Chabolas en Ibiza: Can Rova 2 será una bomba de relojería hasta que se pronuncie la justicia

El asentamiento chabolista de Can Rova 2 seguirá siendo una bomba de relojería, en peligro constante de explosión, mientras no se produzca el esperado pronunciamiento judicial del que depende todo.

El incendio del pasado jueves no provocó víctimas, tan solo daños materiales, pero fue un claro recordatorio del caldo de cultivo para una posible desgracia que se sigue cocinando día a día en esta parcela situada al comienzo de la carretera de Sant Antoni, muy cerca de Ibiza , pero perteneciente al término municipal de Santa Eulària.

El día después del fuego, la calma era completa a la entrada del asentamiento. Solo se veía el típico goteo de personas habitual de cualquier portal, personas subidas a sus patinetes o sus bicicletas camino de sus trabajos.

La cerrazón era total y compartida, hasta el punto de que alguno negaba vivir en Can Rova 2 aunque acabara de salir de su interior. En otro de los accesos se abría el candado para que pasara una furgoneta y, de nuevo, nadie quería comentar nada. La suma de calor, polvo y tranquilidad convertían el ambiente en desértico.

Entre tanta quietud, dos cámaras de seguridad grababan la zona exterior, la carretera, algo completamente ilegal, y una mujer, visiblemente nerviosa, salía para pedir que no se tomaran fotografías del recinto.

«Solo pedimos un poco de respeto», reclamaba, antes de atribuir a la prensa una parte de los males de los residentes. «No tengo nada que decir, está todo bien por acá», contestaba otro residente mientras se alejaba del lugar a paso ligero.

Los habitantes de Can Rova 2 tenían claro que era un día para guardar silencio y dejar que volviera a acallarse el ruido generado por el incendio del día anterior, un fuego surgido en la cocina de una autocaravana y que quemó cerca de cien metros cuadrados, tiendas de campaña y chabolas.

Al silencio general se sumó el abogado que representa a decenas de residentes de Can Rova 2 y que logró paralizar el desahucio en abril, David Fechenbach, que no quiso atender a las preguntas de este diario.

Todo en suspenso

Quien sí volvió a reaccionar con contundencia fue la alcaldesa de Santa Eulària, en su caso para reclamar de nuevo «medidas inmediatas y definitivas para resolver este problema».

La impotencia en el Ayuntamiento es máxima, ya que entienden que han hecho todo lo que está en su mano para desalojar el asentamiento, incluso pedir el amparo del Defensor del Pueblo, que aún no les ha contestado, pero al mismo tiempo saben que todo seguirá igual mientras no se pronuncie la justicia.

Fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma el que paralizó el desalojo el 9 de abril y es a su titular, Cristina Pancorbo Colomo, a la que corresponde resolver el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Hasta que la jueza no se pronuncie, la situación de vulnerabilidad en la que se apoyó su primer dictamen impide cualquier actuación en Can Rova 2, ya que priman los derechos de sus residentes, reconocidos en esa providencia, por encima de cualquier otra consideración. Tras el último incendio, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha vuelto a ofrecer ayuda a los residentes a través de sus Servicios Sociales, pero la propuesta ha vuelto a ser declinada.

Hartazgo vecinal: «Llevamos mucho tiempo así, queremos soluciones»

Vecinos que viven en los alrededores del poblado Can Rova 2 criticaron el viernes, un día después del incendio, la falta de actuación por parte de las administraciones. «Llevamos mucho tiempo así, queremos soluciones», comenta una vecina que el jueves a mediodía tuvo que encerrarse en su casa porque no podía aguantar fuera debido al humo y al olor a plástico quemado. «Llevamos avisando hace tiempo», insiste la vecina.

El incendio de este jueves ha aumentado la inquietud y la preocupación de quienes viven cerca del poblado, que temen verse atrapados en sus viviendas si el fuego se extendiera. Eso, recuerda, sin contar con los otros problemas que sufren, como el de la basura. Los contenedores están siempre rebosantes de residuos de los habitantes del poblado, que la tiran a cualquier hora, denuncian.

«Pagamos impuestos y no podemos tirar la basura, tenemos que irnos en coche a buscar otros contenedores que no estén llenos», señalan. Además, temen por los problemas de salubridad de la zona y por la posibilidad de que el poblado siga creciendo y se extienda a otros solares cercanos, sobre todo, por el bosque, «donde el riesgo, en caso de incendio, sería aún mayor».

En cuanto a las instituciones, el presidente del Consell, Vicent Marí, sigue esperando a que la Delegación de Gobierno contesté a la petición, que envió en nombre del Consell d’Alcaldes, de celebrar una reunión para tratar el tema.

En la máxima institución insular no son ajenos al peligro que supone este asentamiento, en el que las infraviviendas incumplen todas las normativas de seguridad y habitabilidad, existe riesgo constante de cortocircuitos e incendios y hay una ausencia total de recursos para apagar un fuego. Así lo alertaba el informe técnico emitido hace meses por Santa Eulària y así se confirmó el jueves, cuando los bomberos tuvieron que intervenir para evitar una posible tragedia.

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