Sólo dos ayuntamientos de Ibiza aprueban en transparencia

Solo dos de las webs corporativas de los cinco ayuntamientos de la isla de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni, aprueban los criterios de la Ley de Transparencia. Si hablamos de consells insulares, el de Ibiza obtiene un aprobado raspado (5,1 puntos sobre diez) mientras que el de Formentera suspende estrepitosamente con una puntuación de 1,2.

Son los resultados de un estudio realizado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y que forma parte del proyecto Infoparticipa. En este trabajo se analiza al detalle toda la información que aparece en las páginas webs corporativas de las administraciones públicas locales como los ayuntamientos y los consells. Según explica la UAB, los investigadores han valorado que la información que pueda consultar la ciudadanía en estos portales sea «completa, inteligible, fácilmente localizable y actual» y que incluya también «información actualizada referida de la gestión y que esté correctamente situada y fácilmente localizable».

Un estudio detallado

Este análisis al detalle se puede consultar en: https://infoparticipa.info/maps. Aquí se encuentran las 52 pautas que establece la Ley de Transparencia 19/2013 y que obliga a las administraciones central, autonómicas y locales a publicar en sus páginas web la información de interés para el ciudadano y en qué medida lo cumple cada ayuntamiento o consell de Balears.

Estos 52 criterios incluyen un abanico amplio; desde información muy básica, como el nombre del alcalde o la alcaldesa y su foto; a otros más específicos, como, por ejemplo, si se publican los acuerdos completos de la Junta de Gobierno o las actas del pleno municipal.

En el caso de Santa Eulària, el nivel es modélico, ya que cumple 51 de los 52 criterios. La única pauta que no satisface es la publicación de los decretos y/o las resoluciones de alcaldía, pero en todo el resto, la web de este municipio obtiene el check verde. Una excelencia que ha hecho merecedor a Santa Eulària del Sello Infoparticipa que otorga la UAB y que en Balears solo ha logrado también el municipio de Inca.

El otro Ayuntamiento ibicenco que aprueba es el de Sant Antoni, con una puntuación de 6,5 y un cumplimiento de 34 de los 52 criterios de transparencia.

El caso de Sant Joan

Suspenden Vila, con una puntuación de 4,6; Sant Josep, 1,7 y Sant Joan, que es el farolillo rojo con una calamitosa puntuación de 0,8. De los 52 criterios de transparencia, la web de este Ayuntamiento solo cumple cuatro. Una simple ojeada a www.santjoandelabritja.com basta para comprobar que el portal municipal no incluye información como la declaración de bienes de los cargos electos; sus salarios; la agenda de la alcaldesa, Tania Marí, y la de su equipo de gobierno o la composición de las juntas de gobierno. De hecho, no hay siquiera una foto de Marí ni de los concejales, tampoco un currículum ni una información básica de ninguno de ellos.

Si se quieren consultar los plenos municipales, la experiencia también es muy deprimente: el enlace que hay en la pestaña de ‘Plenos’ conduce a una página con una interfaz que remite a la página de YouTube y donde solo se han archivado dos plenos (uno del año 2020 y otro de 2021) que, por añadidura, tampoco se pueden consultar porque los vídeos no están disponibles.

En el conjunto de Balears, solo ocho de los 67 municipios aprueba en transparencia en 2025. El 88% de los ayuntamientos incumple la Ley y el 24% saca nota inferior a un punto sobre diez.

Escaso compromiso

Los consistorios baleares con aprobado en 2025 son Santa Eulària (que obtiene la mejor puntuación), Inca, Calvià, Ciutadella, Maó, Sant Lluís, Es Castell y Santa Antoni. En 2021 obtuvieron la misma nota positiva once ayuntamientos. Unos datos muy pobres que, según los impulsores de este estudio, arroja una triste conclusión: «Pasan los años y no se mejoran las calificaciones, con lo que se comprueba que tampoco existe un compromiso en mejorar en transparencia».

La UAB recuerda que, aunque es poco probable que se expongan a multas, «los municipios que incumplen la ley [de Transparencia] son claramente susceptibles de recibir sanción económica o de suspensión de cargo público» ya que el artículo 3o fija castigos para las infracciones, considerando grave el «incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa».

El modelo de análisis ha sido diseñado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP, UAB) y la responsable del proyecto es la doctora Marta Corcoy.

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