El Gobierno prevé que las viviendas para policías y guardias civiles en Ibiza estén listas en cuatro años

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha asegurado que las viviendas destinadas a policías nacionales y guardias civiles en Ibiza y Santa Eulària se consideran infraestructuras “urgentes” y podrían estar finalizadas “como muy tarde” en un plazo de cuatro años. Estas promociones buscan paliar las dificultades que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado afrontan para acceder a un alojamiento asequible en las islas.

Rodríguez ha rechazado que falten efectivos en Baleares, tal y como denuncian sindicatos y asociaciones profesionales, y ha defendido que las plantillas están creciendo “año a año”. Como ejemplo, ha citado la incorporación de 79 nuevos agentes de la Policía Nacional —un aumento del 4%— y el refuerzo previsto para la Guardia Civil a finales de septiembre. “Cuando se perdieron agentes fue en la época de Rajoy. Con Pedro Sánchez ya hemos recuperado más de 15.000 en toda España”, ha reivindicado.

En cuanto a la crisis de vivienda, ha llamado al consenso entre administraciones y ha criticado que el Govern no aplique la ley estatal para limitar el precio de los alquileres. “Si hay algo que debería conquistar el acuerdo de todos es arreglar este problema, y eso implica garantizar vivienda a quien la necesita, no generar ocasiones de negocio a los promotores”, ha señalado.

Congestión de los aeropuertos

En la misma entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez ha descartado que el Gobierno estudie la cogestión de los aeropuertos de Baleares, defendiendo que la masificación turística no puede achacarse únicamente a las infraestructuras de Aena. También ha confirmado que las negociaciones para incrementar el plus de insularidad a los funcionarios del Estado “apuntan en un sentido positivo”, aunque no hay todavía un acuerdo cerrado. "Me da la sensación de que esa mirada hacia Aena y estas peticiones vienen un poco a decir que la culpa de la masificación turística no es suya, sino del Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

Fue precisamente Sánchez quien, tras su reunión con Prohens en su reciente visita a Palma, dejó entrever que la posibilidad de compartir la gestión aeroportuaria era remota, pese a que es un asunto que ha generado cierto consenso a derecha e izquierda en el archipiélago.

"Lo que le he dicho a la presidenta no ha sido cogestión", contestó Sánchez cuando una periodista mencionó la palabra en una de sus preguntas. Una respuesta algo ambigua que Rodríguez ha aclarado: "Lo que dijo el presidente del Gobierno es que eso no estaba sobre la mesa".

El delegado del Gobierno, además, ha deslizado su sospecha de que la cogestión reclamada por Baleares busca, de alguna manera, señalar a los aeropuertos como los causantes de la masificación turística y como una herramienta de control de los flujos.

"Prohens, con este tema de la masificación, ha socializado los problemas pero no ha liderado ni una sola solución", ha recriminado Rodríguez. Lejos de perseverar en esa estrategia, ha propuesto, la presidenta autonómica debería evitar que la oferta turística siga creciendo.

Algo, a su parecer, que no está sucediendo con un Pacto por la Sostenibilidad que "parece de cartón piedra"; un decreto de contención turística que "deja que 90.000 plazas de alquiler vacacional puedan venderse en vez de ir decayendo"; y una ley de obtención de suelo que "acaba con la vivienda de protección oficial" y generará "pingües beneficios a los promotores".

El presidente del Gobierno sí que se abrió a reforzar los comités de coordinación autonómicos con Baleares como una manera de impulsar su participación en la toma de decisiones sobre la gestión aeroportuaria.

Rodríguez ha defendido que este foro sirve precisamente para "poner propuestas sobre la mesa y discutirlas con números objetivos", como podría ser el planteamiento del Govern de limitar el número de 'slots', los permisos que reciben las aerolíneas para operar.

Preguntado al respecto, ha llamado a analizar las consecuencias que podría tener una medida que cree podría afectar también a los residentes. "Si yo reduzco de manera abrupta la capacidad de asientos a lo mejor encarezco los precios y resulta que dificulto el viaje al propio residente. Quiero decir que hay que estudiarlo bien y que justamente esas mesas de coordinación tienen que ser para eso", ha dicho.

El delegado del Gobierno, en cualquier caso, ha puesto en foco en la necesidad de no permitir que siga creciendo la demanda. "Estamos en un momento en que lo que hay que hacer es controlarla, porque tenemos una capacidad de carga limitada en un territorio que no debemos desbordar. Pero no quiero caer en lo que para mi es un poquito de trampa, que es decir que la culpa de la masificación turística es la puerta de entrada", ha zanjado.