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Pleno de Sant Antoni

La izquierda denuncia que el nuevo urbanismo de Sant Antoni es insostenible y Vox revela un pelotazo

La concejala Esther Fernández dice que se vendieron dos terrenos para un equipamiento y se retuvo parte del coste hasta su reclasificación, pero el alcalde afirma que ya se previó en el mandato 2011-2015

El equipo de gobierno, del PP, levanta el brazo para aprobar el avance del PGOU en el pleno de este jueves.

El equipo de gobierno, del PP, levanta el brazo para aprobar el avance del PGOU en el pleno de este jueves. / D. I.

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Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

Sant Antoni

El equipo de gobierno de Sant Antoni, del PP, se quedó sólo este jueves en el pleno pero hizo valer su aplastante mayoría para aprobar el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Todos los grupos de la oposición, que votaron en contra, criticaron su falta de participación en la elaboración de la planificación urbanística del futuro del municipio. PSOE y Unidas Podemos advirtieron también de que el desarrollo previsto resulta «insostenible» mientras que la concejala de Vox, Esther Fernández, denunció un pelotazo urbanístico.

En concreto, la edil de la ultraderecha reveló que hace tres meses mostró, en una reunión privada, al asesor de Urbanismo, el exconcejal José Torres, dos notas simples del Registro de la Propiedad de la venta de dos terrenos (a finales de 2023 y en 2024) en los que se preveía la construcción de un equipamiento y en las que se especificaba que el comprador retenía el 70% del coste a la espera de su reclasificación en urbano o pasados cuatro años, lo cual, según dijo, se refleja en el avance del PGOU. Dichos terrenos se ubican en la zona de sa Serra.

El alcalde, Marcos Serra, que fue el que tomó la palabra para responder a las críticas de la oposición, recriminó inicialmente a la concejala de Vox que hiciera «acusaciones veladas» sin especificar más. Posteriormente, al saber exactamente a lo que Fernández se refería, Serra dijo que debería haber pasado las notas simples a él u otro «político», al tiempo que afirmó que desconocía que se hubiera reclasificado en el avance del PGOU ningún terreno previsto para equipamiento. Es más, el alcalde indicó que, en las Normas Subsidiarias (entre 2011 y 2015, pero que sólo se aprobaron inicialmente) se hizo esta modificación. «No entiendo estas afirmaciones, sólo ve fantasmas», le echó en cara.

Previamente, la concejala de Vox advirtió al alcalde lo siguiente: «Antes de decir que miento, mire que esas mentiras que le puedo demostrar [que no son tal] proceden de debajo de la mesa del PP». Fernández también cuestionó que no se haya cuantificado el coste económico de ejecución del PGOU, crítica en la que coincidió la concejala de Unidas Podemos, Angie Roselló, ni que tampoco se especifique de qué manera (expropiación o compensación) se van a obtener los terrenos de uso público.

Pelotazos que quedan en nada

El portavoz del grupo socialista, Antonio Lorenzo, también anunció en su primera intervención que también iba a hablar también de «los pelotazos» incluidos en la nueva normativa urbanística, aunque luego no hizo referencia alguna a ello. En cambio, sí que dijo que el avance del PGOU perjudica a determinadas personas. En concreto, se refirió a la reclasificación de una gran zona de Sant Rafel, pero que, incomprensiblemente, se interrumpe con un entrante que se mantiene rústico (ver imagen adjunta). «¿Qué ha pasado? No tiene ningún sentido ¿Quién vive ahí que no queréis hacerle urbano?», preguntó entre risas Lorenzo, mientras una persona del público gritaba: «¡Marge!» (el nuevo secretario general del PSOE de Sant Antoni, presente también entre el público).

En el plano se aprecia cómo la nueva zona urbana (de color rosa) se ve interrupioda por una parcela, que sigue como rústico (color blanco), y pertenece al tío de Pep Marí, 'Marge'.

En el plano se aprecia cómo la nueva zona urbana (de color rosa) se ve interrupioda por una parcela, que sigue como rústico (color blanco), y pertenece al tío de Pep Marí, 'Marge'. / D. I.

En concreto, en este terreno, donde hay dos casas, pertenece a un tío de Pep Marí, Marge. En su réplica, el alcalde explicó que a la hora de delimitar las nuevas zonas urbanas «se esquivan» las partes donde haya viviendas. «Intentamos reclasificar donde no se haya construido, mayoritariamente», dijo Serra, quien acto seguido explicó, sorprendentemente, que «no todo el mundo quiere» que se reclasifiquen sus terrenos.

«Obligatoriamente tienen que tumbar su casa y construir edificios, y a lo mejor no quieren», trató de justificar el alcalde, al tiempo que señaló la existencia de un inusual caso de este tipo en Sant Rafel. De todos modos, el alcalde dijo que se podía «estudiar» la situación en la que queda el terreno de la familia del exconcejal y nuevo secretario de organización del PSOE de Sant Antoni.

Un equipamiento en un torrente

El grupo socialista criticó que el avance del PGOU contiene «errores» y puso como ejemplo el hecho de que se proyecte un equipamiento público sobre un torrente en la zona de Cala Gració. «Me preocupa», advirtió el portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo. También lamentó que la planificación urbanística «se cargue la falda de sa Talaia» y toda la zona natural frente al hotel Stella Maris, además para construir viviendas unifamiliares y no protegidas, agregó.

El portavoz del PSOE advirtió de que el PGOU «no resolverá la congestión» que sufre el municipio. Es más, según su criterio «empeorará la movilidad». En este sentido, Lorenzo echó en cara al alcalde que destaque que con el nuevo PGOU se reduce a casi la mitad el techo de población, al pasar de un máximo de 97.000 habitantes y plazas turísticas (en el planeamiento en vigor) a 57.0000, cuando la población real en verano se sitúa en 44.500. «Vamos a crecer y no van a solucionar ningún problema», insistió.

En este sentido, el socialista criticó que no se tenga en cuenta la falta de agua a la hora de prever este desarrollo. «Este crecimiento es bastante inviable. Falta agua, pero el PP hará una o dos desaladoras más, lo que haga falta», dijo, al tiempo que señaló que la legalización de 17 núcleos rurales, aunque alguno esté «justificado», es excesivo, y evidencia la política del PP de: «Ves fent que ya te lo arreglaremos».

Sobre la proyección de un millar de viviendas asequibles, Lorenzo recordó al alcalde que la ley ya obliga a «un mínimo de un 30%» en urbano. «Querría verlo, si no se lo exigieran», indicó.

El alcalde lamentó «la desinformación» que subyace en las críticas de la oposición y negó que vaya a empeorar la movilidad: «Si lo que se hace es abrir nuevas calles y ampliarlas. No se quita ninguna». También reconoció la existencia de errores que se van a corregir.

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