De la transparencia a la opacidad en un solo clic

«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política». Esta es la primera frase del Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la norma de carácter nacional que decreta obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas con tres objetivos: incrementar la transparencia en la actividad pública; reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Una de las herramientas que hacen posible ese deseable flujo de información entre las corporaciones y el ciudadano son los Portales de Transparencia, como los que aparecen en las páginas web del Govern balear, de los consells insulares y de los diferentes ayuntamientos de la Comunitat Autònoma y que no son una opción sino una obligación con posibles consecuencias jurídicas si se prueban incumplimientos.

Dicho esto, un vistazo rápido a la web del Consell de Formentera hace pensar que alguien no se está tomando en serio la Ley de transparencia. Para empezar, la máxima institución de la pitiusa del sur mantiene activas desde hace muchos meses dos páginas que se retroalimentan para confluir en los mismos errores y anacronismos.

Por ejemplo, en la página original, www.consellinsulardeformentera.cat, en el apartado ‘equipo de gobierno’ no hay ni rastro de la consellera de Igualdad y Sector primario, Belén Palerm, un error que se corrige a medias en la nueva versión, www.consellformentera.com, donde sí aparece su fotografía, nombre y cargo, pero que, al clicar para ampliar la información, remite a la página de la consellera de Cultura, Eva María Nieto alojada en la web a extinguir.

Como anécdota, pero también como muestra de dejadez, en el apartado ‘grupos políticos’ hay una fotografía de cuando Llorenç Córdoba era el presidente del Consell de Formentera y en la cual aparece acompañado por José Manuel Alcaraz, Raquel Guasch y Javier Tur, figuras que ya no forman parte de la institución insular desde hace tiempo.

Estas ambigüedades no hacen más que dificultar el garantizado derecho de la ciudadanía a conocer los asuntos públicos y su gestión, contraviniendo directamente la Ley de transparencia, que indica literalmente que «la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados».

Portal de Transparencia

Las dos páginas del Consell de Formentera incluyen un apartado denominado Portal de Transparencia que confluyen en una misma versión con el título ‘gobierno abierto y transparencia’, donde debería aparecer tanto la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa (información institucional; organizativa; de relevancia jurídica y de planificación; presupuestaria y estadística, contratos y licitaciones; actas y resoluciones...) como aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

En el caso que nos ocupa, un gran número de las pestañas de las diferentes secciones de esta plataforma digital remiten a un mensaje avisando de que el contenido en cuestión está «en redacción». Y la información que sí aparece acumula un gran retraso en su actualización. Por ejemplo, hace menos de una semana se publicaron las actas de las Juntas de Gobierno de junio de 2025 y la última de una sesión plenaria es de la celebrada el 29 de mayo. El trabajo que supone transcribir estos textos que dan cuenta de lo tratado en plenos y reuniones es inmenso y el personal destinado a esta labor es limitado, pero eso no debería ser excusa para contravenir la normativa.

Contratos y convenios

Respecto a contratación, convenios y subvenciones, el Portal de Transparencia no ofrece una información específica sobre los contratos formalizados por la institución, sino que remite a la Plataforma de Contratación del Sector Público estatal, una página compleja donde no es fácil ni intuitivo localizar las licitaciones promovidas por el Consell, estén en curso o ya finalizadas.

En cuanto a los contratos menores, aquellos con un valor inferior a 40.000 euros para obras y 15.000 euros para servicios y suministros, deberían hacerse públicos al finalizar cada trimestre, pero los últimos datos accesibles en una de las webs son los del tercer trimestre de 2023 y en la otra, los del cuarto trimestre de 2024. Este tipo de contratos permiten un procedimiento de adjudicación simplificado, por lo cual deberían estar sujetos a un elevado nivel de supervisión, transparencia y control que garantice la libre concurrencia.

En lo que respecta a los convenios, los últimos publicados son del segundo trimestre de 2024 y las subvenciones más recientes son de octubre de 2023.

«Organigrama actualizado»

La norma estatal también obliga a incluir «un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional», cosa que Formentera tampoco respeta, ya que no existe información personalizada de los miembros del equipo de gobierno: ni currículum, ni declaración de bienes, ni relación de gastos de representación. Tan solo se puede acceder a una tabla de retribuciones aparentemente de la época de Córdoba en la presidencia, ya que incluye el sueldo de un director insular de Litoral.

Tampoco hay una agenda institucional para conocer la actividad del presidente y del resto de consellers, como sí existe, por ejemplo, en el Consell de Ibiza.

El principio de transparencia también aparece recogido en el Código de ética y buen gobierno del propio Consell de Formentera, al que están sujetos todos los consellers y que les obliga, entre otras cosas, a «garantizar que, como mínimo, se publique la información incluida en las obligaciones de publicidad activa establecidas en la normativa de transparencia en la web institucional o en la sección habilitada al efecto».

Fuera del Portal de Transparencia, esta temporada no se están publicando las propuestas de sanción del programa Formentera.eco, como sí se venía haciendo otros años.

Lo que debería ser una puerta abierta hacia los datos de la administración pública que favorezca la participación ciudadana, se asemeja más a un muro de desinformación.

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