Una sentencia obliga a indemnizar a una camarera de una discoteca de Ibiza despedida por una propina de 200 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha declarado improcedente el despido de una camarera de una discoteca de Ibiza tras una disputa laboral que se ha prolongado durante más de cinco años. La trabajadora fue cesada el 2 de julio de 2019 tras haber modificado un tique para añadir una propina de 200 euros, un gesto que, según defendió ante los tribunales, hizo por indicación directa del maître del establecimiento.

El caso detalla que la dirección de la discoteca, Pachá, consideró que la alteración de la factura constituía una "falta muy grave" por una supuesta ocultación de ingresos. Sin embargo, el TSJIB desmonta este argumento al entender que ni el cliente ni la empresa sufrieron perjuicio económico alguno. Además, la sentencia recoge que no existía ningún tipo de normativa interna clara sobre la gestión de las propinas.

La trabajadora contaba con 15 años de antigüedad y no tenía antecedentes disciplinarios. El tribunal ha considerado clave la ausencia de "mala fe" y el hecho de que la camarera siguiera instrucciones directas de un superior. Por todo ello, los magistrados han determinado que la medida aplicada fue desproporcionada y que la empresa deberá abonarle la indemnización correspondiente por despido improcedente, conforme al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

"El despido fue precipitado y sin considerar adecuadamente las circunstancias de la situación", subraya el fallo, según ha informado La Razón. Desde un sindicato local apuntan que este caso "visibiliza un problema habitual en la isla, donde la opacidad sobre las propinas genera conflictos laborales innecesarios".

El conflicto también ha abierto un debate en la industria nocturna de Ibiza, donde las propinas, especialmente de clientes VIP, pueden alcanzar cifras muy elevadas durante la temporada alta. Según datos recogidos por la Cadena SER, en determinadas discotecas las propinas anuales pueden superar los 70.000 euros durante el verano, aunque su reparto y gestión dependen de la política interna de cada empresa.

Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de establecer protocolos claros y transparentes sobre el tratamiento de las propinas en los grandes establecimientos de ocio de la isla.