La propiedad exige al Ayuntamiento de Ibiza que precinte el albergue ilegal instalado en un supermercado

La propiedad del supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza se ha hartado de la situación y ha exigido al Ayuntamiento que precinte el local, tal y como resolvió un expediente administrativo elaborado por el propio Consistorio en octubre de 2023. El altercado del pasado sábado ha terminado por agotar la paciencia de los dueños de este local situado en el número 59 de la calle Aragón.

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando el local se alquiló a una persona «únicamente para su uso y destino como supermercado», tal y como recuerda la propiedad en la solicitud oficial que el lunes le mandó al Consistorio.

Sin embargo, el arrendatario hizo caso omiso del contrato firmado por las partes y «sin ningún tipo de autorización y con la objeción total», de la propiedad y de los vecinos del edificio, decidió «realizar obras en el local y modificar la estructura del edificio».

Su intención, que llevó a cabo, era «hospedar a personas hacinadas en condiciones infrahumanas», un iniciativa completamente ilegal que, «tal y como se vio acreditado en la pasada noche del sábado, que pone en riesgo no solo a los ocupantes del local, sino al edificio entero y vecinos del inmueble».

Más de 600 días esperando

Desde luego, esta solicitud no puede pillar de sorpresa a los trabajadores del Ayuntamiento, que son perfectamente conocedores de lo que estaba ocurriendo en el supuesto supermercado desde hace casi dos años.

Un decreto de alcaldía dictó orden de suspensión inmediata del uso del local como vivienda el 26 de septiembre de 2023. Un mes después, el 19 de octubre de 2023, en vista de que seguía utilizándose como vivienda, se ordenó el precinto del local, después de que la inspección realizada por el Consistorio confirmara que el local se había convertido en un albergue ilegal.

En el expediente elaborado en aquel momento por el Consistorio ya se advertía de que «la distribución e instalaciones incumplen las condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad establecidas por la normativa y legislación de aplicación y suponen un riesgo para las personas y el inmueble en el que habitan, teniendo la consideración de infraviviendas».

En dicho documento oficial también se hacía un descripción muy precisa del interior de albergue que no dejaba ni un resquicio de duda respecto a su meridiana ilegalidad.

Así, se hablaba de un total de diez «unidades independientes», concretamente de «habitáculos con uso de morada humana donde se realizan las funciones de todo uso (dormitorio, comedor-salón y cocina)» que, además, «no cuentan con las mínimas dimensiones, equipamiento, ventilación e iluminación necesarias para dicho uso». También había baños comunitarios.

En el capítulo de la seguridad, el expediente avisaba de la existencia de una «instalación eléctrica sobrecargada mediante regletas y cables sin ningún tipo de protección desde los que se toma corriente a numerosos electrodomésticos». Por ello, existía el claro peligro de «cortocircuitos u otros accidentes eléctricos».

«Suelos encharcados»

Por último, los inspectores municipales, que identificaron durante su visita a un total de seis ocupantes que subarrendaban «las unidades divididas al inquilino del local», también destacaron el ambiente insalubre que reinaba en su interior, donde a la «falta de ventilación y carencia de limpieza» se sumaban los «suelos encharcados por una red de saneamiento saturada».

Por todo ello, Ibiza decretó en primer lugar la suspensión del uso de la vivienda. Al comprobar que el arrendador incumplía esta medida, y que seguía existiendo «un riesgo continuado sobre las personas y el inmueble en el que habitan», tres semanas más tarde ordenó el precinto del local. 621 días después de que el Ayuntamiento tomara esa medida, el supermercado no se ha precintado y continúa funcionando como albergue ilegal.

El Ayuntamiento impuso además una multa de 600 euros al inquilino que estaba subarrendando las infraviviendas por incumplir la orden de suspensión inmediata del uso de vivienda, que había emitido mediante un decreto de alcaldía en septiembre de 2023. También le informó de que si persistía en incumplir la orden de dejar de usar el local como vivienda, le pondrían multas periódicas: las tres primeras en el plazo de un mes, y el resto, hasta doce, cada 15 días.

Vía judicial

Además de esta denuncia, que no ha dado los frutos esperados, la propiedad del supermercado también siguió la vía judicial alegando cambio de uso del local sin autorización de ningún tipo. El caso se está tramitando en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que todavía no ha comunicado noticias al respecto. «No contamos con más mecanismos legales que puedan evitar el riesgo que supone el mantenimiento de la situación ilegal del inmueble», lamentan los dueños.

Mientras tanto, la Policía Nacional detuvo el lunes a un hombre de origen rumano como presunto autor de los delitos de hurto, allanamiento de morada, daños y resistencia y desobediencia a la autoridad por el asalto al supermercado el pasado sábado.

Cuando llegaron a la calle Aragón, los agentes observaron cómo el hombre estaba sacando y lanzando multitud de objetos a la vía pública violentamente, por lo que pidieron que se detuviera. Su contestación fue la siguiente: «Quiero destrozarlo todo, tendréis que matarme porque no pienso tirarme al suelo».

Los residentes del albergue ilegal que se encontraban en el alojamiento en este momento manifestaron que el detenido había irrumpido sin permiso, de manera muy violenta y gritando frases despectivas momentos antes de comenzar a causar destrozos y lanzar enseres a la calle. También sufrió daños un coche que estaba aparcado en la calle y que recibió el impacto de todos esos objetos, rotura de luna trasera incluida.

Además, el delito de hurto se le imputó posteriormente al acusado, ya que los agentes recibieron a las 21.15 horas la llamada de la propietaria de un teléfono de alta gama que acababa de darse cuenta de que se lo habían robado del mostrador de su local. Los agentes corroboraron que el autor del robo fue el detenido por el ataque al albergue ilegal y devolvieron el móvil a su legítima propietaria.n

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