezar a llamarlos hasta que ya había empezado la temporada, sin tener una fecha de inicio exacta, muchos de ellos ya habían empezado la temporada en otro trabajo", explica Mateu. Así y todo, como ya se había llevado a cabo esa preselección, confía en que se irán incorporando a lo largo del año.

"Al final ha sido una realidad ya durante el mes de agosto y llegaremos al próximo verano con la plantilla completa", apostilla el alcalde. El Ayuntamiento también pone el acento en que los aspirantes a cubrir una de estas plazas deben contar con el certificado B2 de catalán, mientras que el nivel de inglés basta que lo demuestren a través de un examen sin necesidad de acreditación oficial. "En Ibiza mucha gente sabe hablarlo correctamente, pero no tiene la titulación", subrayan.

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