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Un restaurante de playa de Ibiza denuncia "discriminación" por parte del Ayuntamiento de Sant Josep

La propiedad de Zazú Ibiza, situado en Platja d'en Bossa, asegura que se están vulnerando sus derechos constitucionales

El cierre de la terraza de Zazú Ibiza

El cierre de la terraza de Zazú Ibiza / Zazú Ibiza

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Ibiza

La propiedad del restaurante Zazú Ibiza, situado en primera línea de Platja d'en Bossa, denuncia sufrir una "discriminación" por parte del Ayuntamiento de Sant Josep. En una nota de prensa, los responsables del establecimiento explican que todos los negocios de las playas del municipio cuentan con terrazas ubicadas en la misma franja de 20 metros desde la línea del dominio marítimo terrestre, pero que el Consistorio solo les exige a ellos que retiren el mobiliario.

Por ello, los gestores de este negocio de restauración señalan que han interpuesto un "recurso especial de protección de derechos fundamentales" ante los juzgados de lo contencioso administrativo por supuesta vulneración de sus derechos constitucionales.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sant Josep, preguntados por este asunto, indicaron que el expediente "está en trámite, como otros de otros establecimientos que no cumplen con la normativa vigente".

En su recurso, señalan que se vulnera su derecho a la igualdad ante la Ley (artículo 14), ya que denuncian recibir un tratamiento injusto en comparación con otros grupos hoteleros a pesar de compartir las mismas condiciones espaciales.

También su derecho al honor y a la propia imagen (artículo 18) porque "el precinto parcial de su terraza, mientras otros permanecen operativos, causa un daño evidente a su reputación, clientela e imagen".

Asimismo, ven vulnerada su tutela judicial efectiva y su derecho a no sufrir indefensión (artículo 24) porque solicitaron "medidas cautelares para suspender la orden de cierre total dictada por el Ayuntamiento el 12 de mayo". Dicha medida, "está recurrida ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Palma de Mallorca y las medidas cautelares aún están pendientes ante la Audiencia Provincial".

Sin riesgos para la salud, medioambiente o seguridad

La gerencia de local recuerda que el Ayuntamiento "dictó un nuevo decreto, el número 2025-3430, que revierte parcialmente la orden anterior y solo dictamina el cierre de la terraza. Con lo que admite implícitamente que Zazú cuenta con licencia para mantener el resto de su actividad, razona". No obstante, esta actuación administrativa, advierten, "vulneraría el principio de prudente suspensión, que impide la ejecución del acto administrativo mientras se resuelve la medida cautelar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 66/1984 y sucesivas)".

Además, el comunicado indica que en ninguno de los decretos emitidos por el Ayuntamiento "se sustenta la medida en la existencia de algún riesgo para la salud, el medioambiente o la seguridad". Por eso, señala que contravienen lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares, que únicamente autoriza el cierre total o parcial inmediato cuando se acredite riesgo real e inminente.

Cierre de la terraza

Por otra parte, Zazú Ibiza detalla que la Policía Local "entró en el establecimiento el lunes para efectuar diligencias relacionadas con la orden de precinto y hoy [por el martes día 12 de agosto] clausuraron la terraza". A su entender, esta medida constituye una "doble agresión porque merma la facturación del negocio y daña gravemente su reputación e imagen pública, pues abre la puerta a todo tipo de especulaciones".

Zazú Ibiza reafirma en su nota "su pleno sometimiento a la ley y su voluntad de resolver este conflicto por la vía judicial". Y exige "el restablecimiento de su terraza hasta que exista una resolución firme que autorice la actuación y demanda que se investigue el trato desigual por parte del Ayuntamiento".

Asimismo, hace "un llamamiento al respeto de los principios constitucionales y al ejercicio imparcial de los derechos fundamentales de igualdad, reputación y acceso efectivo a la tutela judicial". Por último, subrayan que el cierre de su terraza, "supone una pérdida inminente de puestos de trabajo y un desaprovechamiento del esfuerzo económico ya invertido en habilitar dicha zona, lo que agrava claramente el perjuicio causado".

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